Los presupuestos que nunca existieron

Parece que el Gobierno de la nación va a presentar los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2027, último año de la legislatura. Bien está, nunca es tarde si la dicha es buena, aunque es innegable que al Gobierno le ha costado llegar a la conclusión- despacito y buena letra- de que presentar los presupuestos, aun cuando pudieran ser rechazados por el Parlamento, es una obligación legal ineludible, prevista en el artículo 134 de la Constitución, donde se establece, además, que los presupuestos tendrán carácter anual y que, de no ser aprobados por el Parlamento, permitirán la prórroga de los anteriores hasta la aprobación de los nuevos. Naturalmente, la prórroga es ineludible porque un país no puede vivir sin presupuestos, pero tiene un obvio carácter temporal.

¿Cómo se ha venido interpretando en España desde la reinstauración de la democracia y cómo se interpreta en el resto de las democracias occidentales esta obligación legal y las consecuencias del rechazo parlamentario a los presupuestos? Pues, sin excepción, como un varapalo a las políticas gubernamentales, derivando indefectiblemente en la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, admitiéndose políticamente, en todo caso, y por razones técnicas normalmente, una prórroga de un año, no más. Sin embargo, en nuestro país no se ha aprobado presupuesto alguno en esta legislatura, bien porque se han rechazado por el Parlamento bien porque el Gobierno ha decidido directamente no presentarlos ante la perspectiva de su rechazo, incumpliendo de este modo, de forma flagrante, el mandato constitucional.

El hecho cierto es que el último presupuesto aprobado por el Parlamento es el de 2023, correspondiente a la anterior legislatura, el cual fue aprobado en diciembre de 2022, es decir hace tres años y medio. Si el presupuesto que ahora previsiblemente presentará el Gobierno no fuera aprobado se habría consumido la totalidad de la legislatura con presupuestos prorrogados... de la legislatura pasada.

Llegados a este punto, alguien puede pensar que no existe mejor prueba de la inutilidad de los presupuestos anuales que el hecho de que se haya consumido la mayor parte de la legislatura sin que hayan aprobado los mismos y el sol haya seguido saliendo cada día. Ciertamente, las obligaciones legales e institucionales se pueden incumplir, los gobiernos pueden hacer caso omiso del cumplimiento de las leyes y eso no impedirá que la vida siga, aunque sea a costa de deteriorar gravemente la calidad institucional que sostiene el entramado de sociedades complejas, con múltiples opiniones discrepantes, como son las humanas.¿Cómo ha sobrevivido el Gobierno a esta situación? Pues con gran desparpajo y falta de escrupulosidad alguna, salvando la papeleta a base de normativas parciales, aprovechándose del incremento recaudatorio de los tributos (por subidas del IVA, efecto inflación o incremento exponencial del precio de la vivienda) así como de los mayores fondos europeos para, en términos coloquiales, hacer de su capa un sayo, sin pasar el trámite presupuestario por el Parlamento. No parece que haya sido un escenario que pesara negativamente en su ánimo sino, contrariamente, una manera de soslayar los controles institucionales y de llegar a acuerdos con fuerzas afines, de ultraizquierda o nacionalistas, que han buscado y conseguido ventajas selectivas para territorios concretos en detrimento del conjunto de la nación.

Y en definitiva ¿Por qué es entonces tan importante someter los presupuestos al Parlamento y que el Gobierno acepte las consecuencias negativas si resultan rechazados? Básicamente por tres razones. La primera, es que el ejecutivo, siendo uno de los tres poderes clásicos tiene un carácter delegado respecto al Parlamento, del que emana la voluntad popular, de manera que ignorar la voluntad de este o, directamente, no someterle un proyecto de ley previsto constitucionalmente es una burla a los representantes de los ciudadanos. En segundo lugar, porque el presupuesto no es solo una sucesión de números clasificados en ingresos y gastos, sino que refleja las políticas prioritarias a emprender (considerando que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos) y si ese documento no cuenta con el aval del Parlamento implica una clara censura a la actuación del ejecutivo y sus políticas, debiendo este asumir el coste correspondiente, máxime cuando la falta de respaldo se extiende a la totalidad de la legislatura. La tercera razón es de carácter más prosaico, aunque tiene que ver con las dos anteriores. ¿Cómo se va a predicar a la ciudadanía la importancia del cumplimiento de las leyes si quien más debe velar porque esto ocurra incumple una de las más importantes con argumentos meramente ideológicos y de dudoso soporte democrático? Quien mejor ha explicado esto ha sido Arnaldo Otegui, que ha insistido en agotar la legislatura ante el riesgo de que si se celebran elecciones -la consecuencia lógica de no aprobar presupuestos durante años- el gobierno cambie de espectro ideológico (un argumento perfectamente antidemocrático, propio de quien lo profiere)

Sin duda, pasar tres años sin aprobar presupuestos y quizá toda la legislatura, es un hito del actual Gobierno de la nación que, aunque daña seriamente la institucionalidad democrática, puede muy bien aspirar a integrarse en el libro Guinnes de los récords.

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