Ayudas públicas sí, pero con condiciones

La escalada de los costes energéticos, agravada por el actual contexto internacional —con la guerra en Irán y el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz tensionando los mercados— vuelve a situar a la industria ante un escenario crítico. Precios eléctricos disparados, incertidumbre en los suministros y presión sobre la competitividad configuran un momento decisivo.

En este contexto se plantea la concesión de ayudas públicas a los grandes consumidores de energía. Pero conviene recordar algo elemental: el dinero público no es neutro. Sale de los impuestos de los trabajadores y trabajadoras, y debe revertir en el interés general. Y eso exige condiciones claras y exigentes.

Desde Comisiones Obreras venimos defendiendo la incorporación de cláusulas sociales como requisito imprescindible. No es aceptable que recursos públicos consoliden modelos empresariales que debilitan el empleo o deterioran la salud de las plantillas.

En algunos entornos industriales se ha instalado una lógica obsesionada con la llamada “tonelada por hombre”, una expresión tan reveladora como anacrónica y de clara carga machista. Reduce a la persona a un mero factor de rendimiento. Sus consecuencias son evidentes: aumento de bajas laborales, desgaste físico y mental y una presión constante difícilmente sostenible.

En Asturias tenemos un ejemplo claro en Asturiana de Zinc, propiedad de la multinacional Glencore. Una industria estratégica, intensiva en energía y hoy en el centro del debate. Pero también un caso que refleja cómo pueden convivir las ayudas públicas con dinámicas de ajuste de plantilla y una organización del trabajo que tensiona a los trabajadores hasta límites preocupantes.

Existe además un marco de relaciones laborales en Asturias, singular dentro de las grandes multinacionales en España, que en ocasiones ha permitido normalizar determinadas prácticas bajo una apariencia de estabilidad. Una estabilidad que, vista de cerca, descansa sobre una presión creciente sobre las plantillas.

El debate no es si debe haber ayudas, sino en qué condiciones.

Desde CCOO Industria hemos establecido cortapisas claras para cualquier medida de salvaguarda: mantenimiento del empleo; garantías en salud laboral; transparencia en el uso de los fondos —que no acaben en dividendos ni en la cuenta de resultados—; vinculación a inversión productiva y participación sindical en el control.

Sin estas condiciones, las ayudas corren el riesgo de convertirse en un fraude social: financiar con dinero público la destrucción de empleo o modelos productivos insostenibles.

La industria necesita apoyo. Pero quien recibe dinero público debe asumir compromisos públicos.

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