El salvavidas de la actividad municipal

Los conflictos entre técnicos municipales y políticos en los ayuntamientos son situaciones complejas que, a menudo, derivan en la confrontación entre la legalidad administrativa y la voluntad política.

La denuncia de trabas a los grupos de la oposición para acceder a la documentación de un expediente comienza a estar cada vez más presente en los debates en el ámbito municipal. Y resulta frecuente que esos retrasos injustificados solo se han resuelto tras insistentes reclamaciones, dejando en evidencia la falta de transparencia de los respectivos equipos de gobierno o la pérdida de confianza de estos hacia sus funcionarios. Al final, esa actitud , venga del lado que venga, constituye una estrategia consciente para ocultar a la ciudadanía una gestión, para unos irregular y, para otros, perjudicial para las arcas municipales.

En círculos de confianza también se habla hoy día de las dificultades para ser Alcalde, bien porque "los interventores tienen mucho poder", o porque "gobiernan ellos y no nosotros". Más que poder, podría decirse que los interventores tienen responsabilidad. Es decir, son algo así como el salvavidas en una piscina o el socorrista en una playa, tal como defiende el magistrado José Ramón Chaves, que no tienen poder sino el deber de garantizar el deber de garantizar que nadie se ahogue; no se encuentran ahí por capricho, ni son dueños de salvar o no a las personas. Lo hacen porque cumplen su labor y, a ningún bañista se le ocurriría quejarse por exceso de celo del socorrista ni criticarle por tener mucho poder. Los alcaldes defienden ante este símil forma parte de su responsabilidad gobernar, "pero no nos dejan por formalismos". Lo dicen quienes ven insatisfechos sus planes. O su margen de llevar a cabo la acción de gobierno "a su modo".

Y, a cuenta de esas conflictos entre técnicos y políticos, gobiernos y oposición, se escucha mucha en los últimos tiempos la palabra prevaricación, cuando la jurisprudencia ya ha señalado en numerosas ocasiones que, para apreciar la existencia de un delito de prevaricación será necesario, en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal; y que ocasione, además, un resultado materialmente injusto.

Cuando la voluntad política y la del funcionario chocan no siempre existen anomalías o complicidad de una parte hacia otra. Prueba de ello es que Avilés volverá a celebrar un pleno extraordinario en unos días a cuenta de las últimas alegaciones presentadas al presupuesto. Los técnicos han dictado que el documento se ajusta a la legalidad vigente y es correcto desde el punto de vista técnico y jurídico y mientras el gobierno se agarra a esos informes, del lado del PP reprochan a la bancada de PSOE e IU que se aferren a una legalidad "de mínimos" e insisten en que sus adversarios políticos ocultan "su falta de transparencia".

Las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas al presupuesto de 2022 del Ayuntamiento de Avilés también han avivado el debate político en la esfera local y autonómica sin llegar a concretarse en qué lado se ubica el "savalvidas" al que aluden desde la jurisprudencia. El choque por la defensa que se realizó a la autonomía local desde la Alcaldía volver á a repetirse en pocos días. Cuanto más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tendremos sobre ella. Aceptar la responsabilidad de nuestras vidas es el primer paso para resolver los problemas. n

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