El día de Europa: la democracia de cada día

El marco normativo de nuestra ciudadanía es más europeo que nacional

El sábado 9 de mayo celebramos de nuevo el día de Europa recordando el célebre discurso de Robert Schuman que, en tal día del año 1950, sentó las bases de un proyecto de paz, prosperidad y cohesión social que llega hasta el presente. Desde los tiempos de la Comunidad Europea del Acero y del Carbón fundada en 1951, pasando por la Comunidad Económica Europea creada con el Tratado de Roma de 1957 hasta llegar a la formalización de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht en 1993, muchas cosas han cambiado a nuestro alrededor y en nuestro propio continente. De entre ellas, hoy deseo centrarme en una especial: la emersión de una democracia europea vibrante que no siempre está a la vista del público.

Para una gran parte de la ciudadanía, la Unión Europea aparece exclusivamente como una unión de Estados. Me explico. La Unión es una organización de Estados, pero es mucho más, es también una democracia compartida. Intento detallar este matiz. Nuestro país, España, forma parte de organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, la OTAN y otras muchas, donde los gobiernos de tales países aliados debaten y acuerdan orientaciones y pactos de distinta naturaleza. En las cumbres, reuniones y asambleas, que se suceden en el calendario y vemos en los telediarios, los presidentes de esos Estados o sus ministros intercambian opiniones y, en muchos casos, sirven para orientar políticas. Pero, en esos marcos institucionales, cada país es formalmente soberano y, por ello, cualquier decisión debe ser adoptada bajo unanimidad.

Sin embargo, la actual Unión Europea ya no es eso, aun a pesar de que se repitan también esas reuniones de presidentes o ministros, que es lo que apenas vemos en los medios de comunicación del trabajo comunitario. Hay, pues, una cierta similitud en la visibilidad de lo que la Unión hace y de cómo funciona con la participación de nuestro país en otras institucionales internacionales.

Ahora bien, la realidad es muy distinta porque, insisto, la Unión es una democracia, no una organización multilateral, donde el grueso de las decisiones se toman por mayoría, no por unanimidad, con la participación obviamente de los Estados, a través del Consejo, pero también de la representación de la ciudadanía europea a través del Parlamento, quien inviste al presidente del gobierno comunitario, la Comisión, y a todo su gabinete, y co-legisla directamente y con plena independencia del resto de poderes de la Unión, conformando el marco normativo en el que todos los europeos vivimos.

La ciudadanía está definida por el marco legal que ordena nuestras vidas. Es decir, el conjunto de leyes que arbitran el funcionamiento de una sociedad aterriza el concepto de ciudadanía, nuestros derechos y nuestros deberes. Pues bien, en este sentido, la Unión elabora dos tipos de normas: directivas y reglamentos. Las primeras regulan una actividad con un cierto margen de flexibilidad de modo que cada Estado debe desarrollar después su propia ley nacional en la horquilla definida por la directiva. Las segundas, los reglamentos, son leyes que se aplican de manera automática a todos los europeos, sin matiz o desviación posible. Es decir, un reglamento es una ley, tal y como la entendemos en nuestro país. Y ambas normas, excepto en materia impositiva, se discuten y aprueban por mayoría, tanto en el foro que representa a los Estados, el Consejo, nuestra cámara de representación territorial, como en el Parlamento, el órgano que representa a la ciudadanía europea.

Probablemente, a usted, querido lector, apenas les llega la información sobre los asuntos que se bloquean y exigen unanimidad, pero el grueso de la normativa circula con normalidad democrática, sin noticia, y es ahí donde está la democracia comunitaria en acción.

Pues bien, si "pesamos" las directivas y los reglamentos junto a las leyes nacionales, quizá vea una realidad que no tenga presente. Por cada ley singularmente española que se aprueba en nuestro país, se transponen también tres directivas europeas al marco normativo español. Pero, por cada tres directivas que se aprueban en Bruselas, con la participación de los Estados y del Parlamento, tramitamos a su vez unos seis reglamentos. Es decir, sólo el 10 por ciento de las nuevas normas tienen su fuente en el "soberano español" que debe adaptar, en todo caso, un 30 por ciento de normas que se aprueban por el "soberano compartido europeo" que, a su vez, determina el 60 por ciento del conjunto de la normativa de manera idéntica para todos los europeos. Así pues, debemos reconocer que el marco normativo que sustancia nuestra ciudadanía es ya más europeo que estrictamente nacional. Y todo ello, no a través de normas "impuestas" desde Bruselas, sino negociadas y acordadas por quienes representan a la ciudadanía europea y a sus países.

Por lo tanto, la Unión no es una versión europea de las organizaciones internacionales, sino la extensión continental de nuestras democracias locales. Es decir, somos ciudadanos esencialmente europeos y es vital que internalicemos esa realidad para establecer las prioridades y agendas que tenemos también como asturianos.