El problema de la vivienda solo se arregla desde el consenso

Solucionar la escasez de vivienda en Asturias y en España, una emergencia, exige acuerdos, no trincheras. La región necesita más oferta de pisos asequibles y mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, en vez de bronca política. Convertir en munición electoral una situación que ya condiciona los planes y anhelos de miles de ciudadanos solo agravará el problema.

A los españoles les gusta ser dueños de su casa. Es una cuestión de cultura residencial que no conviene obviar a la hora de abrir este debate. La inmensa mayoría de los propietarios de este país no son desalmados especuladores sino ciudadanos corrientes y molientes que han depositado con sacrificio y esfuerzo sus ahorros en adquirir un hogar, o lo recibieron en herencia de sus padres. A otros europeos no les ocurre lo mismo y se sienten cómodos como inquilinos. La cuestión es que ahora, aquí, hacerse con un piso o alquilarlo se ha vuelto imposible. Esa doble puerta cerrada suministra combustible a la fragmentación. Una generación entera de jóvenes –y no tan jóvenes– hace equilibrios en el alambre y posterga decisiones importantes de futuro, víctima de la desigualdad.

Estos desajustes, que Asturias encara además en un contexto de crecimiento de la población por la llegada de foráneos, se han convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del momento. Idénticos inconvenientes, aunque menos severos, sufren también naciones del entorno. Faltan viviendas, nadie lo discute. El único remedio eficaz y directo pasa por construirlas. Pero tramitar planes de urbanismo para generar suelo requiere con suerte una o dos décadas. Y una vez sorteado el laberinto burocrático, levantar un edificio todavía obliga a esperar un mínimo de dos años.

Reacciones encontradas

Algunos países ofrecen incentivos fiscales para la reactivación. Otros optan por intentar el control limitando precios y legislando. En esto último andan el Gobierno central y el autonómico con la nueva ley de Vivienda. La puesta en funcionamiento de las primeras doce zonas tensionadas de la región, donde van a toparse los arrendamientos, y su posible ampliación a la gran mayoría de inmuebles del área metropolitana han provocado una catarata de reacciones enfrentadas.

El escaso tiempo en vigor de la medida no permite todavía valorar con exactitud sus consecuencias. La norma es ardua y farragosa, difícil de interpretar para los profanos, lo que estimula la desconfianza. Las inmobiliarias advierten de que los caseros retiran pisos o buscan alternativas. Así ocurrió en La Coruña, por ejemplo. Si el alquiler baja pero la oferta se contrae, en vez de sentir alivio, los asturianos se hallarán ante un obstáculo aún más grande. El Principado, que ya ha restringido el uso turístico de los domicilios, pretende completar la disposición estatal instaurando el derecho de tanteo y retracto en las ventas para aumentar un parque público hoy irrelevante. Para que no acabe en un brindis al sol exigirá disponer de cuantiosos recursos.

Una vez más, con un asunto capital sobre la mesa, izquierda y derecha ahondan la sima de los bloques tácticos. Sobran la simplificación, el reduccionismo y la resurrección de la lucha de clases. Faltan diálogo abierto, búsqueda de puntos en común y generosidad para ceder un poco en favor del interés general. Antes de que la política asturiana empiece a extraviarse en su discusión favorita, si galgos o podencos, la discrepancia debería servir para lo contrario. Para convertirse en el acelerante del acercamiento.

No existe una receta única para resolver esta crisis compleja. Una vivienda es un derecho, no solo una inversión. Ni el mercado a su suerte brindará una salida, ni la regulación basta con escasa disposición de pisos porque no obra el milagro de multiplicarlos. Todo el mundo comparte el diagnóstico, así que dar, aislados del ruido, con una solución no tiene por qué resultar imposible si priman el convencimiento y la voluntad de alcanzar acuerdos que ayuden a resolver los problemas de los ciudadanos.