Después de la amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado, en respuesta a una consulta de la Audiencia Nacional, que el derecho de la Unión no se opone a la Ley de amnistía aprobada por la Cámara baja del Parlamento español. La sentencia es la última palabra, tras muchos otros pronunciamientos previos, sobre el asunto que más controversia ha generado en la política nacional en los últimos tiempos. El fallo no conseguirá cerrar la discusión jurídica y moral en torno a su constitucionalidad y a su acierto político, pero la cuestión ahora estriba en la aplicación de la ley por los jueces españoles a los casos pendientes, que debiera ser lo más fiel y diligente que resulte posible, y en sus efectos políticos. Porque conviene no olvidar el propósito asociado a la amnistía, que ha servido a quienes la promovieron y la justifican como principal argumento en su defensa.

El Gobierno interpreta la sentencia como un respaldo definitivo a su agenda del reencuentro, reclama el reconocimiento de su victoria y aprovecha para arremeter contra la oposición. Feijóo trata de pasar página cuanto antes, para no excitar la hostilidad del nacionalismo catalán y no desviar la atención de los procesos judiciales que van consumiendo a Pedro Sánchez. A la vez, del interior de su partido proviene el eco de voces discrepantes, que producen ruido y desconcierto. Aznar, y en su misma onda Ayuso, no se resigna y hace votos para saldar esta cuenta en el futuro. Pero los portavoces de Junts se han apresurado a advertir que la decisión judicial de la Gran Sala no va a revertir su relación con el Ejecutivo y, reafirmando su independentismo, que el conflicto político de Cataluña con el Estado sigue ahí.

Sucede que la amnistía, rechazada inicialmente por el PSOE, fue usada como moneda de cambio en las negociaciones con los soberanistas catalanes para lograr la investidura de Pedro Sánchez, y ahora estamos en una coyuntura distinta. El partido de Puigdemont se ha pasado a la oposición y ha dejado al Gobierno en una posición muy precaria. De sostenerlo con un firme apoyo, salvando la enorme distancia política que por lo demás los separa, ha pasado a acosar al presidente con votos en contra, cuestiones de confianza, petición de elecciones anticipadas junto con el PP y Vox, hasta proponerle solemnemente su dimitir. Los de Junts aducen incumplimiento del pacto, pero la explicación del paso dado quizá sea la fulgurante irrupción de Alianza Catalana, la nueva derecha radical catalana, más independentista que Junts, al que ya supera en las encuestas, y más derechista que Vox, del que recibe la transferencia de la quinta parte de sus votos. El estrellato de Silvia Orriols en la política catalana está hundiendo a Puigdemont antes de su vuelta y Junts ha reaccionado con urgencia desentendiéndose de un Gobierno en horas bajas, paralizado por falta de apoyos y con su jefe bajo sospecha.

Pongamos las cosas en su sitio. La sentencia hecha pública en Luxemburgo pone punto final al proceso judicial de la Ley de amnistía, a falta de su aplicación con todas las consecuencias. Pero hay razones de peso para mantener abierto el debate sobre sus implicaciones políticas. La pacificación, si así puede aludirse al retorno a la rutina de la vida pública en Cataluña, no es un fruto feliz de la amnistía. La bajada de tensión que siguió al encrespamiento y la explosión de violencia, causada por una mezcla de cansancio, actuación de los poderes públicos y frustración, tuvo lugar antes de que se aprobara la Ley. La reconciliación quedó adherida a la amnistía solo cuando Pedro Sánchez hizo de la necesidad virtud, como él mismo se vio obligado a admitir en una reunión del comité federal de su partido. No cabe esperar que la amnistía provoque ningún efecto taumatúrgico. Desde una columna de la prensa catalana, de ineludible lectura para mí, se viene aireando el lema "todos dentro", que comparto en su integridad, incluyendo por tanto el derribo de los muros levantados por mero interés partidista. Pero más de un tercio de los catalanes se proclaman independentistas, sigo los discursos de Puigdemont y Orriols, y me pregunto, ¿aceptan los independentistas la invitación a entrar por la puerta que les abre la amnistía y estar dentro?, ¿o siguen pensando en la salida del Estado español? La cuestión catalana no está resuelta. Es preciso tenerlo bien presente para no caer en una fatal confusión.

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