Opinión
El reconocimiento de profesión de riesgo
Sobre la lucha de algunos cuerpos por lograr las mejoras que implica su actividad
Del Real Decreto 402/2025 sobre anticipar la jubilación mediante coeficientes reductores se extrae la palabra clave "excepcional" aplicada a trabajos de esa naturaleza y desempeño frente al peligro, la penosidad, toxicidad e insalubridad. Anticipándonos a este decreto de adelantar la jubilación, en 1998 la ONGD Asociación de Bomberos de Asturias fue pionera en realizar una campaña a nivel nacional para recoger veinte mil firmas y registrarlas en el Ministerio de Administraciones Públicas solicitando la jubilación anticipada para bomberos, una iniciativa que incluía recurrir al Defensor del Pueblo.
Seis años después, en 2004, la Plataforma Unitaria de Bomberos se manifestaba en Madrid para dar con la tecla y que esa iniciativa tomase forma, previo a la elaboración de un amplio dossier sobre etiología de enfermedades y siniestralidad laboral, tremendamente alta en bomberos de toda Europa y Estados Unidos. Dado que en España los políticos sobreentendían que la profesión de riesgo es inherente al bombero (ser profesionales aguerridos, valientes, osados y temerarios) nadie escuchó en un primer momento. Aunque luego, sí.
Esa misma percepción política está ocurriendo actualmente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no en las policías foral y catalana. En el caso de la policía local, siempre afines a los bomberos, les fue concedido por inercia y Derecho. Este "partido" por el reconocimiento como profesión de riesgo a los cuerpos de Policía y Guardia Civil-Aduanas se juega desde hace dos años con una proposición de ley del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Ya se va por la 71.ª prórroga, conteniendo así la Cámara Baja su aprobación.
Sin entrar en la letra pequeña de lo exigido por las partes, la experiencia nos lleva a recordar que el Decreto 383/2008 de aplicación a los bomberos reconoce su merecido coeficiente reductor. La petición es muy simple y se resume de manera sencilla: que los profesionales del sector no se vayan jubilados y enfermos con una expectativa de vida inferior al resto. Todo ello argumentado con rigurosos estudios médicos.
En el caso de bomberos, bastaría con aplicar el Derecho comparado para darse cuenta de que, para algunas cuestiones, nuestro Estado va por libre, mientras algunas policías autonómicas sí que tienen reconocida la profesión de riesgo y sus correspondientes contraprestaciones. No es tanto el periodo de carencia, dos años de "partido" desde la presentación de la proposición de ley de los populares, como la pertinaz tozudez de impedir que llegue a buen puerto lo que enfada a los afectados.
En el caso de bomberos el gol que dio la victoria se jugó en Madrid, en el año 2004, con miles de funcionarios clamando por sus derechos, como Fuenteovejuna. Veremos qué pasa ahora con otros cuerpos. n
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