Asalto a las instituciones

No parece que vaya a ser fácil recomponer lo que quede en pie del Estado tras esta legislatura destructora. En el caso de que la alternancia se cumpla, tampoco se sabe si hay una intención clara de hacerlo por parte de la derecha, y si esta se va sentir tentada a contemplar el desastre o a perfeccionarlo. Es tanta la tentación de colonizar las instituciones y los organismos públicos. El último caso más evidente está en la imputación de la directora general de la Guardia Civil y de su subordinado militar, dedicados supuestamente a obstruir la justicia en favor del Ejecutivo.

Hay una forma de deteriorar las instituciones más eficaz que el asalto frontal, y es la de convertirlas en prolongaciones del poder. No hace falta abolir los contrapesos si basta con colonizarlos. El problema no es solo que un Gobierno nombre a personas afines —eso ocurre en cualquier democracia—, sino que la lógica de la lealtad política termine desplazando a la de la neutralidad institucional.

La secuencia resulta ya demasiado inquietante. La condena del Fiscal General del Estado supuso un golpe sin precedentes para una institución cuya autoridad descansa, precisamente, en la apariencia de imparcialidad. Ahora, la imputación de la directora de la Guardia Civil en el llamado "caso Cloaca" añade otro escalón a una escalera que desciende en la dirección de la sospecha. Aunque toda investigación deba convivir con la presunción de inocencia, el daño institucional se produce mucho antes de que llegue una sentencia y en medio del clamor por una ola de corrupción como no se recuerda.

Es tal el desgaste que acumula esta legislatura fallida que puede que el legado más difícil de reparar no sea un déficit presupuestario, por elevado que sea, ni una reforma mal diseñada. Será la sospecha instalada de que las instituciones dejaron de servir a la ley para someterse al poder.

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