Contados y justos

La política democrática giró durante décadas sobre la idea de convencer a más ciudadanos. Ganar unas elecciones consistía en obtener la confianza de quienes ya formaban parte de esa comunidad política. Hoy vivimos aires de cambio porque una buena parte del debate ya no consiste en persuadir a los ciudadanos, sino en discutir quiénes deberían ser ciudadanos. Las críticas del Partido Popular a la regularización extraordinaria de inmigrantes o a la llamada Ley de Nietos comparten un argumento que trasciende ambas cuestiones, el de la preocupación por sus efectos electorales. No se discute solo la oportunidad de esas medidas o su encaje jurídico, se sugiere que incorporar nuevos ciudadanos puede alterar el equilibrio político.

Es un desplazamiento relevante del centro de gravedad, que deja de estar en las políticas para llegar a la propia composición del electorado. Hubo un tiempo en que el PP reivindicaba la sociedad abierta de Popper, lo hacía habitualmente Pablo Casado para defender una democracia liberal asentada sobre el pluralismo y la confianza en las instituciones. Citaba a Arendt sobre la necesidad de convivir con quienes piensan distinto. Ambas ideas comparten una misma premisa, la democracia exige aceptar la incertidumbre, porque nunca sabemos quién votará a quién.

Quizá ese sea el problema del nuevo lenguaje político, la incertidumbre democrática es un riesgo que conviene reducir. Se habla del efecto electoral de los inmigrantes regularizados, de los descendientes de españoles en el exterior o de cualquier colectivo que amplíe el censo. Como si la ciudadanía pudiera evaluarse en función de la papeleta que pueda depositar en una urna.

Pero la democracia liberal nunca funcionó así. Los derechos no se reconocen porque beneficien electoralmente a unos u otros, sino porque existen razones jurídicas o políticas para reconocerlos. Además, la realidad suele desmentir esas previsiones. Durante años se dio por hecho que el crecimiento del voto latino en Estados Unidos consolidaría una mayoría demócrata. La evolución electoral de Donald Trump mostró hasta qué punto las identidades no determinan automáticamente el comportamiento político.

Controlar las fronteras, ordenar la inmigración o regular el acceso a la nacionalidad forman parte de las obligaciones de cualquier Estado. El problema comienza cuando el debate deja de centrarse en esas políticas y pasa a cuestionar quién debería integrar el cuerpo electoral. Las sociedades abiertas confían en que la democracia soportará cualquier resultado electoral. Las sociedades inseguras empiezan preguntándose quién entra y, a veces, terminan preguntándose quién cuenta.

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