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Un momento decisivo: convertir los derechos en realidades

Leonardo Díaz preside el clúster de Cuidados de Larga Duración del Principado de Asturias

La reforma de la Ley de Dependencia llega en un momento decisivo para España. El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y la creciente necesidad de apoyos de larga duración exigen adaptar un sistema que se enfrenta a desafíos cada vez más complejos. La actualización de la normativa abre la puerta a la oportunidad para fortalecer uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del bienestar.

Valoramos positivamente el objetivo de avanzar hacia un modelo más flexible y adecuado a las necesidades de las personas. Favorecer la compatibilidad entre prestaciones y servicios, y adaptar el sistema a nuevas realidades sociales y asistenciales, constituyen avances que responden a demandas históricas de usuarios, familias y profesionales.

No obstante, la verdadera trascendencia de esta reforma no está únicamente en el reconocimiento de nuevos derechos. El reto principal es garantizar que esos derechos puedan hacerse efectivos. Estamos ante un punto y seguido tras el que seguiremos afrontando dificultades como la falta de profesionales y la necesidad acuciante de adaptar las fórmulas de financiación y contratación pública.

Asturias representa de forma muy clara esta realidad. Somos una de las comunidades más envejecidas de España y de Europa, por lo que cualquier cambio en el sistema de cuidados tiene una especial relevancia para nuestro territorio. La evolución demográfica nos obliga a planificar con visión de futuro y a reforzar todos aquellos recursos que permitan garantizar una atención digna, cercana y de calidad. El anuncio del Gobierno de España de incrementar la aportación estatal a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y reforzar las transferencias a las comunidades autónomas merece una valoración positiva porque supone un paso importante para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.

Se trata de una medida largamente demandada por el sector. Durante años, las entidades vinculadas a los cuidados hemos defendido que la ampliación de derechos debía ir acompañada de una financiación suficiente y estable. Reducir listas de espera, mejorar la atención domiciliaria, modernizar recursos y reforzar la calidad de los servicios requiere una inversión sostenida en el tiempo.

Pero si queremos construir un sistema preparado para el futuro, será imprescindible abordar otros retos como la escasez de personal, una realidad en todos los servicios vinculados a los cuidados de larga duración que exige reforzar la formación, la cualificación y la capacitación continua. Debemos avanzar en la dignificación de las profesionales que cuidan y fortalecer la conexión entre los sistemas educativo, formativo y asistencial para asegurar que las nuevas necesidades del sector encuentren respuesta en perfiles adecuadamente preparados.

Por otro lado, la modernización del sistema debe incorporar de forma decidida la innovación tecnológica. La tecnología no sustituye a las personas, pero sí puede mejorar significativamente su calidad de vida y la eficiencia de los servicios. Soluciones de teleasistencia avanzada, espacios de datos, monitorización remota, herramientas de apoyo a la autonomía, digitalización de procesos o tecnologías aplicadas a la prevención y personalización de los cuidados deben formar parte de la transformación del modelo. La innovación es una pieza esencial para afrontar con garantías este proceso y será fundamental alcanzar una visión compartida que sume la colaboración entre administraciones, entidades sociales, organizaciones empresariales, empresas tecnológicas, centros de formación y profesionales.

Desde el Clúster de Cuidados de Larga Duración del Principado de Asturias defendemos una transformación basada en tres principios: calidad, innovación y sostenibilidad. La reforma de la dependencia constituye una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero su éxito no dependerá únicamente del contenido de la ley, sino de su capacidad real para mejorar la vida de las personas.

Porque la cuestión fundamental no es cuántos derechos somos capaces de reconocer, sino si somos capaces de convertir esos derechos en realidades. Ese es, sin duda, el gran desafío que hoy tenemos ante nosotros. El resultado de la votación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados debe permitirnos dar el primer paso.

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