Opinión
Mirada estrábica, trato desigual
No es infrecuente que los administradores sean virolos, esto es, que vean con mirada distinta realidades iguales y, por ende, les den tratamientos distintos.
La Unión Europea puso en marcha en 2021 un programa multimillonario, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a obras y proyectos, a fin de recuperar economía y empleo maltrechos por la pandemia. El plazo para tener acabadas las iniciativas que se acogieron a esos fondos concluye el 30 de junio. Por unas u otras razones, seguramente porque, como diz, "les coses de palaciu van despaciu", muchos de esos proyectos andan apurados para cumplir los plazos, en ciudades grandes y en concejos pequeños. Ahora bien, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se manifiesta dispuesto a ampliar esos plazos para la justificación de las inversiones o a completarlos después, en la parte sin justificar, con nuevos fondos propios.
Como, por suerte, estos artículos tienen mucho público, enseguida me llega la crítica, justa, de un instalador eléctrico: "¿Flexibilidad en las ayudas… según quién las reciba? Que se amplíen los plazos para que los concejos no pierdan fondos europeos puede ser una buena noticia. Pero surge una reflexión inevitable: ¿se aplica la misma flexibilidad cuando el beneficiario es una empresa o un particular? En el Plan MOVES, que conocemos de primera mano en el sector de los puntos de recarga, la regla ha sido clara: si no justificas en plazo, pierdes la ayuda. Sin ampliaciones. Sin segunda oportunidad. Si las ayudas públicas buscan impulsar la transición energética, las reglas deberían ser coherentes para todos".
Otros informantes me dicen que igual ocurre con otras ayudas acogidas a esos planes, tal las de las reformas de fachadas para eficiencia energética, aprobadas, financiadas y en marcha, pero que igual no pueden cumplir los plazos. ¿Tampoco aquí habrá ampliaciones? ¿Se perderán las ayudas?
"Mucho va de Pedro a Pedro", decía ya La Celestina.
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