"Lawfare" e independencia judicial

Hace tiempo que en España y en otros países, como los Estados Unidos de América se habla del "lawfare", en el sentido de guerra judicial o judicialización de la política. Quien lo hace suele ser el gobernante de turno, para descalificar las actuaciones de los jueces y tribunales, que les incomoda o que directamente investigan, mediante el correspondiente procedimiento penal, los hechos presuntamente delictivos cometidos por los propios gobernantes o por personas que trabajan a sus órdenes, incluyendo a los amigos o familiares. A esos gobernantes les acompañan una retahíla de periodistas y personajes que recitan todo lo que esa mañana les indican los correspondientes directivos o asesores.

No hace falta decir quién es el gobernante de turno en España desde hace ocho años, y tampoco hace falta describir los innumerables procedimientos judiciales que se están incoando contra miembros o ex miembros del gobierno o funcionarios del mismo en lo más alto del escalafón, y dirigentes o ex dirigentes del partido en el poder, así como familiares del más alto representante del gobierno y del partido gobernante.

De ser cierto estaríamos ante un colectivo judicial cuyo principal objetivo sería provocar la caída del gobierno, algo que continuamente invocan nuestros actuales gobernantes

Pues bien, tras cincuenta años de ejercicio profesional como abogado puedo decir, sin temor a equivocarme, que el "lawfare" es un invento de los que actualmente ocupan el gobierno de España para justificar lo injustificable. Y ello por una razón: los jueces españoles son "absolutamente independientes". Veamos:

1.- La división de poderes.

Desde Montesquieu hasta el día de hoy cualquier democracia que se precie presume de la existencia de los tres poderes que funcionarían de forma independiente entre sí: El legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Si bien el ejecutivo fue designado por el legislativo en el uso de sus competencias, a día de hoy el legislativo no es más que un decorado, pues el Presidente del Gobierno ya dijo en su día que gobernaría con el Congreso de los Diputados o sin él y la realidad actual es que gobierna haciendo mofa y befa de nuestros representantes, utilizando el sistema del real decreto para gobernar, que en su mayor parte decaen cuando llega el momento de su convalidación por las Cortes Generales. Con lo cual podemos concluir que el legislativo, en este momento, no ejerce ningún poder, porque el Gobierno se lo hurta. Fíjense que el Gobierno ha hurtado a las Cortes la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que es la Ley Principal de cada año de legislatura y la que marca la política del Gobierno, durante tres años seguidos incumpliendo la obligación constitucional de presentarlos. Esto facilita que el Gobierno disponga de los dineros públicos a su antojo, pues las partidas presupuestarias en vigor son las correspondientes a los presupuestos del 2023, prorrogados por tres veces, haciendo uso espurio de una posibilidad claramente excepcional que permite nuestra Carta Magna. Esto me lleva a pensar que el Gobierno en pleno estaría incurriendo en un delito continuado de Malversación de Caudales Públicos, previsto y penado en el art. 433 del vigente Código Penal, en relación con el art. 74 del mismo cuerpo legal, redactado según la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre.

El Poder Judicial está encarnado en el Consejo General del Poder Judicial, órgano que todos los partidos pretenden controlar intentando colocar cada uno a los miembros más próximos a cada uno de ellos, con el resultado que todos conocemos. Pero no nos engañemos, el CGPJ es un órgano administrativo que no tiene capacidad jurisdiccional alguna. Se limita a los nombramientos de los miembros de los tribunales, a incoar expedientes disciplinarios y poca cosa más.

El Poder Judicial verdadero reside en cada uno de los jueces y tribunales que imparten justicia a lo largo y ancho del territorio español. El poder de un solo Juez es inmenso. Está por encima de todo y solo está sometido al imperio de la Ley (Art. 117 de la Constitución) y ese poder lo ejercen los jueces desde la más absoluta independencia, aunque sus resoluciones, previos lo recursos que correspondan, pueden ser revisadas por los tribunales superiores, que, desde la misma manera, juzgan con absoluta independencia.

2.- La independencia del poder judicial.

Si algo claro tiene un juez, desde que aprende a serlo, es que su independencia es absoluta y nada ni nadie puede coartar su independencia. El juez es muy celoso de su independencia, que está por encima de todo y sabe que si se equivoca habrá un tribunal superior que lo corregirá.

"La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" (Art. 117.1 de la C.E.).

"Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley" (Art. 117.2 C.E.).

Sentado lo que antecede ¿Son los jueces infalibles? Evidentemente no lo son. Son personas humanas como los demás, pero están preparados para impartir justicia, siempre dentro de las limitaciones de nuestra humana condición.

El Derecho nace con los primeros atisbos de la sociedad. La compilación más antigua que se conoce es el Código de Hammurabi, de Babilonia, datado en el año 1750 antes de Cristo. Desde el principio de nuestras sociedades nos hemos dado e impuesto normas que rijan nuestras relaciones, con el fin de evitar que nuestros litigios sea resueltos a garrotazos, como pintaba Francisco de Goya o con drones y misiles balísticos, como está de moda en la actualidad. Ello no quiere decir ni que las leyes sean, por serlo, justas, ni que quienes están obligados a aplicarlas lo hagan correctamente y el resultado sea justo. Sencillamente, para no acabar a garrotazos ni a dronazos, nos hemos sometido a nuestras leyes y a nuestros jueces.

A lo largo de mis cincuenta años de ejercicio profesional pude ver de todo: resoluciones claramente injustas, que una vez recurridas eran convenientemente corregidas y otras, igualmente injustas, que recurridas eran confirmadas por las instancias superiores, con lo que la injusticia quedaba consagrada. Pues bien, hay que aceptar ambas situaciones, porque es a los jueces a los que corresponde la aplicación de las leyes.

Como decía mi amigo, compañero y maestro Luis Varela Menéndez, que fue decano de nuestro Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, "la verdad es una señora muy zalamera que se va con quien mejor sabe cortejarla". Y exactamente eso pasa con las resoluciones judiciales, que no siempre son las correctas, pero estamos obligados a acatarlas, tanto los ciudadanos de a pie como el Presidente del Gobierno y su cohorte ministerial.

Llegados a este punto, últimamente podemos comprobar cómo desde las altas instancias gubernamentales se están poniendo en tela de juicio algunas decisiones judiciales y se habla de una conspiración de las togas para acabar con el gobierno. Algunos ministros hablan de prevaricación de los jueces (Piensen en los Óscares del gobierno). Pues podríamos encontrarnos de nuevo con otro delito continuado, en este caso contra la independencia judicial, previsto en el art. 550 del Código Penal, en relación con el art. 74 del mismo. Si realmente esos ministros piensan que algunos jueces prevarican es su obligación, como altos funcionarios que son, de interponer las acciones judiciales correspondientes en persecución de ese delito, el más grave que puede cometer un juez.

Desde luego que las resoluciones son criticables, pero principalmente son recurribles. Si se recurren y son confirmadas hay que acatarlas y si no se recurren, con más razón, pero lo que no cabe en un Estado de Derecho, y presumimos de disfrutar de ello, es atacar a los jueces tachándolos de corruptos o prevaricadores. Como vimos más arriba eso es incurrir en un delito previsto en el Código Penal.

3.- El deterioro de las Instituciones.

La situación en la que nos encontramos, en la que Las Cortes Generales están inutilizadas, el Gobierno campa por sus respetos, pasando de todo y de todos y los jueces, los únicos que cumplen con su obligación, son permanentemente atacados por el poder ejecutivo y acosados directamente, hasta el punto que hay varios procedimientos judiciales en curso en persecución de los responsables, es desoladora.

El único de los poderes del Estado que está cumpliendo su misión es el Poder Judicial y, por ello, está siendo denostado, acosado y perseguido por quien debería ser el primero en acatarlo, el Gobierno.

Tal es el ansia de poder del Gobierno que, no contento con haber inutilizado el Congreso y el Senado, con atacar y perseguir los jueces que cumplen con su cometido, está extendiendo sus tentáculos a los demás centros de poder fáctico, como son las empresas cotizadas, donde de una manera o de otra están consiguiendo su cuota de poder, o instituciones independientes, como sería la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), o La Fiscalía General del Estado, que antes tenían un prestigio y hoy están absolutamente desprestigiadas.

4.- La Fiscalía.

No forma parte del Poder Judicial, pero a ella corresponde la persecución de los delitos y, a mi modo de ver, debería haber iniciado las actuaciones para perseguir los delitos a que me he referido, pero como hemos visto su prestigio está por los suelos, gracias, precisamente, al Gobierno del que orgánicamente depende, pero ya hemos visto históricamente que la Fiscalía no está a lo que debería. Recuerden el 27 de Octubre del 2017 cuando en Cataluña se estaba cometiendo en directo y televisado un delito de rebelión, el Fiscal manifestó que no había prisa y esperó hasta el lunes 30 para interponer la querella, cuando Puigdemont ya había escapado en el maletero de un coche. Y cuando hablo de la Fiscalía me refiero al Fiscal General del Estado, tanto al dimitido como a la que actualmente ocupa tal cargo, porque si algo he aprendido también en mis cincuenta años de ejercicio es que "los fiscales" son gente competente y que colabora eficazmente en la Administración de la Justicia. Hasta tal punto ha llegado la corrupción del Gobierno.

5.- Quid iuris.

Y ahora ¿Qué hacemos o qué podemos hacer? De lo antedicho, de la deteriorada situación que padecemos hay una sola persona responsable y es "El Presidente de Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón", al frente de toda su panda, que ya está siendo investigada como organización criminal. Cuanto más tarde en cumplir con su obligación de convocar elecciones generales el deterioro seguirá en aumento y cada vez será más difícil de revertir la situación. Una vez convocadas y celebradas las elecciones será el momento de exigir las responsabilidades personales y penales de cada uno, ya que por el momento, quien está obligado a hacerlo no lo hace.

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