La batalla electoral

La intensidad que ha alcanzado la pugna por el poder político en España solo es comparable a la registrada cuando Aznar, al mando del recién fundado PP, se lanzó al desafío de derrotar a Felipe González y poner fin a la hegemonía del PSOE. Estamos en puertas de un proceso electoral muy crispado, lleno de asperezas, en el que los partidos nos piden un voto a la contra, la derecha con el objetivo prioritario de relevar a Pedro Sánchez y la izquierda para cerrar el paso del PP y Vox, en coalición, a la Moncloa. Hay muchos electores con el voto ya decidido y algunos menos, que sin embargo podrían decantar el resultado, a los que la elección se les presenta en forma de dilema, entre reprobar a un gobierno que ha actuado con frecuencia al margen de las convenciones de nuestra democracia y propiciar sin querer cualquier mínima opción de gobernar a la derecha radical.

Las escaramuzas registradas en días pasados nos advierten que los partidos están dispuestos a transgredir las normas, sobre todo las no escritas, y en consecuencia hemos de vigilar la limpieza de la competición electoral. Vox sospecha que el Gobierno y ha llevado al parlamento una proposición de ley para separar el escrutinio del voto por correo, sobre el que ha vertido una sospecha, que ha sido rechazada. Feijóo ha sugerido la concesión de una prima de 40 escaños al partido más votado, sin reparar en el carácter poco democrático de la propuesta y en que los partidos más votados, el PP y el PSOE, ya se ven agraciados por nuestro sistema electoral, uno de los más desproporcionales entre los de principio proporcional, no por la fórmula D’Hont, sino por el reducido tamaño de la mayoría de las circunscripciones provinciales. La idea, que es aplicada en algún otro país, surge, claro está, de la incapacidad de los partidos para sostener gobiernos estables y de la propia experiencia del PP, al que le faltaron unos votos para formar gobierno tras las elecciones de 2023.

El último combate se libra en torno al censo electoral. Vox exclama que el Gobierno pretende manipularlo a su favor y da la voz de alarma ante el intento de alterar el resultado de las próximas elecciones generales. Díaz Ayuso ha pedido la presencia de observadores en las embajadas y consulados. Feijóo denuncia una maniobra de «ingeniería electoral» con el fin de fabricar votantes socialistas. La izquierda acusa a los líderes de la derecha de alentar por anticipado a una rebelión, imitadora de la que tuvo lugar en el Capitolio, si de las urnas no saliera victoriosa, por uno u otro conducto. Hay razones para discutir la nacionalización universal de los descendientes de los españoles que abandonaron el país por diferentes motivos hace casi un siglo, y hasta pudiera admitirse que la iniciativa del Gobierno tiene algo de malicia, pero la suspicacia del PP y Vox carece de fundamento sólido y es a todas luces irresponsable. Arrojar dudas o negar la validez al resultado de unas elecciones celebradas con plenas garantías es abrir la caja de Pandora y exponer el sistema político al mayor de los riesgos, su quiebra. España ha vivido esa situación y otros países pasan por ella en la actualidad.

En todas las evaluaciones que se hacen de nuestra democracia, el aspecto mejor valorado es la competición electoral. No obstante, hay una larga lista de mejoras pendientes de una reforma de la ley electoral: una reducción de la desproporcionalidad en el prorrateo y en la distribución de los escaños entre los partidos, una regulación del voto preferente en las elecciones al Congreso, levantar la prohibición de publicar encuestas en la semana final de la campaña electoral y otras, referidas a la financiación y la publicidad en los medios, más debatibles. Pero la actitud de los partidos produce inquietud. Ponen instituciones básicas del Estado en el ojo del huracán, según su actuación dé la razón o la quite, y acabe por beneficiar o perjudicar, a uno u otro, pero no con la intención de corregir defectos y aumentar su calidad y su rendimiento, sino con el afán de ocupar una posición de ventaja respecto al rival. El poder judicial y el sistema electoral son dos de los pilares más firmes que sustentan nuestra democracia y los dos están sufriendo una erosión peligrosa. El Gobierno induce a dudar de la neutralidad de los jueces y la oposición llama la atención ve un intento de manipulación de las elecciones. ¿Queda algo que se pueda destruir? n

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