La falacia de lo obvio

Hay argumentos que convencen porque parecen evidentes. Pero la solidez aparente de una conclusión nunca puede ocultar la fragilidad de sus premisas. Ese es, a mi juicio, el principal problema del artículo de opinión publicado recientemente sobre el IRPF asturiano.

El autor parte de un fenómeno real: la denominada progresividad en frío, un efecto que puede producirse cuando los salarios crecen con la inflación mientras el impuesto no se adapta a esa evolución; para llegar a una conclusión que solo se sostiene si se aceptan como ciertas premisas que no lo son.

La primera resulta especialmente llamativa y consiste en dar por hecho que los salarios han crecido al mismo ritmo que la inflación. Una hipótesis sorprendente para quien forma parte de una organización que lleva años negándose a incorporar cláusulas de garantía salarial ligadas al IPC en la negociación colectiva.

Cuando se trata de los salarios, la indexación se presenta como una amenaza para la economía. Cuando se trata de los impuestos, sin embargo, pasa a convertirse en un principio irrenunciable.

Los datos, sin embargo, ofrecen una imagen bastante más compleja. Entre 2019 y 2025 la inflación acumulada alcanzó el 21,8% (INE), mientras que los incrementos salariales pactados en negociación colectiva se situaron en el entorno del 16,4% acumulado, si neutralizamos las subidas del salario mínimo (Ministerio de Trabajo). Conviene neutralizar su efecto porque el SMI está exento de IRPF y fue la única renta del trabajo que creció claramente por encima del IPC gracias a decisiones del Gobierno de España que contaron con la oposición de la patronal. Los pronósticos formulados entonces, apoyados en criterios técnicos, nunca se confirmaron.

Es más, esa pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo tiene efectos negativos sobre el consumo, por lo que también afecta notablemente a los autónomos. Así pues, no puede darse por hecho que el tejido empresarial en su conjunto ha podido trasladar íntegramente la inflación a sus precios. Muchos pequeños empresarios asturianos han visto aumentar sus costes sin poder repercutirlos por miedo a perder clientela. Precisamente por eso, en muchos casos tampoco sus rentas han evolucionado automáticamente al ritmo del IPC.

La segunda premisa es todavía más problemática. Los números, sencillamente, no salen. Y no la respaldan porque parten de una hipótesis errónea y omiten que, desde 2019, el Gobierno del Principado de Asturias ha impulsado la vía fiscal asturiana para reducir la tributación de las clases medias y trabajadoras.

Se mejoró la tarifa del impuesto para las rentas de hasta 55.000 euros (el 90% de los contribuyentes), se incrementaron los mínimos exentos un 10% (el máximo permitido) y se introdujeron las deducciones fiscales más potentes de España para apoyar a las familias con hijos, a los jóvenes y el acceso a la vivienda.

Veámoslo con sus propios ejemplos. Una familia con dos hijos en la que ambos progenitores percibían 30.000 euros en 2019, es decir, unos ingresos conjuntos de 60.000 euros. Actualizando esos salarios conforme a su crecimiento real, el resultado es claro: esa familia paga hoy 1.000 euros menos de IRPF autonómico que en 2019. La explicación es sencilla. Asturias redujo su tributación efectiva actualizando la tarifa, incrementando los mínimos exentos y creando nuevas deducciones: 600 euros por hijo a cargo y 1.000 euros por familia numerosa a partir de dos hijos.

El segundo supuesto es aún más evidente. Una familia con dos hijos que en 2019 obtenía unos ingresos conjuntos de 30.000 euros. En este caso, la cuota autonómica del IRPF en 2025 es 1.500 euros inferior a la que pagaban en 2019.

En ambos supuestos, esa familia paga hoy menos IRPF autonómico que en 2019. Exactamente lo contrario de lo que sostiene el artículo. Y eso nos conduce al verdadero fondo del debate.

La progresividad en frío existe en los manuales cuando las rentas nominales evolucionan al ritmo de la inflación. El problema es que ni los salarios, ni los beneficios de la mayoría de los autónomos lo han hecho. La economía real es bastante más compleja, y a ella debe responder la política económica.

Hay quien sostiene que la gran injusticia de estos años ha sido que el IRPF no se actualizara automáticamente con la inflación. Nosotros creemos que la verdadera injusticia ha sido otra: que muchos trabajadores y autónomos no hayan podido actualizar sus ingresos al mismo ritmo que aumentaban los precios. Resulta llamativo que quienes con mayor insistencia reclaman hoy la deflactación de la tarifa sean también quienes menor entusiasmo muestran cuando se trata de garantizar que los salarios (y, por extensión, los ingresos de los autónomos) no pierdan poder adquisitivo. Conviene preguntarse por qué algunos consideran prioritario socializar las ventajas derivadas de una rebaja fiscal generalizada, pero no proteger con la misma intensidad la capacidad adquisitiva de las clases medias y trabajadoras.

Y es que, pese a lo discutible de sus premisas, el principal problema del artículo es que plantea el debate equivocado. La cuestión no es si hay que deflactar o no la tarifa del IRPF. La cuestión verdaderamente importante es cómo recuperar el poder adquisitivo que las clases medias y trabajadoras han perdido durante estos años.

Hay dos formas de abordar ese problema. Una consiste en pedir moderación salarial y, al mismo tiempo, reclamar una rebaja fiscal lineal que, por la propia naturaleza de un impuesto progresivo, beneficia más a quienes tienen rentas más elevadas. La otra ha consistido en aumentar el SMI, reducir el IRPF de la mayoría social, crear deducciones fiscales y reforzar el Estado del bienestar. Asturias es la comunidad autónoma que más recursos destina a su sistema sanitario, ha establecido la gratuidad de la matrícula universitaria, ha desplegado una red pública y gratuita de escuelas de 0 a 3 años y ha impulsado la Tarjeta Conecta. Porque proteger el poder adquisitivo de la mayoría social también consiste en reducir lo que las familias pagan por los servicios esenciales.

Una política progresista que, además, funciona. Asturias supera hoy los 400.000 cotizantes a la Seguridad Social y registra menos de 50.000 parados, cifras históricas que, como ha puesto de manifiesto la AIReF, explican en buena medida el buen comportamiento de la recaudación tributaria.

Los intereses particulares siempre encontrarán quien los defienda. Como escribió Léon Blum, "la política es el arte de poner el interés general por encima de los intereses particulares". Ese ha sido, y seguirá siendo, el compromiso de este gobierno con la mayoría social.

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