Nietos, pasaportes y votos

Hay que tener cuidado al hablar de determinados asuntos especialmente sensibles. Si a uno se le ocurre opinar sobre algo que afecte al proceso electoral, enseguida recibe acusaciones de golpista, antidemócrata, "trumpista" o epítetos peores. Mira que poner en cuestión la limpieza de nuestras elecciones, nos dicen. Se están preparando para perder.

No sé si otros dudarán de la limpieza de nuestro sistema electoral. Yo no, pero me resisto a acatar la prohibición de opinar sobre cualquier alteración del sistema. El Gobierno se resiste a dar explicaciones sobre una alteración del censo, como la que supone la Ley de nietos, que requiere un amplio consenso. Ya sabemos que la ley fue apoyada por la "mayoría de progreso" en el Parlamento, pero también sabemos que después fue modificada de forma significativa y que su aplicación no está siendo lo suficientemente transparente. ¿Es pecado pedir explicaciones?

La ciudadanía está confundida por el oscurantismo con el que se está llevando a cabo el proceso. Solo se nos habla de la bondad de nuestro Gobierno, que va a compensar el daño infringido a los exiliados regalando el pasaporte a sus nietos. Para mayor guirigay, el proceso coincide con la decisión de convertir en regulares a los muchos inmigrantes que tenemos aquí de tapadillo, esclavizados en la economía sumergida. Todo muy loable.

Nadie puede negar que se trata de acciones generosas, de justicia, de humanidad. Bienvenidos sean ese millón y pico de nuevos españoles, con todas las de la ley, con sus derechos y sus obligaciones. Cuantos más, mejor. Ya que pasamos de tener hijos, importamos conciudadanos que los tengan por nosotros, nueva mano de obra que pague nuestras costosísimas pensiones en este país de viejos.

Llegados a estas alturas, debo confesar mi ignorancia tanto sobre la ley de nietos como sobre el proceso de regulación en marcha. Cuanto más leo, más confuso me siento. Si el Gobierno evita dar explicaciones, como si tuviera algo que ocultar, la oposición retuerce cada información para sacarle provecho. El caso es que las dudas me desbordan.

¿Alguien sabe a cuántas personas beneficiará la regularización? El Gobierno anunció que serían unas 500.000, pero la policía acaba de anunciar que ya son 1,2 millones las peticiones tramitadas.

¿Qué previsiones se están tomando para atender a esas personas? Mientras llega el momento de cobrarles impuestos, habrá que atender sus derechos sociales: plazas escolares, sanidad, vivienda, paro… Se supone que habrá un plan, pero nadie lo ha explicado.

El politólogo Francisco Llera afirmaba el pasado fin de semana en una entrevista: "No pueden ser fenómenos repentinos, descontrolados, no transparentes y no consensuados. Ni el Real Decreto de la regularización, ni la Ley de Nietos se han llevado a cabo de forma controlada, transparente y consensuada". De ahí que levanten sospechas.

¿Quién va a poder votar? Los beneficiarios de la regulación, de momento, no podrán votar hasta que cumplan los años exigidos para el arraigo y la nacionalidad. En cuanto a los beneficiarios de la ley de nietos, se calcula que al menos medio millón sí podrán votar si así lo desean, en las próximas elecciones locales y generales previstas para 2027.

¿Van a poder hacerlo personas que no han pisado España en su vida? Si, si así lo desean, los nietos de exiliados y emigrantes que hayan conseguido su pasaporte.

Seguro que se han fijado que en su flamante pasaporte color burdeos, encima de la palabra "España", se puede leer bien visible "Unión Europea". Es decir, que el asunto de la Ley de Nietos no solo afecta a nuestro país, sino a los demás miembros de la UE que han firmado el Tratado Schengen (25 de los 27), por lo que los nuevos españoles podrán moverse por el territorio sin barreras. ¿Ha consultado el Gobierno a sus socios de la Unión? No, que se sepa.

Este lío de satisfacer una deuda histórica con los damnisficados por el exilio y la emigración ha hecho recordar a los 200.000 vascos y navarros que tuvieron que abandonar su tierra a causa del terrorismo y que, a día de hoy, nunca han podido votar en las elecciones autonómicas de sus comunidades. De esa "ingeniería electoral" nadie habla.

Ignoro si estos movimientos pueden alterar el proceso electoral: mi padre no votó lo mismo que mi abuelo, ni yo he votado lo mismo que mi padre. Ignoro si el más de medio millón al que ya se ha entregado el pasaporte español votarán PSOE, PP o VOX. Lo que sí tengo meridiano es que el proceso se ha llevado mal, de forma chapucera, falto de información y del consenso obligado en un asunto trascendental. Y también tengo claro, citando de nuevo al profesor de Universidad del País Vasco Francisco Llera, que "un Gobierno que dice que puede gobernar sin el Parlamento, eso es antidemocrático, puro y duro".

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