La nueva financiación avanza menospreciando a los asturianos

Negociar la financiación autonómica no es otra cosa que decidir cómo se distribuye de manera justa el dinero de todos. Que no tiende al infinito, aunque a veces lo parezca. El encaje de números siempre deja vencedores y vencidos, en especial cuando se aborda desde el prejuicio ideológico o el interés partidista. Con el nuevo planteamiento en discusión, Asturias cae por goleada.

La propuesta para aumentar los recursos de las autonomías avanza en pleno verano menospreciando a los asturianos. La promesa de crear un fondo para compensar a la región, un parche, ni se cuantifica, ni se incluye en el modelo. Los nuevos criterios para nivelar de manera equitativa el coste de los servicios entre territorios no se han movido. Antes que el envejecimiento y la dispersión poblacional, priman compensaciones que favorecen arbitrariamente a la España mediterránea. El fondo climático o el de las pymes sirven de ejemplo. El Levante y Cataluña copan su cuantía.

El Gobierno de la nación coloca a Asturias entre las comunidades más favorecidas por su planteamiento. Una falsedad. El Gobierno del Principado, de vocación jacobina y alérgico a la insubordinación, se declara perjudicado. Las divergencias entre ambos ejecutivos socialistas son ya públicas y sin ambages. Un enfrentamiento significativo, aunque inocuo. El portazo asturiano nada paraliza. Al Ejecutivo nacional le basta con el apoyo catalán para superar el siguiente escollo, el debate en el Consejo de Política Fiscal a final de mes. Cosa distinta será la tramitación en el Congreso. Ahí podrá testarse cuánto de autenticidad o de impostura nutre la discrepancia asturiana. El presidente Illa considera desde la Generalitat "malos españoles" a quienes cuestionan la oferta. ¿Ningún compañero suyo de la FSA se da por aludido?

El vicio de origen

Que el reparto actual esté desfasado no significa que cualquier reforma vaya a mejorarlo. El vicio viene de origen. Lo que nos ha traído hasta aquí es la consolidación de una regalía, la foralidad del País Vasco y Navarra. El método se ha pervertido tanto que los 61.000 millones que el Estado transfiere cada año a la Seguridad Social para tapar el agujero de las pensiones salen del bolsillo de todos los españoles excepto navarros y vascos. Los independentistas catalanes aspiran a replicar el cupo por ventajas como esta. La urgencia política de Sánchez les brinda la oportunidad en bandeja.

El Gobierno central pone sobre la mesa 21.000 millones más. De algún sitio debe sacarlos: con recortes, subiendo el IRPF y el IVA o endeudándose hasta las trancas. Por cualquiera de esas vías, un pésimo negocio para Asturias. Con las cuentas estatales tocadas y las autonómicas menguando pierde el doble. Sumar a estas condiciones una presión fiscal escandalosa sería insoportable. Menos mal que por fin el presidente Barbón se abre a una rebaja de tributaciones a la clase media, sostenedora del erario y siempre esquilmada. Aunque tarde, los socialistas entienden que la subida silenciosa por su negativa a la deflactación roza niveles confiscatorios. Un paso tímido, pero por fin hacia delante.

Nunca en la historia las autonomías dispusieron de tantos medios. Mal los emplean cuando la ratio de gasto en sanidad y enseñanza cae y el deterioro en las prestaciones progresa: listas de espera interminables, atasco administrativo, formación deficiente... De esto nadie asume responsabilidades. Ni quiere hablar. Si fuésemos un país serio, antes de reventar la caja común, lo estaríamos debatiendo y atajando con medidas consensuadas. Porque administrar con eficiencia el dinero no es cuestión de derechas o de izquierdas, sino de lealtad a electores de múltiples colores que cumplen con su trabajo y sus impuestos.