Coartada presupuestaria

Si hay una democracia parlamentaria que se parezca menos a lo que en realidad debería ser una democracia parlamentaria es España por la forma con que el Gobierno esquiva una y otra vez sus obligaciones. La escena se repite con familiaridad inquietante: Sánchez o sus ministros anuncian solemnemente que cumplirán con su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado y, llegado el momento, encuentran una razón para aplazar lo inaplazable. Esta vez, la coartada es la tensión internacional derivada de la guerra en Irán. Antes fueron otras crisis. Siempre hay una. Conviene recordar que no estamos ante una cortesía política ni ante un gesto voluntario, sino frente a un mandato de la Constitución. El artículo 134 no deja lugar a dudas: el Gobierno debe presentar los Presupuestos en plazo. No es opcional ni depende del clima político. Sin embargo, el Ejecutivo ha convertido la excepción en rutina.

Precisamente en contextos de incertidumbre, como el actual, es cuando más necesario resulta un debate transparente sobre prioridades, riesgos y recursos. La prórroga presupuestaria no es neutral. Beneficia al Gobierno porque le permite evitar negociaciones incómodas con sus socios parlamentarios, sortear las derrotas que evidencian su fragilidad y mantener un margen de maniobra discrecional. Pero perjudica al conjunto del sistema institucional, que se resiente cuando las reglas dejan de cumplirse sistemáticamente.

El problema no es solo jurídico, que lo es, sino profundamente político y ético. Gobernar sin presupuestos equivale a prorrogar decisiones del pasado, a congelar prioridades y a evitar el debate parlamentario sobre el rumbo del país. Es una forma de esquivar el control democrático, porque los Presupuestos no son un mero documento contable sino la expresión más nítida de un proyecto político. El Congreso queda así reducido a un papel secundario, casi decorativo, mientras el Ejecutivo administra la inercia. La pregunta ya no es cuándo habrá Presupuestos, es si el Gobierno considera que sigue obligado a presentarlos.

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