Más allá de dimisiones

El caso Cerredo no es una discusión sobre quién debe dimitir o establecer una lista de señalados. Es ya algo que pone a prueba la capacidad de los partidos y del sistema político asturiano para asumir responsabilidades y dar respuestas a quienes las necesitan ante una situación en la que el Gobierno se enfrenta a un relato vacío.

La crisis no se explica únicamente por los hechos, sino por la dificultad del Ejecutivo para imponer una interpretación coherente de lo ocurrido. El PSOE sostiene que no existe un vínculo directo que justifique responsabilidades inmediatas. Que el accidente ocurrió totalmente al margen de las reconocidas deficiencias del Servicio de Minas. IU y la oposición, en cambio, sitúan el debate en la necesidad de depurar responsabilidades políticas, sin entrar en el debate de fondo. ¿Por qué se colocó en una zona de sombra la actividad extractiva de carbón y por qué se decidió recuperarla pese al marco global para ese tipo de explotaciones?

PSOE e IU son socios de un Gobierno, una relación que incluye también la asunción colegiada de las decisiones, los éxitos y los fracasos. Pero ambos partidos mantienen dos relatos irreconciliables, sin ningún punto en común, lo que hace que el Ejecutivo, en su conjunto, ofrezca un relato inconexo. Y cuando eso ocurre, la sospecha ocupa el espacio que deja libre la explicación. A veces, el vacío de un discurso es más destructivo que un error, porrque este puede corregirse. Pero la ausencia de una respuesta política coherente, y reconocible, en cambio, transmite distancia, cálculo y actitud a la defensiva. Irremediablemente, todo ello conlleva un desgaste institucional.

El momento clave está en el instante en que un debate deja de ser únicamente una disquisición jurídica o política y comienza a convertirse en moral. Un Gobierno no debe ser tan solo un estupendo y riguroso administrador contable.

Los mismos socios del gobierno, PSOE e IU, han discutido intensamente la última semana una salida para la situación a la que se enfrentaban más de un millar de asturianos que afrontaban reclamaciones de deudas por pagos del salario social que en algunos casos llegaban a los 30.000 euros. En rigor, el proceder de la administración había sido correcto: el Principado había abonado una cantidad indebida y la reclamaba a los perceptores incluyendo intereses. Pero moralmente resultaba inaceptable que un situación engordada por la lentitud de la administración para llevar a cabo sus procesos terminase empujando a los afectados, precisamente personas que habían necesitado ayuda, de nuevo a una situación económica insostenible. La salida ha sido elaborar un proyecto de ley que reconoce el fallo de la administración y exonera de la devolución del dinero percibido.

Es decir, la administración ha reconocido su responsabilidad y obrado en consecuencia. En ese caso es fácil establecer esa causa-efecto a la que tanto alude la parte socialista del Gobierno para justificar la decisión. Pero por las mismas, el Gobierno podría haber señalado que era responsabilidad del ciudadano haber sido consciente de que percibía un dinero que no le correspondía, y que debió haberlo reservado en una cuenta corriente ingresando mes a mes a la espera de que en algún momento se le pidiese. Sería administrativamente correcto, razonable y riguroso. La cuestión está en si resultaría moral.

Cuando en un debate se ciñe a la legitimidad legal, a cumplir los trámites, a esperar informes, a interpretar en términos de inflexible rigor dónde se encuentra la responsabilidad, se aparenta estar más preocupado por protegerse que por reparar.

Cerredo ya no es una batalla por un dictamen, o por una lista de responsables. Tampoco sobre dimisiones. Es una prueba sobre la capacidad de un Gobierno para transformar una tragedia, ocurrida en un ámbito que debía estar sujeto al control público, en una respuesta institucional creíble.

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