Cuidar no cuenta: mujeres invisibles

En la configuración del sistema económico contemporáneo se consolidó una división sexual del trabajo que separa y jerarquiza dos ámbitos: el productivo (asociado al mercado, lo público y lo remunerado), y el reproductivo (vinculado al hogar, lo privado y lo no remunerado). Mientras el primero se asoció a los hombres, obteniendo reconocimiento económico y social, el segundo quedó vinculado a las mujeres, carente de valor y relegado a la invisibilidad. Las labores de limpieza, cocina o cuidado de menores, personas mayores o dependientes fueron consideradas responsabilidades "innatas" o "naturales" de las mujeres.

En pleno siglo XXI, esa herencia histórica sigue influyendo sobre las estructuras sociales y haciendo visible la fragilidad de un sistema que aún se sostiene, fundamentalmente, sobre un trabajo invisible y desigualmente repartido. El aumento de la población mayor está poniendo de relieve la evidencia incómoda que sigue sin resolverse: cómo atender las crecientes necesidades de cuidados. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 el "índice de envejecimiento" en España se situaba en una media de 148,05%, mientras que en Asturias alcanzaba el 265,29%. En otras palabras, por cada 100 menores de 16 años hay 148 personas mayores de 65 en España y se eleva hasta 265 en Asturias. En ese mismo año, el 20,72% de la población era mayor de 65 años, según el INE, ascendiendo esa cifra al 28,40% para Asturias, lo que significa que una de cada cuatro personas tiene más 65 años; es decir, un total de 287.903 de asturianos y asturianas.

Estas cifras evidencian el desequilibrio entre el envejecimiento demográfico y la oferta de plazas existentes en los centros de atención a personas mayores. Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en 2022 existían en Asturias 12.875 plazas residenciales distribuidas en 198 centros (entre públicos, privados y mixtos). De ellos, 128 eran de titularidad y gestión privada con ánimo de lucro, mientras que sólo 26 correspondían íntegramente al ámbito público. El resto combinaba fórmulas de titularidad y gestión público-privada; y en conjunto eran atendidos por 7.764 de personas trabajadoras. En Asturias el acentuado envejecimiento demográfico, con una población mayor que aumenta casi al doble del ritmo que la infantil, ha invertido prácticamente la pirámide poblacional y está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los servicios sociales, así como de la ingente carga de cuidados que recae, en su mayoría, sobre las mujeres. Esta situación se acentúa especialmente en el medio rural, donde el envejecimiento de la población adquiere rasgos aún más críticos. Cuidar en lo rural El hábitat rural se caracteriza por factores como dispersión territorial, distancia a los núcleos urbanos, falta de transporte público o escasa oferta de servicios destinados a la infancia y la dependencia. En este contexto, las mujeres rurales siguen asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas, casi siempre dentro del entorno familiar, con escasos apoyos formales y limitadas posibilidades de externalización. Esta situación se agrava por la escasa oferta de empleo en el medio rural y por la precariedad laboral predominante, caracterizada por horarios irregulares, trabajos agrarios estacionales, por contratos temporales y/o a tiempo parcial. A ello se suma el sobreenvejecimiento de la población rural, que incrementa la demanda de cuidados de larga duración, mientras que bajo la retórica de la "calidez del hogar" oculta la carencia de recursos disponibles y de servicios profesionales adecuados. Una trampa que obliga a muchas mujeres a estar las veinticuatro horas del día disponibles, limitando su autonomía y frenando su desarrollo personal y laboral. No es de extrañar que tantas jóvenes decidan marcharse de sus pueblos o aldeas, porque quedarse equivale a convertirse en la "cuidadora de guardia permanente".

Este abandono no es casual, responde a un modelo de cuidados que prefiere parches familiares frente a una verdadera transformación social. No habrá revelo generacional mientras que en los pueblos los cuidados continúen siendo una carga especialmente para las mujeres. Ser mujer y ser rural no puede seguir siendo motivo de doble discriminación. La Ley de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre), es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, pero también se ha convertido en una paradoja cruel. Nació con el propósito de profesionalizar los trabajos de cuidados y, sin embargo, las mujeres siguen cuidando en la sombra. La opción menos transformadora ha sido compensar económicamente a las familias; es decir, a las mujeres que abandonan el mercado laboral y quedan atrapadas en el papel de cuidadoras natas y baratas. Reclamar los cuidados como un derecho social y no como una carga privada que recae fundamentalmente sobre las mujeres, implica un cambio profundo de las reglas del juego. Supone fortalecer y financiar servicios públicos de proximidad con escuelas de 0 a 3 años, centros de mayores, transporte público, atención sanitaria especializada, conectividad digital o apoyo al emprendimiento femenino.

Promover la corresponsabilidad de los hombres y de las empresas, y asegurar, en el caso de las mujeres rurales, su participación activa en las cooperativas, las organizaciones agrarias y en las instituciones donde se decide el futuro del territorio. Cuidar no contará mientras el sistema económico siga descansando en el trabajo invisible y gratuito de las mujeres, especialmente de las rurales; hablar de igualdad seguirá siendo, entonces, un mero ejercicio retórico. Sin reconocimiento, redistribución y remuneración de los cuidados, no habrá vida digna, ni en los pueblos ni en las ciudades.

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