España empieza en Ceuta

Hay una anomalía que España ha terminado aceptando con una resignación preocupante.

Ninguna ciudad francesa tiene que demostrar periódicamente que pertenece a Francia. Ninguna ciudad italiana debe justificar su italianidad cada vez que surge una crisis diplomática. Ninguna ciudad portuguesa vive bajo el examen constante de su legitimidad histórica.

Solo Ceuta parece obligada a explicar, una y otra vez, por qué es España.

Y esa, probablemente, constituye la mayor victoria del relato marroquí. No haber modificado un solo milímetro de la realidad jurídica, sino haber conseguido que una soberanía consolidada desde hace siglos sea presentada, dentro y fuera de nuestras fronteras, como una cuestión abierta.

No lo está.

Ceuta es España por la misma razón que lo son Salamanca, Cádiz o Zaragoza: porque la historia, el derecho internacional y la continuidad del ejercicio de la soberanía así lo acreditan.

Conviene recordarlo en un momento en que las imágenes de entradas masivas de inmigrantes vuelven a ocupar los informativos.

Porque antes de hablar de inmigración conviene hablar de geografía. Y antes de hablar de geografía, de historia.

Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415. En 1580, con la Unión Ibérica, pasó a integrarse en la Monarquía Hispánica. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta decidió permanecer bajo la Corona española. Esa decisión quedó reconocida en el Tratado de Lisboa de 1668, mucho antes del nacimiento del Marruecos contemporáneo.

No se trata, por tanto, de un territorio cuya pertenencia a España sea fruto de una ocupación reciente ni de un proceso colonial pendiente de resolver.

Se trata de una ciudad española desde hace más de tres siglos y medio.

Sus habitantes eligen diputados al Congreso, participan en las elecciones al Parlamento Europeo, sirven en las Fuerzas Armadas, pagan impuestos y disfrutan de los mismos derechos constitucionales que cualquier otro ciudadano español. Naciones Unidas no incluye a Ceuta entre los territorios no autónomos pendientes de descolonización. Jurídicamente, su situación es clara.

Sin embargo, cada vez que miles de personas intentan cruzar el espigón del Tarajal o superar la valla fronteriza, el debate se desplaza hacia otro lugar.

Se habla de pobreza.

De mafias.

De rutas migratorias.

De solidaridad.

Todo ello merece atención.

Pero rara vez se formula la pregunta que cualquier Estado soberano se haría.

¿Cómo es posible que una de las fronteras terrestres más vigiladas del continente africano experimente entradas masivas en cuestión de horas?

Marruecos ha demostrado en numerosas ocasiones que dispone de medios suficientes para controlar esa frontera cuando así lo decide. Del mismo modo, los episodios de mayor presión migratoria han coincidido repetidamente con momentos de tensión política entre Rabat y Madrid. La crisis de mayo de 2021 fue el ejemplo más evidente: cerca de ocho mil personas accedieron a Ceuta en apenas dos días tras una relajación extraordinaria de los controles fronterizos por parte de las autoridades marroquíes, un episodio que numerosos analistas y medios internacionales interpretaron como una forma de presión diplomática.

No hace falta recurrir a teorías conspirativas.

Basta con observar los hechos.

Cuando la cooperación funciona, la presión disminuye.

Cuando la cooperación desaparece, la frontera se convierte en escenario de una crisis.

Y esa realidad debería preocupar mucho más a España y a la Unión Europea de lo que parece.

Porque Ceuta no constituye únicamente una frontera española.

Es una frontera europea.

Resulta llamativo que Bruselas dedique enormes esfuerzos a reforzar las fronteras orientales de la Unión mientras las crisis periódicas en Ceuta y Melilla suelen abordarse casi exclusivamente como un problema migratorio.

Lo son.

Pero también son un problema de soberanía.

Y cuando una frontera exterior de la Unión depende, en buena medida, de la voluntad política del Estado vecino, la cuestión deja de ser exclusivamente humanitaria para convertirse también en estratégica.

En este contexto adquiere una especial relevancia la proyección internacional de Marruecos.

El Reino alauí será uno de los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol de 2030, un reconocimiento que refleja su creciente peso regional y su capacidad organizativa. Es una noticia positiva para el deporte y una oportunidad para fortalecer la cooperación entre España, Portugal y Marruecos.

Precisamente por ello, esa proyección internacional debería ir acompañada de un compromiso igualmente firme con la cooperación fronteriza y la confianza mutua.

Los grandes acontecimientos deportivos proyectan una imagen de estabilidad.

Pero la estabilidad no se mide únicamente por la construcción de infraestructuras o la organización de competiciones.

También se mide por la capacidad de mantener relaciones previsibles con los países vecinos y de impedir que miles de personas vulnerables se conviertan en protagonistas involuntarios de crisis políticas.

España tampoco puede conformarse con administrar estas situaciones cada vez que se producen.

La respuesta institucional suele limitarse al envío de refuerzos policiales, declaraciones de preocupación y llamadas a la cooperación.

Todo ello es necesario.

Pero insuficiente.

La primera obligación de cualquier Estado consiste en garantizar la integridad de sus fronteras y defender sin complejos la legitimidad de su territorio.

Y esa defensa empieza por el lenguaje.

Ceuta no es un enclave cuya pertenencia a España deba explicarse cada vez que estalla una crisis.

Ceuta no es una anomalía histórica.

Ceuta no es una concesión.

Ceuta es una ciudad española.

Lo ha sido durante generaciones.

Lo es hoy.

Y nada indica que vaya a dejar de serlo.

La inmigración irregular constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Merece respuestas humanas, eficaces y compatibles con el respeto a la dignidad de quienes buscan una vida mejor.

Pero la solidaridad nunca puede exigir que un Estado renuncie a defender la integridad de su territorio ni que acepte como inevitable que sus fronteras se conviertan periódicamente en escenarios de presión política.

Quizá haya llegado el momento de abandonar los complejos.

No para levantar más muros.

No para renunciar a la cooperación.

Sino para recordar una verdad que debería resultar tan evidente que nadie tuviera que escribir un artículo para defenderla.

Ceuta no necesita permiso para ser España.

Nunca lo ha necesitado.

Y España tampoco debería comportarse como si tuviera que pedirlo.

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