De probarse

Habría un orden de perjuicio: el presidente del Gobierno, el Partido Socialista y –tan modesta que ni mayúscula– la democracia. Pero no el presidente del Gobierno en tanto que órgano constitucional, sino el presidente Pedro Sánchez. Tampoco el Partido Socialista como institución, sino el socialismo y, en él, quienes son socialistas por socialistas –sobra cualquier aclaración– antes que sus militantes y dirigentes.

Sánchez, después de perder –por abajo, se diría– a los últimos secretarios de Organización del partido, perdería por arriba una referencia política y moral. José Luis Rodríguez Zapatero fue el presidente que amplió libertades civiles, el hombre del talante –dicho sin ironía–, el socialista de la "confrontación constructiva" con la oposición. Si por debajo de Sánchez están sus cadáveres –en su día, demasiado cercanos a él o él demasiado cercano a ellos–, por encima está Zapatero, de quien solo se puede decir que quería a sus hijas, especialistas del marketing y la alta facturación, no se sabe si colaboradoras o no, como tampoco si pudieron involucrar al padre o, por el contrario, el padre solo quiso lo mejor para ellas, porque ¿qué no hace un padre por los hijos?

El Partido Socialista se enturbiaría por lo mismo que llegó a gobernar: la corrupción del Partido Popular. Por supuesto, la lealtad al socialismo prevalecería, pero no así la confianza en el partido. Lo peor sería, y en particular para los socialistas que lo son por socialistas –pensar tanto en ellos no es solo pensar, sino algo más–, es que si todo es verdad, el Gobierno lo sabía. El presidente, sin duda. Y, al menos en lo de Plus Ultra, también el Consejo de Ministros. La conclusión es que si un socialista en el poder es susceptible –no por débil, sino por capaz– de corromperse, el socialista de calle puede dejar a un lado la incredulidad y empezar a pensar mal: "También los nuestros".

En cuanto a la democracia, ¿qué decir, si un expresidente del Gobierno...? ¿Una crisis institucional que enfrente al poder ejecutivo con el poder judicial? ¿La degradación de la imagen internacional y el cuestionamiento de la calidad democrática y la estabilidad del Estado español? ¿La desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, por añadirla a la que se tiene en los partidos políticos?