Asturias mira a las urnas vecinas

Hace cuatro años, por estas fechas, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, manifestaba su inquietud por el nuevo escenario político que se abría al otro lado de la Cordillera. Corría marzo de 2022 y el Partido Popular y Vox acababan de cerrar su acuerdo de gobierno en Castilla y León, el primero de ese tipo que se producía en una comunidad autónoma. Desde Asturias, Barbón trató entonces de marcar una línea de separación: aseguró que las relaciones institucionales con el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, se mantendrían dentro de la normalidad, pero que serían distintas respecto a los consejeros de Vox.

Aquel posicionamiento respondía a un momento político muy concreto. En Asturias todavía no se habían celebrado las elecciones autonómicas de 2023 y Vox contaba únicamente con dos diputados en la Junta General, la mitad de los que tiene hoy.

El acuerdo, sin embargo, duró apenas dos años. La ruptura entre ambos partidos en Castilla y León dejó al Partido Popular gobernando en solitario el tramo final de la legislatura, sin capacidad para aprobar los presupuestos autonómicos. Durante ese periodo, muchos analistas consideraron que el paso de Vox por el Ejecutivo castellano-leonés, salpicado por diversas polémicas, acabaría pasando factura electoral a la formación. Sin embargo, el panorama que dibujan hoy muchos sondeos apunta más bien a otro escenario: el PP podría volver a depender aún más del apoyo de Vox tras las elecciones, y la formación de Abascal incluso podría rozar el 20 % de los votos.

El resultado que salga de las urnas tendrá inevitablemente una lectura nacional, porque se producirá en un contexto marcado por el pulso entre bloques y por la búsqueda de mayorías alternativas en distintos territorios. Pero el interés de estas elecciones no se limita al tablero estatal. Para Asturias, lo que ocurra en Castilla y León tiene también una dimensión directa y práctica.

Ambas comunidades comparten una larga frontera y una serie de intereses comunes que, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos, exigen coordinación institucional. Las reiteradas reivindicaciones del noroeste peninsular han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la necesidad de que Asturias, Galicia y Castilla y León defiendan conjuntamente determinadas posiciones ante el Gobierno central. Entre ellas destacan las demandas relacionadas con la futura reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión especialmente sensible para territorios con dispersión poblacional y envejecimiento.

También existen proyectos concretos de infraestructuras y comunicaciones que requieren cooperación. Uno de los ejemplos recurrentes es la mejora de la salida del Suroccidente asturiano. Del mismo modo, se ha planteado en numerosas ocasiones la conveniencia de estudiar fórmulas de gestión coordinada, o al menos estrategias compartidas, para las estaciones de esquí de la Cordillera Cantábrica, que compiten en el mismo mercado turístico y dependen de condiciones climáticas y logísticas parecidas.

La colaboración entre territorios también se ha hecho visible en situaciones de emergencia. Los grandes incendios forestales registrados en los últimos años, que han afectado tanto a Asturias como a Castilla y León, han puesto de relieve la importancia de los mecanismos de cooperación en materia de prevención y extinción. Del mismo modo, reivindicaciones como la supresión del peaje del Huerna, una demanda histórica en Asturias, podrían ganar fuerza si la posición de ambos gobiernos autonómicos fuera coincidente y se articulara una estrategia conjunta ante el Estado.

En ese contexto, las elecciones servirán también como termómetro político para los principales partidos asturianos. El Partido Popular comprobará hasta qué punto puede aspirar a mayorías amplias sin depender necesariamente de Vox. Y el PSOE analizará igualmente el estado de su base electoral tras los resultados adversos que sufrió en comunidades como Extremadura o Aragón.

Lo que ocurra al otro lado de Pajares será observado con atención en Asturias. No solo porque el desenlace tenga implicaciones para el equilibrio político nacional, sino también porque puede ofrecer pistas sobre el clima electoral que se respire en el Principado. Levantar un muro mental en la Cordillera puede ser una tentación retórica, pero rara vez ofrece soluciones a problemas que, en muchos casos, son compartidos.

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