Motivos de hondo pesimismo

Las elecciones a Cortes del 15 de junio de 1977 fueron las primeras de carácter libre y pluralista desde las celebradas el 16 de febrero de 1936, poco antes del intento de golpe de estado militar y el consiguiente estallido de la guerra civil. Casi medio siglo después de aquel inicio formal de nuestro vigente Estado democrático de Derecho, el mayor fracaso que cabe atribuir al empeño colectivo de renovación del país radica, vistas las cosas en perspectiva, en la tremenda desigualdad social existente. Baste decir que el nivel de pobreza o exclusión (carencia material severa o baja intensidad laboral: tasa AROPE) alcanza el 25,7% de la población, esto es, 12,4 millones de personas, aproximadamente. Aunque ello tenga que ver también con la crecida inmigración que malamente albergamos, estas cifras constituyen un dato desastroso, al que los gobernantes no prestan suficiente atención, únicamente preocupados por los guarismos del PIB, la inflación y la constante pelea que suscita la distribución de la financiación autonómica.

Personalmente, lamento mucho que la izquierda mayoritaria española (es decir, el PSOE), sumida en la misma corrupción que la derecha de toda la vida, haya abandonado su antigua vocación emancipadora de las clases populares y se concentre esencialmente en las batallas culturales e identitarias de todo pelaje. No resulta extraño, así, que los pronósticos electorales anuncien con claridad la debacle de los sedicentes "progresistas" en los próximos comicios nacionales. Hoy la izquierda que antaño se reclamaba de la socialdemocracia no tiene nada digno que ofrecer a la sociedad española: solo el triste espectáculo de los procesos judiciales por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Sustituir el socialismo por el progresismo es, ya en el plano nominalista y simbólico, reemplazar la vocación política transformadora por el artificio, el engaño y la modernización cosmética.

El precio a pagar por la pijotería política progre, que también aqueja a la extrema izquierda, no puede consistir más que en la pérdida de los caladeros de votos de la clase obrera en beneficio de la ultraderecha. Quizá los que se llenan la boca con la apelación al progresismo (y no, vade retro, al socialismo) aspiren hoy, únicamente, a ser el partido de los pensionistas, de los nacionalistas periféricos y sus indultos, su amnistía y su constante deshuesamiento de las competencias estatales, y por supuesto el partido del variopinto espectro "woke". Un ejemplo reciente de esta deriva del Gobierno y sus aliados hacia la pura pirotecnia en medio de tantos déficits sociales a los que atender (como el acceso a la vivienda, en primerísimo lugar), radica en la reciente remisión al Congreso de un Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución. El texto dice lo siguiente: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". Ahora bien, aunque el derecho al aborto en determinados supuestos no figura en la Constitución, ni explícita ni implícitamente, sí lo reconoce la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, en los términos garantistas que, a modo de epítome, refleja la reforma propuesta. Dicha Ley fue respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero es que, además de innecesaria y no exenta de peliagudos debates jurídicos sobre el método de reforma de la Norma Fundamental, la propuesta de modificación llevada a las Cortes es un simple brindis al sol: el Gobierno de Sánchez carece de las mayorías cualificadas requeridas para alterar el texto constitucional. ¿A qué juega, entonces? Claramente, a sobrevivir mareando la perdiz. A esta senda de desdichas se apunta también Alberto Núñez Feijóo cuando proclama la necesidad de "pasar página" en el asunto del "procés". Otro que quiere hacer de la necesidad virtud, como Pedro Sánchez.

Motivo igualmente de hondo pesimismo es la decisión de las instituciones europeas –articulada en varios reglamentos y una directiva que integran el llamado Pacto de Migración y Asilo– de permitir a los Estados miembros trasladar a los miles de demandantes de asilo a terceros países, previamente subvencionados, a fin de que los recluyan en campos de concentración hasta que se decida sobre su solicitud. Italia ya lo ha intentado con el repetido traslado a Albania de inmigrantes fronterizos, hasta ahora judicialmente rechazado. También el Reino Unido post Brexit había pretendido realizar siniestras maniobras parecidas con Ruanda. Semejante secuestro legal –no cabe calificarlo de otro modo– constituye una ignominia que deshonra los valores en que dice inspirarse la Unión Europea, esto es, el respeto de la dignidad humana y de sus derechos inalienables. ¿Se cumplen fielmente por el citado Pacto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión externalizando el "gulag" o arrendando Auschwitz a Estados extracomunitarios o a empresas privadas como la Compañía Wagner? ¿No es esto volver a la trata de seres humanos de la época del esclavismo? Parece que el sueño de quienes hace más de 50 años pensábamos con ilusión en la integración europea de España se viene estrepitosamente abajo.

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