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Después de leer varios análisis en la prensa estadounidense descargué la declaración financiera de casi mil páginas que Donald Trump acababa de hacer pública. Confieso que intenté leerla con calma. No tardé mucho en abandonar el intento. No porque el documento fuera especialmente largo –que también–, sino porque las páginas seguían añadiendo datos sin cambiar la impresión de conjunto. Había reconocido un patrón.

Primero estaba Mar-a-Lago con más de setenta y siete millones de dólares de ingresos declarados. Después llegaban las criptomonedas. Más de 1.400 millones de dólares en ingresos declarados, según Reuters, incluidos cerca de 800 millones relacionados con World Liberty Financial y unos 635 millones derivados del acuerdo de licencias de Celebration Coins vinculado a su meme coin. Más adelante, licencias comerciales repartidas por medio mundo, empresas familiares y marcas registradas en distintos países. Dejé de buscar cifras porque ya no estaba leyendo una declaración patrimonial. Estaba leyendo un modelo de negocio. Llamaba la atención que el centro de gravedad hubiera dejado de ser los hoteles y los campos de golf que habían construido la marca Trump durante décadas. Por primera vez, el negocio dominante parecía ser otro. Y tuve una impresión inesperada: el principal generador de valor ya no parecía ser un hotel, una marca o una criptomoneda; era la capacidad de la presidencia para multiplicar el valor de todos ellos.

Fue entonces cuando comprendí que lo interesante de aquel documento no estaba en las cifras, sino en la pregunta que dejaba sobre la mesa.

Esta frontera difusa entre influencia pública y rendimiento económico no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. Mientras en Washington la discusión giraba en torno al patrimonio del presidente, en España un expresidente volvía a ocupar titulares por un presunto caso de tráfico de influencias que él niega. En el Reino Unido, el caso Greensill sigue siendo un recordatorio de hasta qué punto la influencia política puede conservar un extraordinario valor económico una vez abandonado el poder. Son episodios distintos, propios de democracias con instituciones sólidas y mecanismos de control que, aunque imperfectos, siguen funcionando.

En otro extremo se encuentran sistemas donde esa separación prácticamente ha desaparecido. En Rusia resulta difícil distinguir dónde termina el Estado y dónde empiezan los intereses de quienes lo controlan. En China, la relación entre Partido, Estado y poder económico responde a una lógica distinta de la liberal. No son realidades equiparables. Precisamente por eso resulta interesante observarlas juntas. No porque sean iguales, sino porque ayudan a identificar una misma dirección: la progresiva confusión entre el ejercicio del poder y la creación de valor económico.

Quizá llevamos demasiado tiempo interpretando estos episodios como simples casos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés. Tal vez estemos asistiendo a una transformación más profunda.

Solemos decir que la democracia inventó el sufragio universal, la representación parlamentaria o la alternancia política. Todo eso llegó después y, en algunos casos, mucho después. Su verdadera innovación fue más silenciosa. Introdujo una idea que durante la mayor parte de la historia habría parecido absurda: que el máximo poder del Estado pudiera ser ejercido por alguien que no era su propietario.

Durante siglos nadie habría entendido esa distinción. El reino pertenecía al rey. La Hacienda era del rey. El ejército combatía en su nombre. La justicia emanaba de su autoridad. Gobernar y poseer eran casi la misma cosa. Dos siglos de constitucionalismo intentaron romper deliberadamente esa identificación. El Estado dejó de confundirse con quien lo gobernaba y el cargo dejó de ser una propiedad para convertirse en una responsabilidad temporal.

Hace más de un siglo, Max Weber describió exactamente esa frontera al distinguir entre el Estado patrimonial y el Estado racional-legal. No era simplemente una cuestión administrativa. Era una conquista civilizatoria. Las instituciones dejaban de pertenecer a las personas para pertenecer a un orden jurídico que sobrevivía a quienes las ocupaban.

Quizá la mejor forma de resumir esa conquista sea otra. La democracia convirtió el poder en un préstamo, nunca en una propiedad.

Quien llega al gobierno recibe temporalmente una autoridad que no le pertenece. Puede ejercerla, debe responder por ella y, llegado el momento, tiene la obligación de devolverla. Esa ficción extraordinaria —que incluso el hombre más poderoso del país administra un poder que nunca será suyo— explica buena parte de la estabilidad de las democracias liberales.

Por eso, la corrupción siempre fue entendida como una desviación del sistema y no como el sistema mismo. Siempre hubo nepotismo, clientelismo y abusos de poder. La diferencia era que todos compartían una premisa fundamental: apropiarse de una institución suponía traicionar las reglas del juego.

Pero el desafío de nuestro tiempo quizá sea otro. Ya no consiste únicamente en impedir que un gobernante utilice su cargo para enriquecerse. Consiste en impedir que el propio cargo incremente el valor de un patrimonio privado.

La diferencia parece sutil, pero altera profundamente los incentivos. Durante décadas hablamos de puertas giratorias. El esquema era conocido: primero el cargo, después el beneficio. Lo que empieza a aparecer ahora responde a otra lógica. El beneficio deja de ser una consecuencia del poder para convertirse en una función del propio ejercicio del poder. La monetización empieza a producirse mientras el poder sigue ejerciéndose.

Cuando el ejercicio de una presidencia aumenta el valor de hoteles, empresas familiares, plataformas digitales, marcas, licencias internacionales o criptomonedas, el debate deja de limitarse a la existencia de un conflicto de interés. La pregunta pasa a ser otra: ¿qué ocurre cuando el propio cargo empieza a comportarse como el principal generador de valor de toda esa estructura? Quizá por eso esta historia trasciende a Donald Trump.

Llevamos años tratando casi todo como un activo. La vivienda dejó de ser únicamente un lugar donde vivir. El deporte dejó de ser solo competición. La universidad dejó de ser únicamente conocimiento. Nuestros datos dejaron de ser solo información. Incluso nuestra atención se ha convertido en un activo que se compra y se vende. La pregunta es si estamos empezando a hacer lo mismo con las instituciones.

No se trata de un regreso al absolutismo. Si esta transformación continúa, tendrá apariencia de legalidad. Vendrá acompañada de declaraciones patrimoniales, informes de transparencia, fondos de inversión, sociedades familiares, criptomonedas y marcas globales. Todo parecerá compatible con el Estado de derecho. Precisamente por eso resultará mucho más difícil reconocer el cambio.

Las instituciones no empiezan a deteriorarse cuando aparece un dirigente deshonesto. Empiezan a deteriorarse cuando dejamos de distinguir entre quien las administra y quien empieza a comportarse como si le pertenecieran. No solo porque un gobernante pueda enriquecerse. La historia está llena de gobernantes corruptos. El riesgo aparece cuando los ciudadanos empiezan a sospechar que las instituciones ya no son de todos, sino de quienes las ocupan. Y una democracia puede sobrevivir a muchos escándalos. Lo que difícilmente sobrevive es la pérdida de esa confianza.

Al cerrar aquella declaración financiera comprendí que el documento nunca había tratado únicamente de dinero. Trataba de incentivos. Trataba de la relación entre patrimonio y poder. Trataba, en el fondo, de una pregunta mucho más antigua que Donald Trump.

¿Qué ocurre cuando un poder que debía administrarse como un préstamo empieza a ejercerse como si fuera una propiedad?

Porque la mayor revolución de la democracia liberal no fue simplemente permitir que el poder cambiara de manos.

Fue conseguir que dejara de tener dueño.

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