Desclasificación

El Gobierno presentó la desclasificación parcial de los papeles del 23F como un ejercicio de transparencia histórica. Medio siglo después de aquel 23 de febrero de 1981, cuando los disparos del flamante cadáver Antonio Tejero resonaron en el hemiciclo y el país contuvo la respiración, se nos prometía por fin luz sobre las sombras. Aunque la pregunta inevitable era ¿luz para ver qué, exactamente? Durante décadas, el relato oficial ha pivotado sobre la intervención televisada de Juan Carlos I, que aquella madrugada consolidó una narrativa casi épica de la Transición en defensa de la democracia. Los documentos desclasificados no parecen alterar ese guion. Nada nuevo bajo el sol, al menos en lo sustancial. Nadie tampoco, salvo un iluso, podría esperar toda la verdad de un secreto oficial mantenido inexplicablemente como un misterio.

En cambio, la operación política sí es nueva. En un contexto de tensiones parlamentarias y desgaste institucional, la decisión del Ejecutivo ha sido interpretada como una maniobra de distracción: agitar el pasado para aliviar el presente. El problema es que el pasado en España jamás resulta inocuo. Reabrir el 23F es remover no solo archivos, también agravios, sospechas y relatos en pugna. Y ahí es donde el tiro puede haberle salido al Gobierno por la culata en cuanto a la actualmente discutida figura de Juan Carlos I. Si, por el contrario, se pretendía blindar una versión, lo que emerge es la persistencia de las dudas. La desclasificación, más que clausurar el debate, lo ha ampliado. Ahora bien, tampoco hay que descartar que Sánchez, trapacero como pocos, pueda aprovecharla para intentar apuntarse el tanto de que, si no llega a ser por él, la figura del monarca no habría sido rehabilitada. O, por contra, aprovechar la premura, igualmente oportunista, del Partido Popular pidiendo el regreso del emérito para utilizarlo con fines polémicos o como arma arrojadiza contra la derecha monárquica. Tratándose de él, nunca se sabe. n

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