El viaje, la mina y el peaje

La agenda política de la próxima semana se va a escribir lejos, con Adrián Barbón cruzando el Atlántico como quien busca aire en mitad de una habitación cargada. El presidente encabeza la comitiva económica que viaja a México, acompañado de los principales agentes empresariales y del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, entre otros. No deja de ser llamativo que el primer viaje de Barbón a América se produzca cuando ya encaramos el último año de legislatura. Aunque el operativo está organizado por Asturex y tiene un indudable perfil económico, queda claramente integrado en la agenda presidencial.

La delegación participará en actividades con empresas y organizaciones empresariales mexicanas hasta el viernes, fecha en la que se dará por terminado el programa oficial. Barbón continuará en el país azteca hasta el domingo, y aprovechará el fin de semana para fortalecer lazos con la emigración asturiana. No es difícil atar cabos: ya vimos en las pasadas elecciones que el voto emigrante y el de sus descendientes estuvo a punto de dar un susto a los socialistas. En 2027 su peso será aún más determinante, especialmente en las circunscripciones de las alas.

En cierto modo, el viaje da un respiro al Gobierno respecto al otro asunto que ha marcado la actualidad: la búsqueda de responsabilidades políticas en torno al trágico accidente minero de Cerredo y las deficiencias detectadas en la Administración por la Inspección General de Servicios. Pero Cerredo no se apaga y ya es inevitable para el Gobierno. Es probable que, en ausencia del presidente, el socio de gobierno, Izquierda Unida, haga públicas las conclusiones de su análisis sin escatimar nombres. El PSOE difícilmente podrá escapar de las exigencias de sus socios (y de las voces internas) si no quiere reforzar el discurso de la derecha, que apunta directamente al jefe del Ejecutivo. El problema para los socialistas será, llegado el caso, cómo actuar si esas responsabilidades políticas (siempre esquivas) terminan por concretarse.

También el Ejecutivo ha logrado cambiar la música con la decisión de acudir al Tribunal Supremo para reclamar medidas contra el peaje del Huerna, tanto por su prórroga como por las condiciones en las que ha operado en los últimos meses. El consejero Alejandro Calvo ha asumido ese papel casi simbólico de ariete institucional (aquel William Wallace al que apelábamos cuando comenzaba el conflicto), elevando el tono contra el Ministerio de Transportes no sin cierta amargura. Con independencia del origen del desencuentro con el ministro Óscar Puente, resulta difícilmente justificable que el Estado ignore demandas compartidas por tres comunidades autónomas, convirtiendo lo que debería ser una relación de lealtad institucional —más aún tratándose del mismo partido— en un juego de afinidades y distancias.

Porque suele ocurrir que cuando se fuerzan los tiempos y se ignora el decoro institucional, las cosas se tuercen. Por ejemplo, plantear la elección del director de la RTPA dando por hecho un desenlace ajustado en segunda votación cierra puertas de antemano. Más aún cuando la propuesta se formula sin una interlocución real con los grupos que deberían sostener el plan B. En una de estas se vuelve a la casilla de salida.

A falta de un año para las elecciones —un año—, la sensación de tiempo de descuento se extiende. Todos fían su estrategia a las encuestas, convertidas en oráculo de estudiantes poco aplicados, cuando aún hay margen para rehacer posiciones. La polarización, mientras tanto, empuja hacia una dinámica cada vez más rígida. El acuerdo PP-Vox en Extremadura anticipa los términos de futuros pactos de investidura. La cuestión de fondo será cómo evitar bloqueos institucionales sin obligar a soluciones que agraven la fractura política. Pero para eso hace falta una altura de miras que, por ahora, no aparece. Ni se otea siquiera.

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