De la Diputación Provincial al Principado de Asturias. Breve balance de una época y algunos apuntes sobre el futuro

La muerte del general Franco y con ella la crisis de la dictadura, previo un complejo proceso político que pasó a la historia como el de transición política a la democracia (1975/1978) culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, texto que, con apenas algunas modificaciones de escasa relevancia, aún constituye nuestra norma básica de referencia.

La Carta Magna alumbra en términos jurídico-políticos una nueva realidad -consecuencia de amplios consensos- que apela a la homologación de la sociedad española de aquel tiempo con la cultura política de la Europa occidental; esto es, una monarquía parlamentaria de corte liberal y democrática como forma de gobierno, que nos ha proporcionado décadas de estabilidad y progreso material.

Desde la perspectiva del modelo de Estado en relación con el poder y el territorio, cristaliza un prototipo basado en la descentralización en la toma de decisiones, denominado Estado de las Autonomías, que gira radicalmente desde un arquetipo de poder basado en la centralidad –que fue la constante histórica, salvo tímidas excepciones en nuestro país– a un patrón próximo a los sistemas federales, (aunque el término no figure expresamente en el texto constitucional), de compartición del poder con los territorios.

La implementación de este nuevo modelo, casi inédito, pero que intentaba que el diseño político del país se asemejara y guardara relación con la realidad social de nuestra pluralidad lingüística y cultural, requirió de una arquitectura jurídico/administrativa rupturista, cuyo primer hito pasaba por articular la gobernanza de las distintas comunidades autónomas de nuevo cuño, previa aprobación de sus normas básicas de referencia (los Estatutos de Autonomía) que en el caso asturiano tuvo lugar en enero de 1981.

Con el Estatuto como soporte jurídico, y su desarrollo a través de sucesivas leyes, se fue organizando el tránsito de la vetusta Diputación Provincial de Oviedo, que estuvo vigente desde 1835, fecha en que Fernando VII disolvió la vieja Junta General del Principado, hacia un modelo político basado en la clásica separación de poderes, heredada de la revolución francesa y la Constitución americana de 1787, al fin y a la postre, nuestras fuentes originarias de inspiración. Desde entonces hasta hoy la comunidad autónoma asturiana fue asumiendo múltiples competencias, entre las cuales destacan, por su relevancia pública y presupuestaria, la educación, la salud pública y los servicios sociales, que constituyen los principales centros de gasto de nuestra comunidad, hasta casi agotar el haz de competencias previstas, con la salvedad de la política de aguas interiores y el trasporte ferroviario de cercanías, referido a FEVE.

Tras más de cuatro décadas de experiencia autonómica cabría preguntarse si el modelo adoptado ha resultado exitoso y ha cumplido con las perspectivas iniciales o, si, por el contrario, no ha resuelto adecuadamente los problemas de la sociedad española y asturiana que ha gestionado, como algunos denuncian.

No quiero ignorar que algunas fuerzas políticas emergentes y que están adquiriendo cierta notoriedad, incluso con presencia institucional de relevancia, impugnan sin disimulo el modelo autonómico adoptado, apelando a su supuesta ineficiencia y a un hipotético riesgo de deconstrucción de España, desde la óptica de la unidad con visión centralista.

Los síntomas de cierto agotamiento del actual modelo autonómico, derivados de la incapacidad sobrevenida para reformular el sistema de financiación -auténtica viga maestra del sistema-, una cierta percepción de incapacidad para prestar con solvencia los servicios básicos a su cargo (desgaste y dificultades del llamado Estado del bienestar), así como un incipiente desapego de los jóvenes con respecto al mismo, que ya no asocian con la intensidad de las generaciones pretéritas el sistema autonómico con la democracia, constituyen el excipiente en el que se impugna o se interroga acerca de la bondad del modelo. Soy de la opinión de que el estado autonómico debe superar sus insuficiencias por la vía natural de su transformación en un verdadero estado federal, que supere viejos complejos semánticos e ideológicos asociados al término, por representar la mejor manera de que España se adapte a su propia diversidad, revitalizando el pluralismo, sobre la base de la idea de lealtad federal, trasunto del principio de solidaridad entre territorios, al modo como los constitucionalistas alemanes han dado forma al concepto de Bundestreue, modelo, a mi juicio, a imitar.

Desde la perspectiva asturiana cabría preguntarse cuáles han sido las consecuencias de este ya largo viaje a la autonomía política, y si la resultante final ha valido la pena. Nunca debemos perder de vista que la evaluación pública del modelo, y el debate que ya se insinúa sobre su pertinencia, se medirá por la utilidad de este. Por más que se promuevan relatos identitarios sobre la naturaleza del ser asturiano – incluido el proyecto lingüístico y la exaltación de la bandera y del himno- símbolos que nos identifican y distinguen, el sentimiento nacionalista/regionalista asturiano creció, desde una cierta timidez y debilidad inicial, en paralelo y de la mano de la construcción política de la Comunidad autónoma, pero, en mi opinión, la carga emocional inmanente no impide, antes al contrario, una evaluación racional de las utilidades que, en su caso, se desprendan de la gestión sensata y aseada de la economía regional, de los servicios públicos, y, en consecuencia, de la calidad de vida que nos procure.

Dicho de otra manera, un más o menos verosímil relato identitario no puede ser sustitutivo de la gestión pulcra de la cosa pública desde la perspectiva autonómica. Disociar ambos aspectos, como espacios estancos, no constituye una decisión acertada. Los asturianos hemos demostrado a lo largo de la historia que no padecemos déficit de sentimiento de pertenencia; es más, en cualquier régimen político nos hemos significado con orgullo como asturianos -símbolos incluidos- sin perjuicio de mantener vivas reclamaciones constantes acerca de la mejora de nuestras condiciones materiales de vida. En este punto no quiero ocultar una de mis preocupaciones, y es que, sin merma del sentimiento identitario, que en proporciones razonables conviene, el exceso en la pulsión o estimulación del mismo es indeseable. Coincido con Stefan Zweig cuando nos advierte de que “emprender el camino de la identidad conduce a un callejón más estrecho cada vez, hasta cegarse”.

Una de las variadas maneras evaluativas acerca de la bondad de la autonomía asturiana, requeriría una comparativa entre los costes asociados (funcionarios, representantes políticos, gastos generales) entre un hipotético modelo centralista estatal y el actual entramado político administrativo de la Comunidad Autónoma, incluida la Junta General del Principado. No conozco estudios comparativos al respecto, ni me parece que existan, toda vez que el análisis confrontativo resultará enormemente complejo, por cuanto las hipótesis a manejar son variadas, y seguramente difíciles de aprehender, asemejándose a lo que en términos de derecho procesal conocemos como “una prueba diabólica”; esto es, un ejercicio imposible. En cualquier caso, este argumento, que se esgrime con frecuencia entre los detractores del modelo, no me parece de especial relevancia; de una parte porque la supuesta onerosidad del modelo autonómico frente al centralista alternativo, y aún admitiéndola a efectos discursivos o especulativos, no me parece tan sustantivo como para que palidezcan otras ventajas asociadas al sistema; y de otra parte, porque resultaría relevante y pertinente un ejercicio analítico acerca de la calidad y alcance del gasto y su finalidad última, y sospecho que las cuantías más significativas –empleo público, educación, derechos sociales y sanidad– que consumen la parte sustancial del gasto público, serian prácticamente idénticas en los modelos comparados.

El otro gran argumento esgrimido recurrentemente frente al modelo político desconcentrado -con afectación, claro está, a Asturias- apela a las deseconomías que se producen por la supuesta quiebra de un mercado único interior, fragmentado en diecisiete minifundios a efectos económicos, especialmente visibles en el terreno de las asimetrías fiscales y una indigestión regulatoria - por exceso - que introduce dificultades objetivas para una sana operación por parte de los agentes económicos. Esta reserva tiene, a mi juicio, más relevancia que la anterior; no obstante, una reconsideración o reseteo de estas deficiencias, haciendo evolucionar el modelo hacia un federalismo corresponsable, imbuido de sentido común, deberían salvar la objeción. Forma parte inexcusable de los deberes pendientes.

Cierran el capítulo de reparos al modelo descentralizado y, en consecuencia, al propio ser de nuestra comunidad autónoma, una soterrada crítica a la diversidad, la cual goza de respaldo constitucional y que recogen los diversos estatutos autonómicos (incluido el asturiano) en relación con las peculiaridades culturales y lingüísticas de los territorios, que algunos visualizan como un atentado a un determinado enfoque de la unidad de España, que en ningún modo está en riesgo por esta vía, sino que , antes bien, su reconocimiento, bien gestionado, debiera fortalecer el sentimiento de pertenencia, en clave dual; esto es, a la comunidad autónoma (Asturias) y a España. Otra cosa es, y no supone asunto menor, la problemática derivada del cierre del Título VIII de nuestra Constitución -que no es el caso comentar ahora- y que requerirá en el futuro de toda nuestra inteligencia colectiva.

 Al margen de una consideración previa, de naturaleza principalisima y constituyente, cual es que el ensayo –a mi juicio exitoso, aunque con matices, vaya por delante- del modelo descentralizado, es la consecuencia añadida de la asociación del binomio democracia/autonomía política en nuestra memoria colectiva, indisociablemente unidos en pleno proceso de transición política, en tiempos especialmente delicados; hoy, por el contrario, las nuevas generaciones de españoles y asturianos están imbuidos de “presentismo”, en mi opinión un mal de nuestro tiempo, achacable a déficits educativos relacionado con la enseñanza de las humanidades, no son capaces de visualizar, tampoco de apreciar y sentir. Este es un factor adicional que juega en contra de la pervivencia del modelo.

Sea como fuere, el prototipo cuasi federal que nos hemos dado atiende a la naturaleza plural de nuestra realidad territorial y hace posible (asumiendo desde el territorio un haz de competencias muy estimables) el diseño de políticas a medida. Así, de esta manera, aquí, en Asturias, se han podido planificar y ejecutar políticas de infraestructuras viarias, sanitarias y medioambientales -por mencionar algunas- adecuadas a nuestro territorio, más allá de insuficiencias y déficit propios de  las limitaciones y errores humanos, pero, en cualquier caso, más a propósito de nuestras necesidades y afanes colectivos. Desde la perspectiva democrática ha permitido mejorar la participación política, haciendo posible una selección de cuadros por parte de los partidos, más democrática, y la elección de representantes más próxima a los representados, sin perjuicio de que, en este terreno y al margen del asunto que nos ocupa, debe corregirse una tendencia muy nociva por parte de los partidos políticos en general, que practican en demasiadas ocasiones la selección inversa de sus recursos humanos.

Al fin, la pregunta que debemos formularnos es si ha mejorado Asturias en estos largos 40 años de proceso autonómico. Pues bien, habiendo pasado por variadas vicisitudes, desde la realidad de un acceso a la autonomía en pleno proceso de declive demográfico, industrial, de aislamiento, e incluso de cierto irredentismo vital, hay que señalar que se han producido avances de gran trascendencia; hemos digerido en forma no traumática las grandes crisis de  los sectores industriales fundamentales (incluida la privatización de la siderurgia y el cierre de la minería del carbón); se ha solventado razonablemente bien los asuntos relacionados con las infraestructuras de comunicaciones (ferroviarias y por carretera), aunque permanezcan algunas insuficiencias; y, al fin, interiorizado los ajustes de sectores muy relevantes (señaladamente el agrícola y ganadero) derivado de las implicaciones de la integración en la Unión Europea. Hemos diversificado nuestra economía, sobre la base de nuestro ADN industrial, con gran aportación de sectores emergentes relacionados con el turismo, los servicios y las nuevas tecnologías. Sin embargo, en un mundo tan complejo como el que nos envuelve, y a pesar de avances incontestables, Asturias ha perdido posición en renta per cápita comparada, y excepción hecha de repuntes coyunturales estamos en un ciclo regresivo de caída demográfica, solo mitigada por el fenómeno migratorio (con el agravante de despoblamiento) que nos deja un sabor agridulce y nos enfrenta a relevantes desafíos de futuro. Al fin y a la postre se nos tiende a medir en términos comparativos (relativos) con respecto a nuestro entorno, y a este respecto hemos de concluir que el crecimiento y los avances -que no son menores- se muestran insuficientes.

¿Todo ello imputable al modelo político desconcentrado instaurado a partir de la Constitución del 78 y de nuestro Estatuto de autonomía? Rotundamente no. Nuestros problemas se han acumulado durante décadas, y me atrevo a postular que la cercanía en la toma decisiones que propicia el modelo descentralizado ha ayudado a paliar efectos aún más adversos de los que objetivamente se podían prever.

Asturias tiene un tamaño que impide que ejerza una influencia definitiva en los grandes centros de decisión (políticos o empresariales), pero disponemos de capacidades, resortes y recursos suficientes para competir en muchos ámbitos de la economía y de los servicios. Culturalmente debemos valorar la importancia de lo propio desde nuestras fortalezas -que son muchas-, establecer prioridades y una hoja de ruta a largo plazo, (ya se sabe que nunca hay buen viento para una nave sin rumbo) evitando la pérdida de oportunidades en un mundo cambiante. Asturias requiere perder de vista la nostalgia del pasado y olvidarse de la milagrerías y empeños quijotescos. El éxito -nuestro éxito colectivo- pasa por dejar “correr el aire” si se me permite la expresión; esto es, que el mundo de la empresa y del emprendimiento encuentren un ecosistema adecuado para su desempeño, que quienes arriesguen encuentren colaboración y complicidad, antes que excesos críticos y objeciones. Esto que en términos de opinión pública se autodefine como “facilitar las cosas”.

Podría decirse que, aunque en los últimos 40 años se han enfrentado asuntos decisivos para nuestra Comunidad, algunos -no todos- resueltos satisfactoriamente, permanecen, no obstante, inercias y pasivos del pasado, al tiempo que se proyectan nuevos desafíos a resolver.

Como quiera que desde hace un tiempo estamos instalados en una encrucijada existencial y  preciándome de un cierto conocimiento de la realidad asturiana (perdón por lo pretencioso de la expresión), derivada de una edad provecta y múltiples experiencias públicas y privadas, no creo considerado con ustedes concluir esta intervención sin adentrarme, aunque sea a modo de mero esbozo, en algunas líneas de trabajo, un conjunto de ideas sueltas, (ideas – fuerza) que no conforman en modo alguno un programa político (no es mi propósito ni sería adecuado) que la sociedad asturiana debería de emprender en el próximo futuro con el propósito de procurar el mejoramiento colectivo, desde nuestras fortalezas y a la luz de los retos de un mundo líquido, cambiante y, en consecuencia, cada vez más exigente y competitivo.

Desde la perspectiva puramente institucional deberíamos abordar la reforma de nuestro Estatuto de autonomía sin que el asunto de las lenguas propias se erija en un imponderable absoluto, incorporando modificaciones que permitan disponer de la posibilidad de dictar Decretos–leyes, (instrumento de gestión relevante y necesario), celebrar elecciones anticipadas ante situaciones de crisis, o reformar el modelo electoral asturiano, materias sobre las cuales los consensos serían factibles. La insistencia sobre la oficialidad del bable (me atengo a este término, por razones formales, por cuanto es el que acoge nuestro Estatuto y por ser coherente con la realidad social subyacente) sin una mayoría social clara y evidente, más allá de lo legítimo de la reivindicación, y la honestidad intelectual de quienes la impulsan, tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil, no puede paralizar el necesario proceso de reforma, tampoco introducir en la sociedad asturiana un elemento divisivo, ni constituir el parteaguas que clasifique asturianos de mejor o peor condición. Impulsemos las lenguas propias y que el decurso del tiempo decante -preferencias de los asturianos mediante- y determine la solución final por cauces naturales.

Mayor relevancia práctica entrañaría abordar una severa acción de simplificación regulatoria (Leyes, Reglamentos, etc.) para podar en profundidad el proceloso e ininteligible bosque normativo que entorpece la gestión, dificulta la actividad de todos los actores y añade una capa adicional a la ya excesiva carga burocrática que padece nuestra administración. Se impone una revisión sistemática de nuestro hipertrofiado bloque normativo en clave de simplificación y claridad.

Es evidente que desde la perspectiva de nuestras capacidades regulatorias y competenciales no podemos abordar algunos de los problemas que nos atenazan, sin la complicidad de otras administraciones, señaladamente las políticas migratorias, la calidad del empleo, o, en buena medida, la política industrial; no obstante, podemos y debemos actuar con eficacia sobre un conjunto de asuntos que afectan sustancialmente a nuestro proyecto de vida colectivo. De entre tantas, espigo la política de vivienda, por su trascendencia en todos los órdenes. En Asturias, desde siempre, nos hemos relacionado mal con el concepto de la abundancia. Hemos concentrado más nuestros esfuerzos en regular, desde criterios de igualdad, la escasez. En materia de vivienda se hace especialmente visible esta rémora, así la califico. El fenómeno migratorio y la evolución del patrón de familias demandan más vivienda. Por el contrario, nuestro modelo al efecto incorpora dificultades de todo género que dificultan la construcción (burocracia, planes urbanísticos y procesos de obtención de licencias interminables en el tiempo y con exigencias prescindibles, que incorporan costes adicionales, fiscalidad excesiva, etc.). Existe un gap enorme entre oferta y demanda que debemos ir cerrando para equilibrar el mercado, evitar procesos especulativos, y atemperar precios. En resumen, sin descartar en absoluto la regulación como mediadora y correctora, debemos remover obstáculos y apostar por una política de la abundancia, frente a un reparto- aunque bien está- de la escasez.

Algo similar nos sucede con un asunto especialmente relevante para nuestro desempeño industrial, en el marco de un proceso de transformación energética desde los combustibles fósiles a las energías verdes o renovables (fotovoltaica y eólica). La implantación de las infraestructuras de soporte de estas nuevas fuentes de energía se está dilatando en el tiempo hasta el extremo de que existe una enorme asimetría entre el cierre de nuestras viejas centrales de ciclo combinado y la nueva planta eólica y fotovoltaica, incluyendo las infraestructuras de transporte y los acumuladores de energía (parques de baterías). Para Asturias y su industria resulta vital la proximidad de estas nuevas fuentes de energía, la suficiencia de las mismas y la competitividad del precio para enfrentar el mercado. No nos podemos permitir el lujo de cerrar nuestras primigenias fuentes de energía y dilatar incomprensiblemente las energías de sustitución. Desconozco las razones y no procede especular sobre las mismas, pero debemos hacer frente a este asunto cuanto antes. La política debe escuchar a las minorías, a los perjudicados y adoptar, en consecuencia, las soluciones menos intrusivas; no obstante, se formula y ejecuta para satisfacer a las mayorías, atendiendo al interés general.

En las últimas décadas hemos resuelto con cierta solvencia, buena parte de nuestras carencias históricas en materia de infraestructuras de comunicación, incluyendo la superación de la cordillera por autopista y ferrocarril (AVE) enlazando con la meseta, la comunicación transversal este/oeste, y soluciones aeroportuarias versátiles que nos han conectado con el mundo. Aun así, persisten ciertos cuellos de botella que nos deben convocar de cara al próximo futuro; me estoy refiriendo, claro está, a la consolidación del eje ferroviario Gijón/Lena (incluyendo el malhadado vial de Jove, la Zalia y su intermodal) como eje estructurante vital para el desarrollo económico e industrial de Asturias, integrado en el corredor Atlántico; y el eterno dilema sin resolver en torno a la vieja estructura ferroviaria de FEVE y su vocación de cercanías. Efectivamente, un día u otro -cuanto antes mejor- habrá que negociar con el Estado la transferencia de esta vieja infraestructura con la financiación correspondiente (se contempla en nuestro Estatuto), para hacer de ella el complemento al tráfico de cercanías ferroviaria en la zona central de Asturias, combinado con RENFE. El diseño de la malla ferroviaria de FEVE -muy antigua- obedeció a lógicas mercantiles que ya no están presentes. El gran proyecto que nos debe convocar como comunidad en los próximos años, en clave de movilidad, pasa por hacer de FEVE el gran eje metropolitano de Asturias, conectando los grandes centros o nódulos que concentran la movilidad de las personas (hospitales, polígonos empresariales, centros educativos, nuevas urbanizaciones y hasta el aeropuerto). Este sería un proyecto de país ilusionante, estructurante del área metropolitana asturiana. La transferencia competencial se ha intentado históricamente -puedo decirlo en primera persona- pero ha fracasado siempre porque conlleva inexorablemente el acompañamiento de una financiación adecuada al fin propuesto, en cualquier caso, muy relevante. La transferencia efectiva sin financiación para la transformación propuesta constituiría una carga inasumible para la comunidad autónoma.

En cualquier propósito de futuro colectivo para Asturias, la fiscalidad aparece como nuestro particular elefante en la habitación. Soy partidario, como consideración general, de una fiscalidad suficiente para proveer unos servicios públicos universales y de calidad (creo que esto no es negociable). Además, estimo que el Estado se ha diluido en exceso en esta materia, debiendo recuperar más capacidad recaudatoria para atender a las necesidades evidentes de la industria de defensa, el mantenimiento de infraestructuras básicas y las pensiones, cada vez más dependientes del sistema tributario, al tiempo que ejerza de elemento reequilibrador entre las diferentes comunidades autónomas, homogeneizando, al menos parcialmente, algunas figuras tributarias, para minorar la perturbadora competencia fiscal entre territorios. Sobre esta base, Asturias debe emprender un proceso de revisión de su planta fiscal en orden a corregir déficits que nos colocan en situación de desventaja frente a nuestro entorno más próximo. La singularidad fiscal -por exceso- opera como un factor distorsionante y penalizador de la actividad económica, en ocasiones más en clave psicológica que por el alcance real del saldo fiscal resultante. En cualquier caso, debe corregirse.

He querido espigar algunos asuntos que, indefectiblemente deberíamos abordar en el próximo futuro. Creo que sustanciar los mismos hará de Asturias un sitio aún mejor para vivir. Quedan sin enunciar algunos muy relevantes que debieran suscitar la atención del conjunto, tales como el reto demográfico y la inmigración, la atracción de talento, la investigación ligada al desarrollo, el medioambiente, el papel de la Universidad, la recuperación del medio rural o una política de ordenación territorial que tiene pendiente, entre otros asuntos, la incorporación de las comarcas mineras al crecimiento y bienestar del conjunto, en orden a evitar quiebras territoriales indeseables, por citar algunos ejemplos. Unos y otros están llamados a cristalizar en un propósito colectivo, de naturaleza transversal, a modo de proyecto que nos convoque a todos. Asistimos a un tiempo de mudanza, de cambios acelerados en materia geopolítica y tecnológica, que genera angustia e incertidumbre, ante el cual debemos reaccionar proactivamente, porque también ofrece oportunidades para quien se posicione adecuadamente y acierte en la estrategia. En los albores del proceso autonómico asturiano, y de la mano de un presidente visionario (Pedro de Silva) se trazó una estrategia de país, cuyo impulso se proyectó en el tiempo, por varias décadas. Hoy, ante una realidad cambiante, corresponde el diseño de una nueva cartografía que nos de las pautas para el desempeño futuro. No se trata de mutar, sino de un proceso de adaptación, desde nuestras fortalezas, a las nuevas realidades emergentes.

Asturias, en las últimas décadas, se ha construido a partir de una mezcla de negación de nuestros problemas, aplazamiento de las soluciones, rutinas, demasiados vetos entre sectores económicos y sociales y un cortoplacismo que nos impide alzar la mirada. Si me permiten la metáfora, que no es mía: debemos aprender a jugar al fútbol sin mirar los pies.

 Sin embargo, nos reconocemos como una sociedad moderna, plena de valores, y razonablemente bien estructurada mas allá de la política, con agentes dinámicos como los sindicatos y los agentes sociales, la universidad, y una amplísima red de asociaciones  de diversa naturaleza que facilitan el diálogo social.

La estrategia que se pergeñe, que apela a todos los mencionados, y más allá de su contenido material -algunos de cuyos elementos me he permitido señalar- será exitosa en la medida en que se acabe de consolidar el proceso cultural y de pensamiento que entrañe un propósito de protección del emprendimiento y del riesgo, premiando el mismo reputacionalmente, facilitando la actividad económica y de empleo, sin restricciones ni complejos de género alguno. Si esto progresa en este formato, Asturias crecerá en todos los órdenes, tenemos potencial suficiente, comunicaciones, infraestructuras empresariales, seguridad, un medio ambiente envidiable y unos recursos humanos bien formados, además de una reputación ante terceros de signo muy positivo. Asturias y los asturianos gozamos de aprecio generalizado. Traigo aquí a este propósito una cita de Juan Antonio Mases, referida a unos ilustres visitantes extranjeros (M. de Cuendias y V. de Fereal) que, en el siglo XIX, y ante su inminente viaje a Asturias, preventivamente, y ante una excursión de presumible riesgo por un lugar ignoto, montañoso y periférico, consultaron los anales judiciales de Madrid y constataron el siguiente apunte sobre los asturianos, y cito textualmente: “allí, en Madrid vivían constantemente más de 20.000 asturianos, y nunca han registrado el nombre de ninguno de ellos, acusado de un crimen o de otro delito”. Quedaron tranquilos.

 Dicho está, disponemos de recursos, cualidades y capacidades para enfrentar el futuro. El riesgo es de inacción. Que no nos suceda como al detective novelesco Raymond Chandler que, flirteando con una maravillosa mujer, y ante un más que previsible éxito, se dice a sí mismo: “El siguiente paso estaba cantado, así que no lo di”. No nos quedemos ensimismados en nuestras potencialidades o en aquello de “lo que pudo ser y no fue”. Demos el paso.

Construyamos una economía fuerte -desde la innovación, la competitividad y la meritocracia- generadora de empleo y de buenos saldos fiscales, como sustrato de un potente dispositivo de servicios públicos de carácter universal para sentirnos orgullosos de nacer y construir nuestro proyecto de vida en Asturias.

El futuro ocurre cuando deseamos algo intensamente, y aún no pasó; está a nuestro alcance.

Concluyo con una apelación a nuestro querido Ángel González, nuestro poeta más reconocido, quien en una de sus obras en las que celebra la esperanza, nos dice ….“pero nada es aún definitivo. Mañana he decidido ir hacia adelante. Avanzare”.

Muchas gracias

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