Lo que no concuerda

Algo ha dejado de concordar en la política nacional al tiempo que su propio sentido se hunde en plena zozobra. Pedro Sánchez volvió a exhibir en Roma esa doblez política que define ya al sanchismo terminal. Ante los focos internacionales, el Presidente proclamó su respeto absoluto por las investigaciones judiciales y por la independencia de los jueces. Lo hizo con solemnidad, casi con gesto de estadista europeo preocupado por la salud democrática. Sin embargo, apenas unas horas después, la realidad española desmontaba el decorado: la UCO registraba la sede federal del PSOE en Ferraz por orden del juez Santiago Pedraz en el marco de una investigación sobre una supuesta trama criminal dirigida por Santos Cerdán para hostigar y desestabilizar a magistrados incómodos para el Gobierno.

La contradicción ya no es únicamente política; empieza a ser moralmente muy inquietante. Mientras Sánchez pide respeto para la Justicia, mantiene intacto el apoyo político y personal a José Luis Rodríguez Zapatero, convertido desde hace años en el gran legitimador ideológico del sanchismo más agresivo con las instituciones. Y en tanto el Presidente habla de colaboración con los tribunales, la investigación judicial sitúa el origen de la supuesta estrategia de presión precisamente en aquel momento fundacional del victimismo oficial, que es la famosa "Carta a la ciudadanía" difundida tras la imputación de Begoña Gómez.

Aquella carta, presentada como una reflexión íntima, fue, según parece, el inicio de una operación política cuidadosamente diseñada para desacreditar cualquier actuación judicial que afectara al entorno del Presidente. Desde entonces, jueces, fiscales, periodistas y guardias civiles han sido señalados sistemáticamente desde el aparato político y mediático afín al Gobierno. Por eso el registro de Ferraz tiene un alcance devastador. No se trata solo de una investigación penal; es también la imagen simbólica de un poder que predica respeto institucional mientras, presuntamente, maniobra desde la trastienda contra quienes ejercen el control democrático.

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