La desinstitucionalización y la educación social

La vida, hace ya muchos años, nos regaló como referente al educador social surgido de la Universidad Laboral de Gijón, cuando apenas se empezaba a poner en práctica la profesión. Más tarde se reconocieron los estudios universitarios de diplomado Universitario en Educación Social, consolidados con el Real Decreto 1420/1991. Hasta entonces cualquier persona de bien era educador social.

Pero treinta y cinco años después del reconocimiento académico parece no estar claro el desempeño profesional, pese a constituirse el Colegio Profesional ya en el año 2014, tras una labor constante de la Asociación de Educadores del Principado, APESPA. El público objetivo en educación social es muy amplio, pero quedémonos con un principio relevante: "Su labor es constituir una garantía para los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables". Esa visión es determinante para ser educador o educadora.

Orientado hacia la epistemología quedémonos con aquellos principios debidamente codificados que estableció para Asturias el fundador del Hospicio de Oviedo y regente de la Audiencia del Principado, Isidoro Gil de Jaz. El hospicio fue paradigma de la institucionalización o recogimiento de huérfanos, expósitos y desamparados. Si bien la finalidad de don Isidoro era, entre otras, "repoblar" la nación, la instrucción fue el eje fundamental de su propósito, es decir, la formación para un empleo. Hablamos del año 1752, con una nómina profesional que iba del médico a las Hijas de la Caridad, del vigilante a los monitores de oficios, todo bajo el control jurisdiccional de sus objetivos, incluido el económico, que para eso se implantaron impuestos, por ejemplo, al vino.

La inconmensurable concurrencia de medios de toda índole para atender a esa población vulnerable e institucionalizada en el caso de los menores infractores está quedando en entredicho en algún centro e incluye el descontento de los trabajadores y en algunos casos hasta el amotinamiento de los internos. Queda claro que algo no va bien.

Siendo muy poliédrica, debemos quedarnos con la idea principal de la "Estrategia Nacional de Desinstitucionalización". Sus ejes son objetivos y líneas de actuación que deben ir dirigidas no a si el centro de acogida está obsoleto o se cae (ni tan siquiera la actual ratio educadores-educandos), sino a desinstitucionalizar de una vez por todas, reduciendo a la mínima expresión la relación del educador con el adolescente y joven a recuperar, eliminando ese impacto psicológico de entrar en un edificio con el estigma correccional. La concreción en un Centro de Responsabilidad Penal del Menor no es limitativa de esa concepción "desinstitucionalización". No es el caso de excarcelar a presos pues hablamos de los derechos inalienables del menor aún siendo infractor.

La "Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad" tipifica ese modelo de desinstitucionalización (2024-2030) y debe incluirse en ella la correlación entre educadores y menores a recuperar, evitando imitar lo que ya denunciaban hace un siglo los gestores del Real Hospicio y la saturación impresentable de los centros de acogida, aún siendo por responsabilidad penal, pues en cada menor hay un proyecto de vida en el que el educador social vuelca su oficio para sacar la parte más honorable de la persona. Es la cualidad singular del ser, y no de la comunidad en la que le introducen creando el primer impacto psicológico nada más adentrarse en lo que se sigue entendiendo, peyorativo para el interno, como un correccional.

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