Un año comarcalizados

Comienza a pasar lo que tenía que pasar. La decisión del legislador de concentrar en juzgados especializados los asuntos de violencia sobre la mujer era bienintencionada. En un tiempo en el que el Derecho debe dar respuesta a una realidad crecientemente compleja, el dramático sufrimiento de tantas mujeres, desolador en su número aceleradamente aumentado, justificaba una actuación. Sin embargo, la mal llamada comarcalización de tales tribunales especializados se revelaba desde el principio como altamente inconveniente. Debo explicar que cuando digo que la comarcalización está mal llamada, quiero decir que lo que se hizo no fue crear órganos especializados en los distintos partidos judiciales, sino concentrar las competencias de los tribunales locales en sendas plazas especializadas del tribunal de instancia de Gijón.

El Colegio de Abogados de Oviedo recurrió la norma y está previsto que en noviembre se resuelva su recurso, acumulado a los de otros colegios profesionales en cuyos ámbitos territoriales también se “comarcalizaron” tribunales.

Pero no fue esa la única iniciativa. Acompañado de varios integrantes de la junta colegial de gobierno, visité a los alcaldes de los municipios afectados: Siero, Infiesto y Cabranes, Cangas de Onís y Llanes. Todos mostraron su desconcierto y su rechazo a la nueva norma. Todos apoyaron la causa contraria a la concentración competencial.

También visitamos, uno por uno, a los responsables en materia de justicia de cada partido político con representación en la Junta General del Principado. Nos escucharon con interés, pero conscientes de que poco podían hacer. Sugerí que tal vez una proposición no de ley, instando al gobierno de la nación a repensar la situación, hubiese servido para mostrar públicamente la legítima preocupación por un asunto que podía intuirse que se convertiría en un problema, pero lo hice sin éxito.

A finales de 2025, cuando tuve la oportunidad de intervenir en la Junta General del Principado para expresar mi opinión sobre los presupuestos generales de nuestra comunidad para 2026, insistí en que la decisión del legislador era errada y debía rectificarse.

Nuestros argumentos eran y son sencillos. El primero, la ausencia de una especialización auténtica. De igual modo que existen turnos especializados en las áreas contencioso-administrativa, social y mercantil, en las que los jueces se integran por la vía de una oposición restringida y exigente en la que deben acreditar conocimientos profundos sobre tales materias; no existe un turno de especialización en materia de violencia sobre la mujer. La misma formación que tiene en esta materia el titular del tribunal de Cangas de Onís o de Llanes la tiene quien ocupe la plaza especializada del tribunal de instancia de Gijón al que, además, se le atribuyó el conocimiento de todos los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima es una mujer. A mayor carga de trabajo, inevitablemente mayor lentitud. Pero eso no es culpa de jueces ni de funcionarios, a cuya vocación no debe exigírsele el heroísmo de multiplicar el rendimiento de los minutos de cada hora de trabajo, sino de la decisión gubernamental.

El segundo, el alejamiento de la respuesta judicial respecto de las víctimas. Si, comúnmente, muchas mujeres del ámbito rural se retraen a la hora de denunciar la violencia que se ejerce sobre ellas por el solo hecho de ser mujeres, el tener que declarar mediante videoconferencia supone incorporar a su padecimiento el dato de la distancia respecto de un juez que debe procurarles cercanía, tranquilidad y seguridad, además de relativizar innecesariamente el principio de inmediación judicial. No es lo mismo declarar a distancia que hacerlo en el mismo espacio físico en el que está el juez, quien puede apreciar de primera mano (en eso consiste la inmediación) la situación de la víctima, sus posibles lesiones, sus reacciones, sus gestos, el tono de su voz, la consistencia de su relato... Súmese a esta circunstancia la necesidad de desplazarse a Gijón para realizar muchos trámites que no pueden llevarse a cabo telemáticamente. Y que conste que el mismo argumento permite rechazar la proyectada concentración en Oviedo de las competencias que en materia de violencia sobre la mujer aún conservan los tribunales del occidente asturiano.

Es de justicia reconocer que el Principado de Asturias ha hecho cuanto ha estado en su mano para cumplir la ley, arbitrando medios materiales que, por desgracia, no han sido suficientes para evitar que comiencen a alzarse voces que critican la actual situación y que se suman a la que el Colegio de Abogados de Oviedo ya alzó hace un año, por más que parezca ahora que hubo quien no se enteró. Tampoco lo ha sido el compromiso de los tribunales, cuya organización y desempeño en Asturias son sustancialmente mejores que en otras comunidades autónomas. Nada que reprochar, en este sentido, ni a nuestra Administración regional ni al poder judicial, que no han hecho otra cosa que esforzarse en cumplir la ley, como es su obligación. También lo es la de los abogados colegiados en Oviedo, aun cuando debamos seguir insistiendo en lo que como colegio profesional dijimos prontamente: que pensamos que la concentración competencial ha sido desafortunada en su decisión, impensada en su proyección y puede ser fatal en sus consecuencias.

Sé que es poco menos que imposible, porque las decisiones políticas tienden a la irreversibilidad, pero cuando una experiencia apunta al fracaso tal vez fuese bueno reconocer el error y volver al punto de partida, retornando las competencias en materia de violencia sobre la mujer a los tribunales de los partidos judiciales a los que les fueron retiradas, procurándoles mayores y mejores medios materiales y humanos para enfrentarse a una de las realidades que más repugnan a nuestra conciencia individual y social. No pasa nada por rectificar, más bien al contrario, hacerlo demostraría humildad, compromiso, capacidad de escucha y búsqueda de las mejores soluciones para las mujeres víctimas. A ellas y a la justicia que reclaman y merecen nos debemos todos.

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