Lo que la Ley de Vivienda no construye

Una ley de vivienda no debería escribirse para dejar huella en un gobierno. Debería escribirse para que alguien encuentre casa. Parece una diferencia menor, casi semántica, pero en ella se juega buena parte del futuro de Asturias.

El proyecto de Ley de Vivienda del Principado merece una crítica rigurosa. No porque sus objetivos carezcan de legitimidad –nadie sensato puede negar la gravedad del problema–, sino porque corre el riesgo de confundir ambición normativa con eficacia real. En vivienda, una cosa es escribir una receta y otra poner comida sobre la mesa: la pregunta decisiva no es cuánto regula la ley, sino cuánta vivienda ayuda a producir.

La cuestión, por tanto, no es si Asturias necesita una política pública de vivienda, sino si esta ley actúa sobre las causas que impiden que haya más vivienda disponible o si se limita a ordenar, vigilar y sancionar un mercado ya insuficiente. La pregunta esencial es más simple, y también más exigente: ¿quién va a construir las viviendas que Asturias necesita y en qué condiciones podrá hacerlo?

Además, las reformas estructurales suelen impulsarse al principio de una legislatura. Cuando llegan al final, adquieren otra dimensión: dejan reglas escritas cuya aplicación, financiación y consecuencias dependerán en buena medida de quienes gobiernen después. Por eso conviene preguntarse si la norma llega a tiempo para desplegar con eficacia los recursos que exige el problema.

Porque la vivienda no aparece por decreto. No se financia con consignas ni aumenta cuando quienes pueden promover, rehabilitar, invertir o alquilar perciben más incertidumbre que confianza. La ley contiene instrumentos defendibles –vivienda asequible, parque público, intermediación–, pero una cosa es ordenar prioridades y otra sustituir la ejecución. El problema empieza cuando la política se resigna a repartir la escasez en lugar de combatirla.

Asturias no tiene, fundamentalmente, un problema jurídico, sino de capacidad: faltan suelo disponible, agilidad administrativa, mano de obra cualificada y costes que hagan viables las promociones necesarias. Esa carencia se percibe ya en áreas urbanas, villas y concejos donde la falta de oferta condiciona empleo, juventud y arraigo. A ello se suma una fiscalidad que grava la vivienda como si fuera un lujo y no una condición elemental de ciudadanía.

Construir se ha encarecido. La acumulación de exigencias normativas, la subida de materiales, energía y financiación, la lentitud burocrática, la escasez de mano de obra y una tributación creciente –por encima del treinta por ciento del valor total de la vivienda– han dejado fuera de juego muchas promociones. Cuando eso ocurre, no desaparece solo el margen del promotor. Desaparece la promoción. Y con ella, las viviendas que no llegan al mercado.

La paradoja fiscal es evidente: cuanto más suben precios y costes, más recaudan las administraciones por impuestos, tasas y tributos ligados al proceso edificatorio. Si el sector público ingresa más sobre aquello que encarece la vivienda, debería explicar qué parte de esa recaudación vuelve al sistema para hacerlo viable, ágil y productivo.

Más registros no resuelven la falta de mano de obra cualificada. Más sanciones no urbanizan suelo. Más intervención administrativa no abarata materiales ni acelera licencias. La política de vivienda será seria cuando empiece por lo elemental: producir vivienda, movilizar suelo, reducir trámites, alinear la fiscalidad y atraer inversión en lugar de espantarla.

Producir vivienda no significa solo levantar obra nueva. Significa también rehabilitar con rapidez, convertir suelo apto en suelo disponible, dar seguridad a quien alquila, facilitar que los proyectos salgan de los expedientes y coordinar a administraciones que demasiadas veces actúan como ventanillas sucesivas de un mismo bloqueo.

Por eso conviene citar el "Cuaderno de Cámara" dedicado a vivienda y ciudad, elaborado por la Cámara de Comercio de Oviedo. Su valor no está en añadir ruido, sino en ordenar causas, consecuencias y remedios desde una perspectiva técnica. Sus propuestas pueden discutirse; lo menos razonable sería ignorarlas sin una alternativa igual de solvente.

Tampoco se trata de copiar modelos ajenos, pero sí de mirar alrededor. Galicia ha vinculado su política de vivienda a objetivos concretos: ampliar vivienda protegida, activar suelo residencial, rehabilitar núcleos urbanos, movilizar recursos y disponer incentivos adecuados para coordinar a Xunta, ayuntamientos y operadores privados. No todo es trasladable a Asturias, pero sí una lección: sin suelo, financiación, incentivos, colaboración y calendario de ejecución, la norma se queda corta.

La colaboración público-privada no es una concesión ideológica, sino una necesidad material. Resolver el déficit exige suelo, financiación, proyecto técnico, gestión, riesgo empresarial y administraciones capaces de dar seguridad y rapidez. Sin esa combinación, el propósito público se queda sin instrumentos.

Hay algo demasiado simple en la tendencia a resolver debates complejos mediante etiquetas. "Especuladores", dicen unos. "Demagogos", podrían responder otros. Puede servir como estribillo de una canción punk; no parece, sin embargo, una base especialmente sólida para diseñar una política de vivienda.

Mirar con recelo permanente a quienes pueden promover, construir, invertir o alquilar no mejora el acceso a una casa; reduce los incentivos para que esa vivienda exista. La crítica a los abusos es necesaria. Convertir la desconfianza en criterio general puede producir un titular. Lo que no produce es una sola vivienda.

Una comunidad que quiere atraer talento, retener jóvenes y ganar competitividad no puede limitarse a regular la vivienda: tiene que producirla en condiciones accesibles. No hablamos solo de política social, sino también económica, demográfica y territorial. Donde no hay casa accesible, no hay proyecto vital; donde no hay proyecto vital, no hay arraigo.

La verdadera voluntad política no se demuestra aprobando una ley, sino movilizando recursos. Regular es relativamente barato; construir, rehabilitar, desarrollar suelo, coordinar administraciones y formar trabajadores exige dinero, gestión y liderazgo. Una ley no convierte la retórica en ladrillos.

Ese es el riesgo: que la norma permita decir "hemos hecho una ley", pero no que más asturianos puedan decir "hemos encontrado nuestra casa". Las leyes no existen para mejorar la biografía política de sus autores, sino la vida de los ciudadanos. En vivienda, esa mejora solo se comprueba cuando alguien deja de buscar casa y empieza a vivir en ella.

La diferencia entre una buena política de vivienda y una mala no está en la calidad literaria de la receta. Está en si al final hay comida sobre la mesa. No se supera la escasez produciendo más normas. Se supera produciendo más de aquello que escasea. Y lo que escasea en Asturias no son las leyes. Son viviendas.

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