El imperio de la ley

La investigación del caso Leire ha hecho emerger una vieja cuestión. A medida que se conocen nuevos detalles, parte del debate público desplaza su atención desde los hechos investigados hacia la legitimidad, independencia o motivaciones de quienes los investigan, aunque lo relevante siga siendo determinar si aquellos tuvieron lugar y, en su caso, qué consecuencias jurídicas deben derivarse de ellos.

Son, por tanto, los hechos que se investigan los que deberían centrar la atención. Si las informaciones que se van conociendo fueran ciertas, estaríamos ante actuaciones dirigidas a obtener información sobre responsables policiales y judiciales, desacreditar unidades encargadas de investigaciones sensibles para el entorno del Gobierno e incluso obstaculizar su desarrollo. Y ante tales sospechas de extrema gravedad el debate no debería centrarse en que la Guardia Civil investigue o que los jueces autoricen diligencias, sino en los hechos que motivan esas actuaciones. En una democracia constitucional, la aplicación de la ley no puede depender de la posición política ni de la capacidad de influencia de quienes puedan verse afectados por una investigación.

Precisamente porque estas actuaciones afectan a instituciones con funciones de investigación y garantía de la legalidad, conviene distinguir entre la crítica legítima a decisiones concretas y el cuestionamiento de la legitimidad de las propias instituciones. Los miembros de la judicatura, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que hoy desempeñan sus funciones han desarrollado la práctica totalidad de sus carreras profesionales en el marco constitucional de 1978. En ocasiones, la crítica a determinadas actuaciones deriva en cuestionamientos más amplios sobre la naturaleza o la cultura democrática de estas instituciones. Sin embargo, su legitimidad deriva del marco constitucional en el que operan, de su sometimiento a la ley y de los mecanismos de supervisión a los que están sujetos. Por esa misma razón, tampoco están exentos de control.

El registro por parte de la UCO de dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil ordenado por el juez Pedraz constituye un ejemplo de cómo esos mecanismos operan también dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Y no porque permita anticipar conclusiones sobre el fondo del asunto, sino porque muestra que la actuación judicial puede alcanzar llegado el caso a cualquier órgano de la Administración o cargo público.

Las democracias liberales requieren instituciones capaces de actuar con autonomía respecto de los intereses políticos afectados por sus decisiones y de ejercer las funciones que les atribuye el ordenamiento, incluso cuando ello resulta incómodo para quienes ostentan poder o forman parte de las propias estructuras del Estado. De ello depende, en buena medida, la vigencia del imperio de la ley, que protege a los ciudadanos frente a los abusos del poder y garantiza que nadie quede por encima de la ley.

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