El dramático e inaceptable calvario de la dependencia en Asturias

Solicitar ayudas a la dependencia en Asturias supone abrir una puerta a la desesperanza y el desamparo por la tardanza en despacharlas. Un derecho instaurado para proteger a los vulnerables acaba así convertido en una tortura insoportable. Repensar el proceso desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos es una urgencia. Detrás de cada expediente hay mucho sufrimiento.

Cada cuarto de hora, según las estadísticas oficiales, muere una persona en España mientras aguarda la resolución de una valoración, un subsidio, una plaza en un geriátrico o una mínima garantía de que nunca se quedará a la intemperie. La gestión de este tipo de prestaciones arrastra en el país deficiencias endémicas. Los recovecos de la burocracia convierten cada solicitud en una trampa. Mal de muchos, mísero consuelo, porque las costuras de este modelo desigual y de financiación escasa revientan especialmente en Asturias. Año tras año, la región empeora la nota: las tramitaciones superan ya los cuatrocientos días de media. Por ley deberían despacharse en seis meses.

No hablamos de procedimientos pautados y frías ordenanzas, sino de preocupaciones, noches en vela, familias que se turnan al pie de una cama, mayores que se apagan mientras los papeles no avanzan. Una dramática dimensión moral imposible de orillar. El último escándalo en el Principado por una migración de datos mal resuelta reabre con escarnio las heridas. Es el momento de afrontar un debate profundo y por encima de ideologías sobre el funcionamiento de este modelo. Evitar a miles de asturianos en situaciones personales complicadas un espinoso laberinto de requerimientos encadenados les ahorraría mucho dolor innecesario.

Buscando a ciegas la salida

Lo ocurrido a raíz del cambio informático en la Administración asturiana va más allá de un súbito accidente o de los imponderables de la adaptación a una tecnología moderna. Es la prueba de una cultura política que a veces confunde implantar con improvisar, anunciar con resolver y avanzar con lanzarse al vacío sin red, ni planificación, ni formación adecuada, ni valoración de riesgos. La herramienta para unificar las historias que debía agilizar el servicio logró justo lo contrario, bloqueando las pantallas y la información sanitaria y social. Medios existieron –costó 2,3 millones–, y tiempo de sobra para probarla previniendo las consecuencias, también.

De este túnel del caos se empieza a salir ahora. Con varios virajes de instrucciones y criterio, como quien en medio de la desorientación busca a ciegas la ventanilla de emergencia. La opinión pública conoce la verdad –200.000 registros alterados, expedientes rehechos a mano, informes duplicados, funcionarios sin formar arropándose para salir del atolladero– por el sentido del deber de la jefa de servicio que lo contó sin maquillaje en la Junta. Un ejercicio de transparencia infrecuente. Los políticos debieron hacerlo antes en vez de parapetarse tras medias verdades. Los ciudadanos entienden los inconvenientes cuando alguien explica con claridad su origen y no los toma por ingenuos.

Asturias, con una población que multiplicará su tasa de envejecimiento, necesita un compromiso para acabar con esta carrera de obstáculos solo para resistentes en que se ha convertido la dependencia. Reprobar a la Consejera o respaldarla, mantener el mando al timón o renovarlo, encastillarse o buscar el auxilio de los ayuntamientos es casi secundario frente a la premura de negociar y definir un plan que agilice de una vez los pasos, dé continuidad a la atención asistencial y la refuerce. No vale de nada expandir el fango, arrojarse los trastos por ver quién lo hizo peor o pedir perdón. La política útil en este caso empieza después de las disculpas. Tomando decisiones sin componendas y arreglando por fin lo que falla.