Absentismo: el coste de hablar a medias

Hay palabras que entran en la conversación pública con escolta. Absentismo es una de ellas. Apenas se pronuncia, unos oyen fraude y otros, persecución. Antes de pensar, ya estamos en una trinchera. Conviene empezar por una obviedad: absentismo ha habido siempre. Lo nuevo no es su existencia, sino la velocidad e intensidad con que ha crecido y la pobreza con que lo explicamos. No hace falta abrumar con cifras: el incremento acelerado del absentismo es ya una evidencia compartida. Como la fiebre, no debe confundirse con la enfermedad, pero tampoco ignorarse: es un síntoma. Lo decisivo no es discutir si existen bajas, permisos o ausencias —propios de cualquier economía civilizada—, sino comprender qué ocurre cuando su volumen crece hasta alterar la productividad, tensar la solidaridad y estrechar la prosperidad.

Asturias debería leer esta tendencia sin distancia. Aquí pesan la industria, los servicios esenciales, las pequeñas empresas, el envejecimiento laboral y oficios en los que la presencia no se sustituye con una pantalla. En una gran compañía, una ausencia puede diluirse en un porcentaje. En un taller, una residencia, un restaurante, una contrata o una línea de producción, rompe turnos, sobrecarga compañeros y deteriora el servicio. El primer obstáculo es el régimen de lo decible: ese marco tácito que marca qué puede nombrarse y qué conviene callar para no parecer insensible, sospechoso o ingenuo. Hablar de abusos no debería equivaler a criminalizar la enfermedad; reconocer que algunas condiciones laborales favorecen bajas reales no debería servir de coartada para cualquier ausencia injustificada; señalar las largas listas de espera no debería leerse como un ataque a la sanidad pública; hablar de costes no debería confundirse con falta de humanidad. Una sociedad avanzada no protege ocultando los hechos. Protege discerniendo y analizando con honestidad.

Muchas bajas, seguramente la mayoría, responden a causas justificadas, a menudo agravadas por trabajos mal diseñados, jefaturas torpes, envejecimiento, salud mental, burocracia o demoras médicas. Eso debe decirse. También esto: ningún sistema de protección resiste indefinidamente si reparte mal costes, responsabilidades y beneficios. Cuando los incentivos fallan, el resultado no es solo caro: es opaco e injusto.

Ahí está el nudo. Hemos aprendido a hablar de derechos, pero nos incomoda hablar de compromisos y productividad. Y no es una palabra de contable sin alma: de ella salen salarios mejores, pensiones sostenibles, servicios públicos dignos y empresas capaces de innovar y de invertir. Sin creación de valor, la solidaridad es una promesa sin caja. Sin solidaridad, el esfuerzo productivo se vuelve extracción. Separarlas es empobrecerlas. Por eso conviene recuperar una idea casi olvidada: la productividad debe ser también un incentivo para el trabajador. Si una empresa reduce absentismo evitable, ordena turnos, disminuye sobrecargas y gana eficiencia, una parte de ese valor debe regresar a quienes sostienen el esfuerzo diario. Pedir compromiso sin retorno es agotar la confianza.

La economía del absentismo no se arregla con sermones. Se arregla con información, prevención y gestión. Hay que saber dónde se concentran las ausencias, cuánto duran, qué patologías pesan más, en qué áreas se acumulan los problemas, qué mandos deterioran el clima, qué listas de espera alargan procesos y qué reincorporaciones adaptadas evitarían bajas innecesariamente prolongadas. Medir no es perseguir. Es dejar de opinar a oscuras. Ordenar incentivos no significa sospechar de todos, sino recordar algo elemental en economía y en conducta humana: los sistemas no solo regulan; también enseñan. Premian unas conductas, toleran otras y desincentivan algunas. Por eso un buen sistema de incentivos no es un adorno técnico, sino la arquitectura invisible de la corresponsabilidad. Si la empresa previene, organiza mejor y reduce sobrecargas, debe notar el retorno. Si el trabajador contribuye con su esfuerzo a un mejor resultado común, debe participar de él. Si la Administración acorta demoras y facilita reincorporaciones graduales, debe poder medir ese ahorro. Y si alguien abusa de una protección común, debe saber que no solo perjudica a una empresa: deteriora la confianza que permite proteger a quien de verdad la necesita.

La solidaridad exige derechos, pero también reciprocidad. Por eso conviene observar, sin reproche, que el absentismo no pesa igual donde el coste de la ausencia se percibe de forma inmediata, donde se reparte entre una organización y donde acaba diluyéndose en una estructura más amplia. La distancia que suele apreciarse entre autónomos, empresas privadas y administraciones públicas no describe virtudes ni defectos morales; describe entornos de incentivos distintos. Y esa diferencia debería ayudarnos a pensar mejor el problema, no a empobrecerlo con una polémica estéril. La solidaridad no consiste en fingir que todo uso del sistema es impecable. Consiste en garantizar que nadie que necesite legítimamente protección quede abandonado y, al mismo tiempo, cuidar los recursos que hacen posible esa garantía. Cuando el absentismo evitable crece, pagan las empresas, la Seguridad Social, los compañeros que cubren huecos, los clientes y los salarios que no podrán crecer. El coste se reparte. La factura llega.

Asturias, por su tamaño, su cultura industrial y su red de relaciones laborales, puede ensayar un acuerdo más sofisticado: menos sospecha general y más precisión; menos castigo indiscriminado y más prevención exigible; menos retórica y más retorno compartido del valor creado. Cuidar no es consentir cualquier deriva. Exigir no es deshumanizar a quien sufre. En el fondo, el absentismo pregunta por el vínculo emocional y económico que una persona mantiene con su trabajo. Si el empleo se vive como intemperie, crecerá la desconexión. Si el sistema premia igual al que se implica que al que se desentiende, crecerá el cinismo. Si el fruto del esfuerzo queda siempre lejos del trabajador, no extraña que deje de sentirse como una causa común.

Hablar del absentismo no es hablar contra nadie. Es defender una sociedad más exigente y madura: derechos fuertes, empresas responsables, trabajadores protegidos, incentivos inteligentes y productividad compartida. Una comunidad prospera cuando se atreve a Página 2 | 3 mirar el problema entero, en todas sus dimensiones. Lo demás —hablar a medias— tiene un coste demasiado alto.

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