Por una financiación autonómica sin privilegios ni parches

La reforma de la financiación autonómica no admite ya más dilaciones ni atajos interesados. Tras una década echada a perder, el sistema exige una revisión profunda que garantice igualdad real entre ciudadanos y estabilidad para los territorios. Asturias, con necesidades bien conocidas, no puede aceptar un modelo condicionado por pactos coyunturales ni por concesiones singulares. La equidad territorial y la cohesión nacional deben volver al centro del debate.

La discusión del reparto económico territorial coincide con la reciente visita a Asturias del ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, una ocasión para contrastar posiciones, pero no para dar por asumidas propuestas que siguen generando más dudas que certezas. Porque la reforma no puede abordarse como una negociación de conveniencia ni como una suma de concesiones destinadas a satisfacer determinadas mayorías parlamentarias. El modelo vigente, pendiente de renovación desde 2014, hace tiempo que dejó de responder con eficacia a las necesidades reales de los territorios.

Asturias lo sabe bien. Una comunidad envejecida, dispersa, con una orografía compleja y menor capacidad de recaudación que las regiones más dinámicas no puede financiar sus servicios públicos con los mismos criterios que otra más joven, más poblada y concentrada. Pero esa evidencia no autoriza a sustituir una reforma de fondo por un catálogo de singularidades a la carta. La diversidad territorial debe reconocerse dentro de un sistema común, transparente y solidario, no utilizada como coartada para otorgar privilegios a unos españoles frente a otros.

El principio que debe guiar la reforma es sencillo de formular, aunque difícil de aplicar: todos los ciudadanos tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad comparable, vivan donde vivan. La sanidad, la educación o los servicios sociales no pueden depender de la fuerza negociadora de una comunidad ni del valor de sus votos en el Congreso. Tampoco de la capacidad de presión de quienes aspiran a salirse del régimen común o a obtener ventajas bilaterales bajo la etiqueta de una financiación singular. Si el sistema se diseña para contentar a uno o varios territorios en detrimento del conjunto, dejará de ser un instrumento de cohesión para convertirse en una fuente permanente de agravios.

Asturias ha hecho bien en mantener una posición firme, aunque a veces tome decisiones que hacen dudar de una eficiente gestión de sus recursos, como la gratuidad total de la matrícula en la Universidad de Oviedo al margen de los méritos académicos y, sobre todo, de los niveles de renta. El Principado debe acudir a todas las reuniones en las que pueda defender sus intereses, también a los encuentros bilaterales con el Ministerio de Hacienda, porque escuchar una explicación técnica no equivale a aceptar una propuesta ni a renunciar a los acuerdos suscritos. Sería una dejación de funciones no sentarse a reclamar lo que corresponde a la región. Pero otra cosa muy distinta es aceptar que el nuevo modelo se decida mediante tratos particulares al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que afecta a todos debe acordarse entre todos.

La propuesta conocida hasta ahora no despeja las dudas, sino que las agrava. El Gobierno ha tratado de corregir el rechazo de comunidades como Asturias mediante un nuevo fondo de compensación que igualaría a la media por habitante ajustado a las autonomías que quedasen por debajo. Pero ese mecanismo, aun presentado como una mejora, suena más a remiendo que a reforma. El Principado lo considera insuficiente y, como publicó esta semana LA NUEVA ESPAÑA, los economistas consultados coinciden en definirlo como un "parche" añadido a un sistema ya saturado de fondos y mecanismos correctores.

La reforma debe apoyarse en criterios objetivos, públicos y estables. Debe ponderar adecuadamente la edad de la población, la dispersión, la baja densidad, la orografía y el coste efectivo de los servicios. Debe evitar fondos "ad hoc" creados para obtener apoyos políticos. No se trata de reclamar más para Asturias por ser Asturias, sino de exigir que el Estado mida correctamente lo que cuesta garantizar en Asturias los mismos derechos que en cualquier otra parte de España. Esa es la diferencia entre solidaridad y privilegio. La primera fortalece la convivencia; el segundo la erosiona.