Peramato

Cuando la Fiscalía General decide marcar el perímetro de los beneficios penales de un investigado justo en el momento en que su confesión empieza a incomodar al poder ejecutivo, el problema deja de ser técnico y pasa a ser sospechosamente político. Por eso no resulta difícil de entender que la intervención de Teresa Peramato erosiona cualquier presunción de neutralidad.

Aldama, hasta hace nada un actor secundario en las tramas corruptas del PSOE, se había convertido la pasada semana en pieza relevante para Anticorrupción. Su testimonio no solo aportaba detalles, sino que abría líneas que, de confirmarse, resultarían incómodas para el partido en el Gobierno. No es de extrañar, por tanto, que ahora se desaten los recelos sobre la Fiscalía General, que más que ordenar el proceso parece pretender encauzarlo. Pero no hacia la verdad, sino hacia un terreno menos resbaladizo para quienes sostienen el poder. O, por expresarlo de otro modo, se sostienen con él.

La justicia se ha apoyado con frecuencia en los testimonios de los despechados y arrepentidos para poder profundizar en el delito. Había resentimiento en aquel contable chileno del PSOE que no cobraba, Van Schowen, cuando se propuso destapar el "caso Filesa". Pero sin su colaboración no hubiéramos podido llegar al fondo. Aldama ha empezado a cantar y, en ese preciso instante, la Fiscal General decide limitar la posible rebaja de su pena. Evidentemente lo que buscan resentidos y arrepentidos, colaborando, es aliviar su castigo; si no es así jamás encontrarían razones convenientes para hacerlo. Es como si Peramato estuviera mandándoles a todos ellos la señal de que colaborar con la Justicia no les servirá demasiado en el futuro. Mejor mantener la boca cerrada.

La actuación de la fiscal general del Estado responde a la lógica de un nombramiento que ya anticipaba fidelidad antes que autonomía, pero cada día que pasa se avanza en el deterioro de las instituciones.

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