El referéndum del Estrecho

Miles de jóvenes corren hacia la playa. Otros escalan una valla. Algunos se lanzan al mar convencidos de que, al otro lado del Estrecho, existe una vida por la que merece la pena jugarse todo. En cuestión de horas Europa vuelve a discutir sobre Schengen, sobre el efecto llamada, sobre la necesidad de reforzar las fronteras o incluso sobre la conveniencia de imponer controles a las llegadas procedentes de España, como si el país encargado de custodiar una de las principales fronteras exteriores de la Unión se hubiera convertido, de repente, en el principal problema de Europa.

Lo verdaderamente sorprendente no fueron las imágenes. Fue la velocidad con la que algunos aliados reaccionaron levantando controles sobre las llegadas desde España antes que dirigiendo sus reproches políticos hacia el país del que partían quienes intentaban entrar ilegalmente en Europa. Durante unos días, el centinela ocupó el banquillo de los acusados. La frontera exterior seguía soportando la presión, pero la primera reacción consistía en reforzar las fronteras interiores.

Las fronteras siempre tienen dos lados. Sin embargo, el debate europeo parece desarrollarse únicamente en uno de ellos. Analizamos con enorme detalle las leyes españolas, el funcionamiento de Schengen, la actuación de la Guardia Civil o las decisiones del Gobierno. Apenas dedicamos el mismo esfuerzo a preguntarnos qué ocurre al otro lado del Estrecho para que decenas de miles de jóvenes lleguen a la conclusión de que merece la pena confiar su vida a una mafia, lanzarse al mar o escalar una valla antes que permanecer en el país donde nacieron.

Esa pregunta no puede responderse sin volver la vista atrás. La relación entre España y Marruecos no comenzó con esta crisis ni con este Gobierno. Está marcada por el Sáhara Occidental, por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, que reconoció vínculos históricos, pero no soberanía marroquí sobre el territorio, por la Marcha Verde y por unos Acuerdos de Madrid que permitieron la retirada española sin resolver definitivamente la cuestión de la soberanía. Medio siglo después, aquella herida continúa condicionando la política exterior de ambos países.

También conviene recordar otra realidad histórica con demasiada frecuencia simplificada. Ceuta y Melilla forman parte de España desde siglos antes del nacimiento del Estado marroquí independiente en 1956. Su estatuto jurídico e histórico no puede reducirse a la proximidad geográfica, del mismo modo que Gibraltar no se explica únicamente mirando un mapa. Son debates distintos, con recorridos distintos, que se confunden interesadamente.

Desde entonces, la relación entre ambos países ha alternado cooperación y tensión. La crisis del islote de Perejil en 2002 demostró hasta qué punto pequeños hechos consumados podían convertirse en pruebas de voluntad política. La crisis de Ceuta de 2021 añadió un elemento nuevo. El Parlamento Europeo denunció expresamente la utilización del control fronterizo, de la migración y, en particular, de menores no acompañados como presión política contra un Estado miembro. Aquello no fue solamente una crisis humanitaria. Fue también una advertencia estratégica.

En 2022 España modificó su posición tradicional sobre el Sáhara para respaldar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para una solución. La decisión permitió recomponer la relación con Rabat, pero deterioró gravemente los vínculos con Argelia. La geopolítica del Estrecho volvió a recordar que, en esta región, casi ninguna decisión tiene un único coste.

¿Por qué, cincuenta años después, decenas de miles de jóvenes marroquíes siguen considerando racional jugarse la vida en el Mediterráneo?

Naturalmente, el diferencial de renta importa. Europa es más rica. Pero entre emigrar y aceptar una probabilidad real de morir existe un salto que el PIB no explica por sí solo. Ese salto habla de expectativas, de confianza y, sobre todo, de instituciones.

Solemos pensar que la inmigración sigue al dinero. No es del todo cierto. Sigue, sobre todo, a las instituciones. Quienes cruzan el Estrecho no buscan únicamente un salario más alto. Buscan un Estado de derecho, una administración razonablemente eficaz, seguridad jurídica, oportunidades y un pasaporte que les incorpore a uno de los espacios de libertad y prosperidad más exitosos de la historia contemporánea.

Las personas no emigran únicamente hacia economías más prósperas; emigran hacia instituciones en las que confían. La mayor riqueza de Europa no está en su territorio, sino en sus instituciones. Basta observar hacia dónde decide marcharse la gente. La inmigración es el referéndum más honesto que existe para medir un Estado.

El movimiento se produce, de forma abrumadora, en la misma dirección. Ningún país debería sentirse orgulloso cuando tantos de sus jóvenes concluyen que el Mediterráneo ofrece más esperanza que su propia patria.

A un lado del Estrecho encontramos una democracia imperfecta, cuyos gobiernos pueden perder las elecciones, responder ante los tribunales y soportar el escrutinio permanente de una prensa libre. Al otro, una monarquía en la que el Rey continúa siendo la máxima autoridad política, religiosa y económica del Estado. Sin embargo, cuando miles de ciudadanos marroquíes emprenden el camino hacia Europa, Occidente examina con lupa cada decisión de España mientras rara vez aplica el mismo nivel de exigencia al Estado del que parten.

No se trata de absolver a España, que tiene la obligación de proteger sus fronteras, combatir a las mafias y evitar que decisiones equivocadas incentiven la inmigración ilegal; pero tampoco de absolver a Marruecos, porque la primera responsabilidad de cualquier Estado consiste en construir un país del que sus ciudadanos no quieran marcharse.

Algunos dirigentes occidentales utilizaron inmediatamente la crisis española como ejemplo de una política migratoria fallida. Otros reaccionaron imponiendo controles sobre llegadas procedentes de España, como si el problema no fuera la presión migratoria sobre la frontera sur de Europa, sino el propio Estado que trataba de contenerla. Se denunció con contundencia el supuesto efecto llamada español mientras apenas se examinaba el efecto expulsión marroquí.

Desde la Marcha Verde hasta las pateras, la política marroquí parece haber comprendido que la mayor vulnerabilidad de España no está en su territorio, sino en su conciencia europea. Exigimos responsabilidades con enorme severidad a la democracia que recibe la presión y muchas menos al régimen que la ejerce.

En los últimos años hemos comprobado que la inmigración irregular puede convertirse también en un instrumento de presión geopolítica. Bielorrusia lo hizo frente a Polonia. Turquía frente a la Unión Europea. Marruecos ya demostró, especialmente durante la crisis de Ceuta de 2021, que el control de los flujos migratorios puede formar parte de su capacidad de negociación con Europa. Cuando seres humanos desesperados pasan a formar parte del lenguaje de la diplomacia, la tragedia deja de ser únicamente humanitaria y se convierte también en una cuestión de poder.

Algunos Estados celebran referéndums; otros los sufren. En demasiadas madrugadas, quienes parten hacia Europa emiten el juicio más sincero posible sobre un Estado: decidir dónde merece la pena vivir. No hay urnas, papeletas ni interventores. Hay quienes depositan una papeleta y hay quienes depositan su vida.

Europa continúa interpretando ese resultado como una crisis migratoria. Quizá haya llegado el momento de leerlo también como un juicio sobre los Estados.

Ése es el verdadero referéndum del Estrecho.

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