Lobos con póliza

En Asturias, abatir un lobo dentro de la legalidad ya no se puede considerar caza: es opositar. El monte se encuentra donde siempre, aunque con más maleza por el abandono, y los lobos campan a sus anchas, porque cada vez son más; pero antes de acometer una campaña de control de la especie conviene dominar el BOE, el BOPA y sacarse un máster en Gestión Documental del Aullido. La epopeya no empieza con seguir el rastro del animal, sino con dominar el formulario correcto.

Viene esto a cuento -el cuento del lobo en versión Marcelino- de una información publicada en este periódico que certifica que los cazadores interesados en participar en las batidas con los agentes del Principado deberán cumplir un sinfín de requisitos y normas. Solo falta adjuntar la solicitud con una póliza.

O sea, que el lobo no se abate: se tramita. La administración regional ha convertido el control de la especie en un desfile administrativo con director omnipresente —emisora en ristre—, voluntarios con más seguros que un conductor novato y un protocolo que haría palidecer a la seguridad de un aeropuerto. Disparar al bicho es lo de menos; lo importante es precintar, fotografiar, geolocalizar y callar.

Ganaderos, políticos y ambientalistas discrepan; la burocracia, no. La normativa exige confidencialidad, prohíbe fotos de los ejemplares abatidos y recuerda que el lobo no es especie cinegética, pero el expediente sí.

Al final, la eficacia del sistema es indiscutible: no se elimina al lobo, se disuade al cazador. Porque para matar uno hay que tener puntería y una paciencia administrativa que un aspirante a la ayuda de dependencia.

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