Los plazos para tramitar un plan de urbanismo no son de este mundo

El Principado quiere rebajar el tiempo de tramitación de los planes de urbanismo. Aun así, aprobar con rapidez un documento de este tipo va a exigir un mínimo de ocho años. ¿Son viables plazos tan largos para resolver problemas de máxima urgencia como el de la vivienda? ¿Para preservar la legalidad y evitar los pelotazos hay necesariamente que ser tan garantistas?

Cada vez es más caro y difícil adquirir una casa en Asturias. El problema que hoy requiere una respuesta más urgente y transversal es este. El precio de los pisos subió el año pasado un 13,2%, el máximo porcentaje desde la burbuja. Acceder a la compra exige además un esfuerzo superior: acopiar ahorros o ayuda familiar para afrontar la entrada e hipotecas de elevada cuantía, que ya están en los 172.000 euros de media. Si faltan pisos es porque no se construyen. Ni públicos, ni privados. Los políticos de trazo grueso que arremeten contra los promotores tomándolos por avariciosos, que acusan a los caseros de practicar la usura y que jamás impulsaron medidas serias para liberar suelo y agilizar la construcción son los mismos que ahora se rasgan las vestiduras ante la presión de los ciudadanos por la crisis de la vivienda.

Las herramientas de ordenación, la palanca fundamental para generar bolsas edificables y multiplicar la oferta, se administran como un ritual interminable, un expediente que pasa de mesa en mesa, hasta que la realidad lo apolilla y solo produce escasez regulada. Con retrasos de lustros para cualquier hito urbanístico, no existe solución practicable.

Nadie propone buscar atajos y rebajar estándares de calidad ambiental, ni dar rienda suelta al enriquecimiento de los contratistas y la selva del ladrillo. Sí advertir que un instrumento al servicio del control y del interés general, que reclama visión a largo plazo y estabilidad, acaba así convertido en un infernal laberinto. El burocrático "vuelva usted mañana" de siempre levanta un muro entre las instituciones y la ciudadanía imposible de escalar. El derecho a un hogar queda a la intemperie y la política pierde su centro de gravedad.

Avance insuficiente

La nueva ley del Principado contra el urbanismo a cámara lenta supone un avance. Reconocerlo no impide recalcar que insuficiente. Pese a reducir a la mitad los quince o veinte años de papeleo para sistematizar lo urbanizable, el lapso temporal sigue siendo desmesurado. Una eternidad para quien busca un alquiler o desea emanciparse, para la familia que inicia un proyecto vital o para el concejo que precisa atraer inversión. El reloj de la Administración funciona en otro huso horario y convierte la planificación en arqueología.

La forma se come al fondo con la idea tramposa de que cuantas más capas y vueltas, mayor seguridad. Una legislación de por sí enrevesada conduce al paroxismo cuando a ella se superponen normativas colaterales como las afecciones en carreteras, costa, Camino de Santiago o patrimonio monumental. Las garantías importan, pero abusar de ellas más allá de lo razonable también desprotege, como ocurre con esos edificios históricos de los cascos antiguos. Leyes de conservación extremas paralizan hasta la ruina cualquier intervención sobre aquello que pretenden salvaguardar. De esta carrera de relevos inagotable –informes sectoriales, visados cruzados, nuevos condicionantes– pagan las consecuencias los de siempre.

Al ritmo de la época actual, un plan general que siga necesitando de dos legislaturas, con suerte, para recibir todas las bendiciones siempre llegará tarde, porque la demanda de hogares arde en la agenda social. Además, la demografía y las necesidades con las que se diseñó ya cambiaron. En la espera habrán quedado congeladas de paso muchas ilusiones personales y el desarrollo económico de villas y ciudades. Con plazos "de otro mundo" en la gestión no habrá vivienda "de este mundo" para la mayoría.