Un año después del apagón

La electricidad tiene una virtud incómoda: no admite ideologías. Por eso el apagón no fue solo un fallo técnico. Fue, sobre todo, un recordatorio de que la política energética no se puede construir sobre relatos, sino sobre física. Un año después, ya no faltan informes. Falta algo más básico: asumir responsabilidades.

Porque lo ocurrido el 28 de abril no fue una fatalidad. Fue un colapso del sistema eléctrico en toda regla. Y, como se puso de manifiesto esta semana en el Congreso en la jornada organizada por el Partido Popular, no se explica sin una cadena de errores donde el Gobierno y Red Eléctrica tienen nombres y apellidos.

Durante meses, Moncloa ha intentado construir un relato: primero insinuó sabotajes, después habló de un incidente excepcional. Hoy sabemos que no fue ni una cosa ni la otra. El informe europeo de ENTSO-E es claro: el sistema llevaba horas operando en condiciones de estrés, acumulando señales de alerta sin que nadie actuara a tiempo.

Eso no es mala suerte. Eso es mala gestión. Y el fallo no fue puntual, sino sistémico. La caída en cascada, provocada por deficiencias en el control de tensión y potencia reactiva, evidenció un sistema sin margen de seguridad. Un sistema al límite. Y lo más grave: un sistema que llevaba tiempo avisando.

Aquí es donde la responsabilidad pasa a ser ineludible. Red Eléctrica conocía los riesgos. El propio operador llevaba años alertando de la necesidad de adaptar los procedimientos técnicos a un sistema con cada vez más generación no síncrona. Pero esas advertencias no se tradujeron en decisiones a tiempo. Y el Gobierno, por su parte, optó por mirar hacia otro lado.

Mientras se batían récords de instalación renovable, se ignoraba lo esencial: cómo integrar esa capacidad sin comprometer la estabilidad. Las “reglas de tráfico” del sistema eléctrico se quedaron obsoletas. Y cuando finalmente se actualizaron, fue con una puntualidad difícil de justificar: justo después del apagón.

Pero si el apagón fue grave, lo que vino después no lo fue menos. A la caída del sistema le siguió algo igual de preocupante: el apagón informativo. Un año después, los españoles siguen sin una explicación clara, sin una asunción de responsabilidades y sin consecuencias políticas.

Nadie ha dimitido. Nadie ha rendido cuentas.

Mientras tanto, la realidad del sistema ha desmentido por completo el discurso oficial. Tras el apagón, España ha tenido que quemar más gas. Entre mayo y octubre de 2025, la generación con ciclos combinados se disparó en torno a un 50%. No por estrategia, sino por necesidad.

Cuando el sistema falla, no hay ideología que lo sostenga. Entran las tecnologías que garantizan estabilidad. Y eso evidencia la gran contradicción de estos años: una transición energética mal diseñada puede acabar siendo más cara, más contaminante y más insegura.

El problema nunca fue tener más renovables. Fue construir un sistema sin respaldo suficiente, sin almacenamiento a escala y sin mecanismos adecuados de estabilidad.

España presume de tener uno de los precios mayoristas más bajos de Europa. Pero esa ventaja desaparece cuando llega la factura. Durante buena parte de 2025, los consumidores han soportado una presión fiscal desproporcionada, con un IVA del 21% y un sistema cargado de costes adicionales.

A eso se han sumado los costes derivados del propio apagón: más servicios de ajuste, más intervención para estabilizar la red, más gasto oculto. El resultado es claro: familias e industrias pagan una electricidad más cara de lo que deberían.

Y esto, en regiones industriales como Asturias, no es un debate teórico. Es una cuestión de competitividad y de empleo. Cada euro adicional en la factura energética es una desventaja frente a otros países europeos. Es inversión que no llega. Es industria que pierde terreno.

Porque un sistema eléctrico no es solo una suma de megavatios. Es un equilibrio entre generación, redes, respaldo y regulación. Y España ha roto ese equilibrio. Hemos corrido mucho en renovables. Pero hemos llegado tarde en todo lo demás.

Mientras tanto, Europa empieza a rectificar y ya reconoce como un “error estratégico” haber relegado la energía nuclear en los últimos años. Países como Francia o Bélgica han entendido que la transición energética no puede construirse a costa de la estabilidad del sistema y han optado por preservar su capacidad firme, incluida la nuclear, como garantía de suministro y de precios predecibles. España, en cambio, mantiene el calendario ideológico e irresponsable de Teresa Ribera sobre el cierre de nuestras centrales nucleares, eliminando potencia que sostiene el sistema sin disponer aún de una alternativa equivalente.

Hoy, la lección es evidente. Solo queda preguntarse si alguien va a hacerse responsable de que no vuelva a ocurrir. Porque en energía no basta con tener razón en el discurso. Hay que tener razón en el sistema. Y hoy, España sigue sin tenerla.

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