El duro examen de agosto para las administraciones

Los gobiernos autonómicos afrontarán en los próximos meses la fase menos vistosa y más comprometida de los fondos europeos: la evaluación del cumplimiento de los objetivos e inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Tras años de anuncios, llega el momento de acreditar qué se ha ejecutado realmente, qué inversiones han cumplido a tiempo los hitos comprometidos y qué dinero deberá devolverse.

El Ministerio de Hacienda tiene todavía pendiente hacer oficial el procedimiento de reintegro de los fondos que hayan quedado sin invertir o de actuaciones que no hayan alcanzado los hitos de evaluación. En enero, el Gobierno central sometió a información pública la orden ministerial que regulará ese proceso, que afecta a comunidades autónomas y sus entes, corporaciones locales, organismos públicos y también entidades privadas.

La norma no se limita al dinero no gastado. También contempla devoluciones por incumplimientos formales o materiales. No bastará, por tanto, con haber anunciado, adjudicado o iniciado actuaciones.

La Unión Europea ha establecido como fecha límite e improrrogable para certificar las inversiones el próximo 31 de agosto, y el plazo para que los Estados miembros presenten la última solicitud de pago será el último trimestre de 2026. Ese margen permitirá aún apurar la ejecución, incluso con ejercicios de malabarismo administrativo y contable. Pero el reloj ya no mide promesas, sino expedientes.

La batalla estará en cómo se evalúan los hitos alcanzados y qué ocurre con las actuaciones en marcha que no lleguen a tiempo para su conclusión. En algunos asuntos, como vivienda, el Gobierno central está dispuesto a permitir que la "foto finish" se produzca en diciembre. La clave está en que algunos hitos fijados por Bruselas se evalúan en el conjunto del Estado y no actuación por actuación. Así, una política puede considerarse cumplida ante la Comisión aunque no todos los fondos de esa línea estén plenamente ejecutados en cada territorio.

Ninguna administración querrá ser señalada como culpable de una baja ejecución. Las devoluciones afectarán a gobiernos de todo signo, aunque algunas comunidades, como las gobernadas por el PP, ya se han puesto la venda antes de la herida. Su argumento es que el sistema de reparto fue excesivamente centralizado y dejó a los territorios poco margen para decidir, planificar y adaptar los proyectos a sus necesidades reales.

En Asturias, los próximos meses obligarán a pisar el acelerador. El Principado tiene asignados 791 millones de euros, aunque de manera efectiva solo ha ingresado hasta ahora 762. Según el Ejecutivo autonómico, hay abonados por actuaciones realizadas 483 millones, el 63,3% del total recibido. La oposición cuestiona esas cifras y descuenta las transferencias que el Principado realiza a otras administraciones, al entender que no equivalen necesariamente a ejecución final.

La verdadera batalla de cifras llegará en verano. Entonces aflorarán iniciativas y organismos fascinados por la aparente lluvia de millones sin tener en cuenta que la clave no estaba en recibir dinero, sino en tener capacidad de gestión y ejecución. La situación vista en Cogersa, con la renuncia a varias actuaciones por incapacidad de cumplir los plazos, y la dilución de otras anunciadas con bombo y platillo anticipa la revisión política.

En medios del Gobierno asturiano se estima que se llegará a la fecha límite con una ejecución cumplida en torno al 90% del total. En los fondos ya recibidos, sostienen, está adjudicado el 93%. Pero en agosto el examen no será sobre lo anunciado ni sobre lo adjudicado, sino sobre lo ejecutado, certificado y concluido.

Hay, además, un aspecto orillado. La devolución tampoco será inocua. Hacienda exigirá intereses del 4,06%, como corresponde en la legislación que regula las subvenciones. No ejecutar no solo implicará devolver dinero europeo: tendrá coste añadido para el mal gestor. En agosto veremos qué parte de aquella lluvia de millones fue transformación real y qué parte quedó atrapada en el laberinto de la gestión. Porque incluso no hacer tiene su coste.

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