Opinión
La supervivencia de la democracia
La escalada de deslegitimación entre partidos amenaza la estabilidad del sistema y convierte la pugna política en un riesgo grave
La política española avanza en su proceso autodestructivo y parece que no hay nada que pueda detenerlo. Los últimos días están siendo pródigos en malas señales. La peor es el trato explícito que se dispensan los dos principales partidos, más propio de enemigos acérrimos que de rivales competidores. Pedro Sánchez denuesta a su oponente advirtiendo del peligro fatal de volver a un pasado indeseado y sus partidarios alertan de un complot de un conglomerado de las derechas para derrocarlo, mientras Feijóo define al presidente como el "nexo político corruptor" y, con voz amplificada por los medios afines, le niega legitimidad para gobernar por la evidente carencia del apoyo de una mayoría parlamentaria a las iniciativas del ejecutivo, empezando por la tramitación de unos presupuestos nuevos. La descalificación mutua de ambos, que viene del desenlace de las elecciones generales de 2023 y de la disputa sin tregua entre sus partidos desde más atrás, ha adquirido un tono agónico en el pleno del Congreso del miércoles y augura un mayor encono en lo que quede de legislatura y en la campaña electoral que se avecina.
El panorama político refleja con notable fidelidad la situación que Michael Ignatieff describe con la expresión "democracia en las urnas". Se produce cuando los partidos y los dirigentes políticos se apartan de la pauta democrática y persiguen el poder sin reparar en medios ni calibrar las consecuencias de sus acciones. Lo que está en juego no es ya una victoria electoral, una mayoría parlamentaria o la formación del gobierno, sino la integridad de la democracia misma. Los analistas más reputados de las convulsiones políticas que vive todo el mundo democrático coinciden en definir ese comportamiento, y la desafección que provoca en los ciudadanos, como un síntoma inequívoco de crisis de la democracia, que podría presagiar su agonía.
Desde luego, no es un fenómeno específico de España. Pero en nuestro país tiene una manifestación característica, sobre todo por la relación particular que hemos tenido con la democracia. El acuerdo casi unánime que concitó en 1978 la Constitución, aprobada por una mayoría abrumadora de las Cortes y refrendada por una mayoría de similar amplitud de los españoles, puso fin a una historia azarosa, jalonada por episodios de significado contradictorio. La sociedad española decidió adoptar la democracia, forma política deseada y aspiración frustrada durante mucho tiempo. Esta democracia ha superado dificultades, agresiones, y ha proporcionado orden y libertad, facilitando la convivencia. Poco a poco ha ido mejorando y adquiriendo estabilidad y aplomo. Con algunas lamentables excepciones, es un éxito colectivo de los españoles, por encima de la desigual contribución de unos y otros a tan brillante resultado. Medio siglo de democracia merecería una buena celebración, sentida y compartida. Sería más oportuna que nunca.
Pero ahora lo perentorio es tratar de entender qué está pasando y aclarar nuestra actitud hacia la democracia. El grupo parlamentario del PP en el Senado, donde es mayoritario, ha logrado aprobar una moción que exige al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones sin dilación, que implica a los efectos promover la autodisolución de las Cortes, un hecho inconcebible en el parlamentarismo democrático. A la vez, una mayoría del Congreso respalda otra moción presentada por el PP, y aprobada con los votos de Vox y Junts, con la finalidad de demostrar la pérdida de apoyos que está sufriendo Pedro Sánchez. Acto seguido, Junts pidió su dimisión, sugiriendo la salida elegida por el primer ministro británico. Los repetidos intentos de conducir la crisis por los diversos itinerarios posibles que ofrece la Constitución tropiezan siempre con las mismas piedras, la resistencia contumaz de Pedro Sánchez a soltar el poder y la ambigüedad calculada de sus opositores a la hora de dar el paso decisivo.
Los dirigentes políticos están incurriendo en una responsabilidad grave. La cuestión no es solo si el Gobierno puede y debe continuar, o si en estas circunstancias lo razonable es convocar elecciones de inmediato, que también, sino si estamos dispuestos a tomar en serio la democracia, siendo conscientes de que esta se sostiene en un respeto escrupuloso a las reglas y los procedimientos que hemos acordado, así como a unos principios y valores, por ejemplo, aceptar y mostrar consideración hacia el adversario y sus millones de votantes. Desde aquí, la patria chica de Dalí, donde escribo estas líneas, la realidad política de España se torna un tanto surrealista. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, sabiendo lo que ha costado alcanzarla y con qué aparente facilidad se puede echar a perder.
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