Menos caricaturas y más realismo

Hay una distancia creciente entre el debate político y la realidad cotidiana de las empresas. Mientras desde el Gobierno se suceden decisiones que incrementan obligaciones y costes, en miles de pequeños negocios la conversación es mucho más concreta: cómo cuadrar márgenes, cómo sostener empleo, cómo invertir sin perder competitividad.

En los últimos años se han acumulado nuevas cargas sobre el tejido productivo. Más cotizaciones, más obligaciones formales, más fiscalidad. Sin embargo, no hemos visto avances equivalentes en agilidad administrativa, en seguridad jurídica o en incentivos eficaces a la inversión. El equilibrio es esencial: cuando las exigencias aumentan, pero las condiciones estructurales no mejoran, la tensión termina trasladándose a la empresa.

La última medida ha sido una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Conviene afirmarlo con claridad: el objetivo de mejorar salarios es compartido. Las empresas han demostrado ese compromiso en la negociación colectiva, sector a sector, convenio a convenio. El debate no es el propósito, sino el método y el ritmo.

Desde 2018 el SMI ha crecido en torno a un 66%. A ese incremento se han sumado aumentos de cotizaciones, de bases y otros costes indirectos que han elevado de forma significativa el coste laboral efectivo por trabajador. Todo ello aplicado de manera homogénea, sin distinguir realidades sectoriales ni territoriales, sin atender a la estructura concreta de miles de pymes que operan con márgenes muy ajustados.

Y esa homogeneidad normativa empieza a tener efectos desiguales.

Frente a ciertos discursos que caricaturizan al empresario como un actor privilegiado, los datos muestran una realidad mucho más diversa. Los beneficios no se distribuyen de forma uniforme entre grandes compañías y pequeñas empresas. Tras el rebote posterior a la pandemia, numerosos márgenes siguen por debajo de los niveles previos al Covid. Y conviene recordarlo: sin beneficio no hay inversión; sin inversión no hay innovación; sin innovación no hay empleo sostenible.

En Asturias, esta ecuación es aún más delicada.

Nuestra comunidad es la región que destina un mayor porcentaje de su Valor Añadido Bruto al pago de salarios. Ello refleja el peso de sectores intensivos en empleo y el predominio de pequeñas y medianas empresas. Cada incremento de los costes laborales impacta aquí con mayor intensidad relativa.

A esta circunstancia se añade un factor estructural que raramente se incorpora al análisis nacional: costes energéticos elevados para buena parte de nuestra industria. Y junto a ello, un fenómeno creciente de absentismo laboral que muchas empresas encuentran enormes dificultades para gestionar y cubrir.

El "efecto pinza"

Se configura así un auténtico "efecto pinza": aumento de costes laborales, tensiones energéticas persistentes, absentismo al alza y una creciente maraña burocrática que absorbe tiempo y recursos. Para una gran corporación puede ser una variable más. Para una pyme, puede ser determinante.

Conviene desmontar algunos tópicos. Ser empresario en Asturias y en España no es una posición de comodidad. La inmensa mayoría son pequeños empleadores que compiten en mercados exigentes, con capacidad limitada para trasladar costes a precios y con una responsabilidad directa sobre el empleo de su entorno.

Por eso preocupa la dirección de fondo. España crece en actividad y en empleo, pero no lo hace al mismo ritmo en productividad. Y cuando la productividad no acompaña, la acumulación de costes termina erosionando la competitividad y la capacidad futura de crear empleo estable.

Asturias vive un momento que no debe desaprovechar. Crecemos en PIB, en empleo y en población, aunque por debajo de nuestro potencial. Es el momento de abordar reformas estructurales, apostar decididamente por la innovación, la digitalización y la transformación industrial. Es el momento de preparar a nuestras empresas para competir en un entorno global cada vez más exigente.

Pero para ello necesitamos un marco que confíe en la empresa, que comprenda su realidad cotidiana y que construya políticas desde el análisis riguroso y no desde el relato simplificador.

Diálogo social real

Mejorar salarios y preservar competitividad no son objetivos opuestos. Son dos caras de una misma estrategia de prosperidad. Pero esa estrategia exige diálogo social real, evaluación del impacto acumulado de las decisiones y atención a los problemas que hoy condicionan la gestión empresarial: presión de costes, absentismo, burocracia e insuficientes incentivos a la inversión.

Porque detrás de cada empresa no hay una abstracción económica. Hay riesgo personal, hay empleo, hay arraigo territorial y hay futuro compartido.

Y ese futuro requiere menos caricaturas y más realismo.

Suscríbete para seguir leyendo