Imposición frente a negociación en el conflicto sanitario

Un conflicto legislativo, el referido a la negociación sobre el Estatuto de la Profesión Médica y Facultativa, ha llevado a los sanitarios a una nueva convocatoria de huelga, esta vez por las posturas encontradas con el Ministerio de Sanidad. El intercambio de reproches entre una y otra parte tiene más que ver con una cuestión del reparto de competencias que con una rebelión de los profesionales a cuenta de sus condiciones laborales. Que también, pero no en exclusiva.

Los sindicatos sostienen que el Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García, se ha opuesto a sus condiciones por "una decisión política deliberada", no por una imposibilidad legal técnica, lo que significa que hay conflicto en la medida que no se desaten las contradicciones. A saber: armar un texto legal que recoja la jornada semanal máxima obligatoria de 35 horas para los médicos, unas retribuciones mínimas para la hora de guardia, o la introducción de coeficientes de corrección en la edad de jubilación. Y, hasta que no se vuelva a cumplir con el eslogan "hora trabajada, hora computada" que, al parecer, utilizaba la propia ministra de Sanidad cuando se encontraba en la oposición, no hay acuerdo viable.

La reivindicación de los profesionales para superar el exceso de jornada estructural y sostenido (las guardias) que soportan durante su vida laboral se ha encontrado en las mesas de diálogo (una ironía a la hora de abordar los conflictos sanitarios) con una respuesta "difícil de comprender". Y es que el Ministerio aduce que una parte de las reclamaciones de los médicos es competencia de las comunidades. Es decir, la pelota salta al tejado del vecino de al lado. Sanidad rebate algunas de esas afirmaciones y niega que las guardias no coticen o no computen para la jubilación. Según el Gobierno, el nuevo texto ya incorpora medidas como la jornada de 35 horas, la mejora de guardias y una clasificación profesional adaptada al nivel formativo. Pero ese tono, más cercano a una réplica política que a una comunicación negociadora, ha enfadado a la representación de los trabajadores.

No es que el Ministerio desplace parte de las responsabilidades a las comunidades autónomas, que también lo hace, sino que culpa de la falta de diálogo a los sindicatos, por rechazar de plano la primera propuesta que lanzó para el nuevo Estatuto: la jornada semanal máxima de 42 horas en promedio bimestral. Los profesionales sanitarios reclaman un Estatuto propio y rechazan la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad. ¿La razón? Consideran que el texto legal que les han traslado desde el Gobierno no reconoce la singularidad de la profesión ni sus condiciones laborales específicas.

Los sindicatos alegan que si a partir de este lunes están convocados nuevos paros no es por falta de voluntad de diálogo de los médicos, es porque el Ministerio de Sanidad ha elegido la imposición frente a la negociación, advierten. No ayuda que la ministra de Sanidad apelara este viernes a que las comunidades autónomas tienen la llave para desatascar el conflicto por el estatuto marco de los profesionales. Tampoco ha gustado la comparativa de Mónica García al señalar que si la reforma laboral la tenían que materializar las empresas, "esta reforma laboral sanitaria la tienen que materializar las comunidades autónomas". El Ministerio ha de armonizar que los profesionales de todo el territorio nacional tengan idénticas condiciones laborales. Y después ya se verán especificidades territoriales.

La próxima huelga médica y la negativa de determinados servicios –como se ha anunciado en Asturias– a realizar más horas extra, acaba por herir al eslabón más débil de la cadena: el paciente. Porque se sigue deteriorando el funcionamiento del sistema sanitario y aumentando la presión asistencial en hospitales y centros de salud. Más madera.

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