Un pulso en la sanidad que perjudica al paciente

La sanidad pública sufre las costuras de un sistema que lleva demasiado tiempo fiándolo todo a la vocación de sus profesionales, a la paciencia de los usuarios y a una organización que, aun sobre una asistencia de calidad, acusa síntomas de asfixia. Asturias goza de una sanidad pública sostenida por plantillas de alto nivel, pero también sufre las listas de espera, la presión de las guardias, la sobrecarga en determinados servicios y la dificultad creciente para retener talento joven en el sistema. Problemas que hay que encarar.

La protesta médica que en las últimas semanas sacude al sistema sanitario merece una lectura desde una realidad diversa. Las reivindicaciones son justas cuando reclaman condiciones laborales acordes con la responsabilidad que se asume, jornadas razonables, guardias que no se conviertan en una anomalía perpetua y una carrera profesional capaz de atraer y conservar a quienes han dedicado años de formación a cuidar de los demás. No hay defensa seria de la sanidad pública que empiece por culpar a los médicos. Pero tampoco la hay que ignore a quienes, al final, pagan siempre la factura: los pacientes.

El conflicto nacional por el Estatuto Marco, la revisión de una norma estatal vigente desde hace más de dos décadas que regula la relación laboral de casi un millón de profesionales sanitarios, ha cerrado ya su sexta semana de huelga este año. Y aquí la responsabilidad principal recae sobre el Ministerio de Sanidad. Su titular, Mónica García, ha preferido convertir un problema de fondo, la exigencia de un marco jurídico propio por parte del colectivo médico, en un pulso político con las comunidades autónomas. No es casualidad. La ministra sabe que las competencias sanitarias están transferidas y que la mayoría de los gobiernos autonómicos están en manos del PP. Sabe también que su futuro político vuelve a pasar por Madrid, donde aspira a presentarse frente a Isabel Díaz Ayuso. Esa doble condición —ministra de todos y candidata de parte— obliga a extremar la prudencia. Ha ocurrido lo contrario. En vez de liderar una negociación clara, leal y eficaz, el Ministerio ha trasladado el foco hacia las autonomías, como si el desgaste territorial pudiera sustituir a la responsabilidad de ordenar una reforma laboral sanitaria pactada con quienes deben aplicarla.

La sanidad no soporta bien el tacticismo. Menos aún cuando cada jornada de paro se traduce en consultas demoradas, intervenciones aplazadas y pruebas médicas que llegan tarde. Hasta el Principado ha alzado la voz contra la ministra, de su mismo partido. Detrás de cada número hay una persona que convive con el dolor, la incertidumbre o el miedo, pues hay diagnósticos que no admiten espera. Los servicios mínimos protegen lo urgente, pero no pueden evitar que se resienta lo importante: la continuidad asistencial y la confianza en el sistema.

 El Gobierno de Asturias ha intentado mantener una posición de mano tendida y llamada al acuerdo en la que debe perseverar. La Consejería de Salud no puede limitarse a administrar el conflicto ni a confiar en que el verano rebaje la tensión. Sobre la mesa se le acumula ya otro problema: el de las «peonadas», los programas fuera del horario habitual para aliviar las listas de espera. La decisión de paralizarlas se ha extendido por los principales hospitales de la región. Seis centros de referencia afectados por esta medida muestran algo más que una protesta simbólica: dibujan un riesgo asistencial inmediato.

 Conviene, además, mirar con atención la aparición de un movimiento de médicos jóvenes que ha puesto voz a una incomodidad real: la precariedad salarial y el horizonte profesional de quienes deberían garantizar el relevo generacional. Su emergencia añade un matiz nuevo que la Administración haría mal en despreciar. Recuerda, en parte, a lo ocurrido con los docentes en el conflicto de la educación pública: cuando una generación siente que el sistema le pide entrega sin ofrecer estabilidad, la protesta desborda los cauces tradicionales.

 La salida exige menos propaganda y más negociación. El Ministerio debe asumir su papel, dejar de utilizar el conflicto como ariete contra las autonomías y abrir una mesa real con los médicos. El Principado, por su parte, ha de proteger a los pacientes y buscar acuerdos concretos que eviten que las listas de espera sigan engordando. Defender a los médicos y defender a los pacientes no pueden ser posiciones opuestas, sino convergentes en la senda de garantizar que la sanidad pública siga siendo solvente.