Manual de contrarresistencia

En los últimos años es frecuente que algunos políticos se refieran a sí mismos como "los que están en el lado correcto de la Historia". Esa expresión no resulta muy diferente de la que suelen utilizar muchos personajillos televisivos efímeramente famosos cuando, a la hora de explicar un conflicto de los habituales en el tipo de programas en que intervienen –generalmente referido a si se han acostado o no con alguien, cuándo, cómo, por qué y cuántas veces–, manifiestan solemnemente que "ahora voy a contar mi verdad", como si la verdad fuera algo susceptible de que cualquiera se apropie de ella o de que puedan coexistir tantas verdades como personas involucradas en determinado acontecimiento. Pues con la Historia sucede algo parecido: los hechos que la componen son datos objetivos y, aunque todo sea susceptible de interpretación o valoración, no todos los intérpretes de los hechos históricos merecen ser medidos por el mismo rasero, porque la ignorancia y el sectarismo devalúan la calidad de sus conclusiones. La Historia no tiene lados, porque no es un polígono, ni existen lados correctos o incorrectos, pues en geometría no cabe aplicar conceptos de naturaleza moral.

Como lo de "estar en el lado correcto de la historia" no se puede afirmar sin arriesgarse a un vapuleo dialéctico, vamos a examinar una serie de supuestos imaginando qué podrían pensar esos políticos que se autositúan en el lado correcto acerca de algunas cuestiones, y a fantasear con sus hipotéticas respuestas.

1. ¿Aceptarían una "democracia electrónica" como complementaria de la tradicional de urnas cada cuatro años?

Actualmente casi nos exigen que nos comuniquemos con cualquier Administración por vía telemática. Los bancos reducen drásticamente las ventanillas y las cajas con personas físicas, convirtiéndose en una especie de cafeterías sin café, en las que los clientes dudan si pedir un crédito o unas patatas bravas. ¿Por qué el Gobierno Central no se autoimpone la obligación de consultar telemáticamente a los ciudadanos, y con carácter vinculante, si están de acuerdo o no en bendecir, por ejemplo, determinados pactos o coaliciones con partidos en contra de lo anunciado en el programa electoral; cesiones de competencias a ciertas comunidades autónomas; la concesión de indultos o la financiación singular y discriminatoria a favor de determinadas autonomías? Creo que sería una forma útil de apuntalar los principios democráticos, para que no quede todo reducido a meter, cada cuatro años, un papel impreso en las urnas habilitadas al efecto. Técnicamente no debe ser muy difícil implementar esta forma de control del poder, máxime cuando, actualmente, la Agencia Tributaria puede conocer hasta la marca de papel higiénico utilizada si el contribuyente lo paga con tarjeta.

Pues sospecho que, aunque desde las alturas nos frían con el imperio de lo telemático, nunca va a suceder lo que propongo, porque no les conviene, y punto.

2. ¿Los "españoles primero"?

Contamos con suficientes leyes, entre ellas la Constitución de 1978 (artículos 10 a 55, excepto el 23), que pueden desactivar esa idea expresada tan a la ligera. Sin embargo, no conviene simplificar el tema de la inmigración irregular, porque es un problema complejo que requiere un análisis realista y, sobre todo, huir de posiciones demagógicas, tanto a favor como en contra.

Tampoco parece lógico acordar, de repente, proceder a regularizaciones masivas y precipitadas de inmigrantes con propósitos no muy claros. ¿Por qué precisamente ahora? La conveniencia de una regularización, nunca masiva para no atascar a los organismos encargados de tramitarla, se debería estar estudiando y preparando desde hace mucho tiempo, y su ejecución práctica llevándose a cabo ininterrumpidamente y siempre con la suficiente serenidad y rigor para estudiar cada caso. Con ello se disminuiría el riesgo de adoptar decisiones erróneas y de regularizar a quien no lo merezca o resulte perjudicial para la sociedad española.

Desde otro punto de vista: ¿se sabe, realmente, qué opinan los españoles a este respecto? El artículo 1.2 de nuestra vigente Constitución establece que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", por lo que no se puede soslayar, sin más, lo que el pueblo piense o quiera.

Creo que únicamente cabe sospechar o intuir lo que piensa el pueblo, pues cualquier encuesta que se lleve a cabo colisionará con el problema de que las respuestas podrían no ser sinceras, especialmente las de aquellos que, habiendo pagado impuestos toda su vida, contemplan cómo se desvían los recursos que deberían complementar sus insuficientes pensiones o disminuir sus cargas fiscales en favor de otros destinatarios recién llegados y que todavía no contribuyen a llenar las arcas comunes. ¿El motivo? Pues que muy pocos quieren quedar públicamente señalados como insolidarios y exponerse a recibir ataques virulentos e injustos, como le sucedió al pobre Arzobispo de Oviedo, por un comentario que tenía todo el derecho a hacer en uso de su libertad de expresión y que se utilizó como arma en su contra, sin haber analizado adecuadamente sus palabras, cuyo sentido no era difícil de entender.

No soy quién para recomendar prudencia a don Jesús, pese a que, como jurista veterano, sé que pueden decirse muchas cosas, incluso muy duras, jugando con la sutileza del idioma para no dejar demasiados pelos en la gatera; pero tengo la sensación de que algunos de los que le atacaron, católicos o no, seguramente sentían que ellos sí estaban –y no el señor Arzobispo– "en el lado correcto de la Iglesia o de los Evangelios", o sea, una variante de los que dicen estar "en el lado correcto de la historia".

3. Encuestas.

Sin necesidad de establecer la "democracia electrónica" a la que me referí anteriormente, si hubiera una serie fiable de encuestas coincidentes, mantenidas en el tiempo y que revelen que la sociedad española no ratificaría con su voto la actual composición de las cámaras legislativas ni, por ende, a un gobierno como el existente, me pregunto qué legitimidad moral tienen para mantenerse y seguir funcionando y el gobierno para no disolverlas y convocar nuevas elecciones. No dudo que dirán que la ley les permite seguir hasta agotar el plazo legal, lo que es cierto, pero esa lamentable disfunción pone en evidencia que la exclusiva voluntad de una persona, el Presidente del Gobierno, según establece el artículo 115.1 de la Constitución, tiene más peso que la soberanía popular, cuya voluntad puede sondearse mediante encuestas.

Es evidente que no es lo mismo una elección tradicional que el resultado de una o muchas encuestas, pero hay una serie de comportamientos éticos y democráticos que no deberían dejarse de lado. Quien recuerda esto suele ser considerado como alguien molesto e inoportuno, al igual que "Pepito Grillo", el grillo parlante del cuento de Carlo Collodi que ejercía el papel de conciencia cuando Pinocho todavía era un "burattino", una marioneta de madera que había cobrado vida.

Debo recordar que, al contrario de lo que sucede en la película de Walt Disney de 1940, en la historia original, Pinocho, harto de las advertencias del insecto, le lanza un martillo y lo mata. Prefiero no extraer conclusiones de este penoso dato objetivo, que se ocultó a los niños que amábamos aquélla preciosa película de dibujos animados.

4. Referéndum.

Vayamos a un caso singular pero de especial trascendencia que nos puede servir para argumentar: ¿por qué no es obligatorio convocar un referéndum para, por ejemplo, declarar una guerra? De acuerdo con lo previsto en el artículo 63.3 de la Constitución de 1978 corresponde al Rey declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales. Por su parte, el artículo 92, al referirse al "referéndum" en general y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, deja bien claro que el plantearlo es una mera "facultad", y que lo convoca el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

Tratándose de algo que afecta radicalmente a nuestras vidas y bienes, ¿cómo pueden arrogarse el Presidente y una Cámara -y menos aún si las encuestas dicen que ya no tienen una mayoría moral para legislar ni decidir- el derecho absoluto a someter, solo si les parece oportuno, una decisión como esta a referéndum?

La Ley Orgánica 2/1980 regula su celebración en las diversas modalidades y desarrolla la normativa constitucional. Previsiblemente, en un caso tan extremo como la declaración de guerra, también se podrá invocar que la urgencia impide seguir los trámites de un referéndum previo, y el artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica establece una serie de restricciones que no dejan de tener su lógica justificación, pero que tampoco deben desviar nuestra atención del tema esencial: ¿hasta qué punto tiene el Gobierno la obligación moral y democrática de consultar a los ciudadanos la adopción de decisiones que afecten a sus intereses básicos?. Salvo para modificaciones constitucionales, de acuerdo con lo establecido en los articulo 167 y 168 de la Constitución, las consultas son facultativas. En consecuencia, ¿cuál es "el lado correcto de la interpretación del texto constitucional"? ¿No establece el artículo 1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español? Y no se trata de una simple declaración retórica: el texto constitucional no puede equiparse a un florero decorativo y, quien lo hace, se equivoca.

Como se puede comprobar, existe una larga distancia entre las declaraciones básicas de la Constitución y su aplicación práctica. Descartado que exista un "lado correcto de la Historia", tengo la sensación de que los que se siguen aferrando a esa estúpida muleta, pretenden confinar al ciudadano a un imaginario "lado idiota de la Historia", para que se quede allí y no incordie demasiado. Y, si analizamos lo que sucede en todo el mundo, vemos que el comportamiento de los dirigentes de los países más poderosos tampoco invita al optimismo. Por eso, con frecuencia me viene a la cabeza un párrafo que no resulta demasiado esperanzador: "¡Malditos sean los tiempos en que un rebaño de ciegos es conducido por un puñado de locos!". Estas palabras no son mías. Las escribió William Shakespeare en el acto IV, escena segunda, de "El Rey Lear".

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