Lo que no se entiende, cabrea

Hay decisiones de la justicia que, vistas desde fuera, te dejan con una mueca rara. No hablo de grandes debates jurídicos, sino de esa sensación común y bastante humana de que algunas cosas no terminan de sonar bien, aunque estén perfectamente amparadas por la ley. Y sí, claro: la ley es la ley. Los jueces no están para interpretar lo que sienten, sino para aplicar lo que está escrito. Eso lo sabemos, otra cosa es que lo compartamos sin fricción.

A mí, por ejemplo, lo de la prescripción me cuesta. Mucho. Esa especie de fecha de caducidad del daño. Pasados tantos años, ya da igual lo que hicieras. El delito existió, la víctima sigue ahí, pero el reloj manda. Los juristas explican que el Estado pierde legitimidad para castigar cuando han pasado demasiados años, que las pruebas se degradan, que los testigos olvidan, que la pena ya no cumple su función. Razones tendrán, y serias, pero a quien le pasó lo que le pasó, esas razones le suenan a poco.

Porque el tiempo, una piensa, no limpia. A lo sumo tapa, aleja del foco, vuelve más incómodo recordar, pero no borra. Y menos a quien lo sufrió. Luego están las atenuantes. Que si una adicción, que si una intoxicación, que si un estado alterado... Y una se queda mirando el papel, con esa lógica básica de quien no ha estudiado Derecho, pensando lo mismo que pensaría cualquier vecino de cualquier pueblo: si alguien comete un delito bajo los efectos de algo que ha decidido consumir, ¿ahí no debería haber más responsabilidad? Pero no. El Derecho introduce contextos, matices, circunstancias. Y ahí se abre esa distancia incómoda entre lo que dicta la ley y lo que uno siente que sería justo.

A los juristas todo esto les parecerá una ingenuidad –y probablemente lo sea–, pero el ciudadano de a pie, ese que aunque no ha leído el Código Penal paga sus impuestos y aguanta lo que le toca, no llega a ese matiz. Llega al titular que dice que el delito prescribió, o que la pena se rebajó porque el acusado iba puesto. Y ahí se planta. Y no entiende. Y cuando demasiados ciudadanos no entienden demasiadas decisiones, el problema deja de ser del ciudadano y empieza a ser del sistema.

Al final, una asume que la justicia no puede funcionar a golpe de intuición ni de enfado. Que necesita reglas, límites, procedimientos y que sin todo eso volveríamos a la ley del más fuerte, y eso no lo quiere nadie. Pero entre el rigor jurídico y la incomprensión generalizada hay un espacio que se llama explicación razonada. Quizá no haya que cambiar tanto la ley como el modo de contarla. O quizá sí haya que cambiar la ley en algunos puntos, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando una decisión judicial choca con el sentido común de medio país, y la única respuesta que se ofrece es que está dentro del Código, algo se ha quedado por el camino. Probablemente, lo más importante.

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