Venezuela tropieza en la misma piedra: la historia de los terremotos

Cuando la tierra tiembla, siempre llega primero el número. Un número provisional, casi siempre insuficiente, que en el caso de Venezuela habla hoy de más de 2.000 muertos, 11.000 heridos y otros 50.000 desaparecidos. Llevo suficientes años estudiando desastres como para saber que esa cifra es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga y, casi con toda seguridad, mucho más dolorosa. Si atendemos a la intensidad de los dos seísmos registrados –7,2 y 7,5– y a una población expuesta que supera los siete millones de personas, con más de 400.000 sometidas a una sacudida de tipo severo, el balance final podría rondar los 10.000 fallecidos y, si aplicamos la proporción habitual de tres heridos por cada muerto, otras 30.000 personas lesionadas. Lo vimos en Haití en 2010: las cifras oficiales iniciales fueron muy inferiores a las reales, y solo semanas después, cuando avanzaron los rescates, se conoció la magnitud verdadera de la tragedia, que superó los 200.000 muertos.

Conviene decirlo alto y claro, aunque resulte incómodo: los terremotos no matan personas, las mata la vulnerabilidad de lo que hemos construido. No existe hoy ninguna tecnología capaz de predecir un seísmo, y probablemente no la habrá en muchos años. Pero sí sabemos, con una precisión que ya no admite excusas, cómo reducir sus efectos. El riesgo de un desastre depende de tres factores que se combinan en una ecuación: cuánta población está expuesta al fenómeno y en qué grado de exposición lo están, cuán vulnerable es esa población desde el punto de vista físico y estructural en el caso de los terremotos, y cuánta capacidad tiene para responder y protegerse. Los dos primeros elementos disparan el riesgo; el tercero es el único que lo reduce. Ahí, precisamente ahí, es donde se libra la batalla que de verdad importa.

La comparación entre Chile y Haití debería estar grabada en la memoria de cualquier gestor público. En 2010, Chile sufrió un terremoto de magnitud 8,8 –muy superior al haitiano– y registró alrededor de 500 muertos. Haití, ese mismo año, con un seísmo de menor intensidad, superó los 200.000. La diferencia no estuvo en la fuerza de la naturaleza, sino en décadas de normativa sismorresistente aplicada y exigida con rigor, en hospitales y escuelas reforzados, en la ordenación del territorio para no construir sobre fallas activas, en sistemas de alerta temprana, en simulacros, en bomberos y sanitarios formados, y en reservas estratégicas de agua y medicamentos. Ninguna de estas medidas es una quimera tecnológica: son decisiones políticas y presupuestarias, tomadas –y esto es lo esencial– mucho antes de que la tierra empiece a temblar.

Ahí reside la paradoja que más preocupa al investigador. La sociedad reacciona con generosidad y urgencia cuando "ya ha ocurrido" la catástrofe, pero apenas destina recursos a evitarla "mientras todavía hay tiempo". Y sin embargo, la evidencia científica es contundente: cada euro invertido en prevención puede ahorrar cientos de euros en pérdidas posteriores, además de salvar vidas y evitar lesiones graves de forma mucho más eficaz que cualquier despliegue de ayuda posterior al desastre. Japón y Chile, tras sus terremotos de 2011 y 2010, son la prueba de que apostar por la prevención durante décadas cambia radicalmente el número final de víctimas cuando el fenómeno, inevitablemente, se repite.

Esto no significa que la respuesta de emergencia sea prescindible. Cuando el desastre ya ha ocurrido, las primeras 72 horas son decisivas y deben priorizar la búsqueda y el rescate. En las primeras 24 horas es esencial garantizar agua segura y saneamiento, porque la destrucción suele provocar contaminación cruzada entre las redes de abastecimiento de agua potable y de aguas residuales; hay que atender con rapidez a los casos graves y restablecer comunicaciones y electricidad bajo un mando único que evite duplicidades. Con frecuencia, la coordinación importa más que el volumen de ayuda recibida.

Y aquí llegamos a un punto que la comunidad internacional sigue sin aprender. Demasiadas veces hemos visto lo que llamamos la "excursión humanitaria": equipos que llegan tarde, de forma descoordinada, que permanecen apenas unas semanas, que saturan aeropuertos y puertos, que presionan mediáticamente a gobiernos ya desbordados y que, en última instancia, añaden más caos al caos existente. En países con instituciones debilitadas –y el Venezuela actual es, lamentablemente, un ejemplo claro– este riesgo se multiplica, porque los gobiernos se ven obligados a aceptar cualquier ayuda externa, incluida la que responde más a intereses de visibilidad política que a las necesidades reales del terreno. Incluso las reinas no desaprovechan la oportunidad de aprovechar esa visibililidad. La ayuda internacional es importante, pero lo verdaderamente eficaz es que sea pertinente y esté adaptada a lo que la población necesita, no a lo que a quien la envía le conviene mostrar.

Tampoco deberíamos olvidar lo que ocurre cuando las cámaras se apagan. Los efectos de un terremoto se prolongan durante años: lesiones físicas, discapacidades permanentes, trastornos de ansiedad –especialmente entre las familias de los desaparecidos–, personas que pasan años en alojamientos temporales, pérdida de redes sociales y familiares, y un aumento documentado del riesgo de suicidio y de abuso de alcohol y otras sustancias. Lo comprobamos en Nepal, donde años después del terremoto de 2015 muchos supervivientes seguían arrastrando problemas de salud mental y viviendo en condiciones precarias. A esto se suma el golpe económico: paralización de empresas, interrupción del comercio, caída del PIB –que en Venezuela podría rondar el 6% a raíz de este episodio– y un sistema sanitario que, ya debilitado antes del terremoto, verá aumentar la mortalidad no solo por las lesiones directas, sino por todas las enfermedades comunes que dejarán de poder tratarse con normalidad.

La estrategia más eficaz no consiste en elegir entre prevenir o responder, sino en combinar ambas. Pero si un país con recursos limitados –y Venezuela lo es hoy más que nunca– tuviera que priorizar una sola inversión desde la salud pública, la evidencia apunta en una dirección inequívoca: la prevención ofrece un beneficio muy superior, porque es la única estrategia capaz de evitar que el desastre humano llegue siquiera a producirse. Lo demás, por necesario que sea, llega siempre demasiado tarde. Hay que estar en el terreno "antes": esa es la única forma de entender y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Solo hay que leerse el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre de Naciones Unidas. Lamentablemente nadie (ni los medios, pero tampoco los profesionales que están estos días en ellos) lo ha mencionado. Será que no lo conocen? n

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