Cuando Cervantes hablaba de "lawfare"

Antes que Montesquieu enunciara su conocida teoría de la separación de poderes- ejecutivo, legislativo, judicial- ya lo había hecho John Locke, que expuso básicamente lo mismo en el albor de las sociedades civiles y democráticas, señalando que las mismas eran superiores a las monarquías absolutas o regímenes autoritarios imperantes y al llamado "estado de naturaleza" primigenio, propio de las sociedades poco evolucionadas. Sostenía que la toma de decisiones, tanto en las monarquías absolutas como en el estado de naturaleza, era unipersonal, a capricho del monarca absoluto o tirano o de la persona individual que decidiera tomarse la justicia por su mano.

Las sociedades civiles o democráticas, completamente inusuales en aquella época, requirieron para su nacimiento de un pacto entre distintos colectivos de hombres de maneras de pensar muy diferentes, los cuales renunciaron a ejecutar por sí mismos la justicia que pudieran creer que les correspondía y la encomendaron a la comunidad: es el nacimiento de la separación de poderes y, especialmente, de la creación del poder judicial, autónomo respecto a los otros dos poderes.

La cuestión es que en España el poder judicial está siendo, de unos años a esta parte, permanentemente deslegitimado; es el famoso lawfare, término inglés innecesario porque ya Cervantes denominaba a las prácticas espurias y faltas de ecuanimidad de los jueces cuando actuaban lastrados por sus prejuicios como "ley del encaje" y le advertía a Sancho para su buen gobierno de la ínsula Barataria que no incurriera en ella. Claro está que cuando Cervantes vivió Locke ni había nacido y sus admoniciones se dirigían a un gobernante absoluto en su isla –Sancho Panza–, como eran todos los de la época.

Dados estos mimbres, lo que viene ocurriendo en España es que quienes más se esfuerzan por desacreditar a los jueces generando esta ponzoña en la sociedad (incluidos los del Tribunal Supremo cuando dictan sentencias que no agradan a ciertas posiciones ideológicas, con independencia de que sean unánimes) son los mismos que luego dicen que se percibe en la sociedad que hay un ambiente de descrédito de la justicia: efectivamente, el que ellos se empeñan tesoneramente en crear. Quienes actúan de este modo no son solo activistas u opinadores actuando bajo argumentarios programados, sino incluso cargos públicos de la máxima relevancia. Por otro lado, y cuando ya no quedan argumentos, se recurre al socorrido "y tú más", que en boca de representantes de un gobierno que lleva más de ocho años ejerciendo el poder es injustificable.

En este contexto, se dice en primer lugar que se acata la sentencia, pero que no se comparte, algo perfectamente razonable y que nos puede haber pasado a todos. Ese planteamiento no implica deslegitimación alguna hacia el poder judicial. El problema es que, a continuación, bajo el pretexto de que acatar la sentencia no impide criticarla, se entra en una suerte de análisis, raramente técnico o jurídico, de lugares comunes y cuestionamiento de la probidad de los jueces, acusándoles de extremismo ideológico, de actuar con un propósito o agenda previa a interés de parte y, en definitiva, de no cumplir su función con la independencia requerida. Más allá de que este tipo de planteamientos no se basa habitualmente en prueba alguna, sino en meros juicios subjetivos politizados, lo que implican estas actitudes es algo fundamental y de gran gravedad, que expuso Locke hace casi cuatro siglos y que podría resumirse del siguiente modo: si solo se respetan las decisiones judiciales cuando nos son favorables y cada persona o grupo se siente con derecho a combatirlas con denuedo basándose en sus intereses particulares o en que no son propicias a ellos mismos o a su grupo de pertenencia, aunque diga aceptarlas formalmente, estamos retrocediendo en la calidad democrática y siendo abocados al regreso o aparición de gobiernos absolutos o tiranías.

Un conocido comunicador televisivo, persona "progresista", por supuesto, que hizo su fortuna profesional con una derivación directa de la palabra follón (aunque ahora repudia en otros los comportamientos alborotadores o bullangueros) entrevistaba hace no tantos años al presidente del Parlamento danés, Mogens Lykketoft, el cual, aparte de decirle que en Dinamarca no se admitiría ni social ni políticamente la utilización de cargos públicos para colocar o impulsar la carrera de familiares, decía desconocer la realidad política de España que le contaba su entrevistador, pero señalaba que en Dinamarca tenían pocas leyes, aunque las que tenían se cumplían y quien las infringía pagaba inmediatamente las consecuencias. La ética política y el respeto – real y no retórico– a las decisiones de los órganos judiciales, gusten o no, parece un buen antídoto para evitar la crispación y el descreimiento creciente en la democracia como mejor sistema de gobierno. Eso ocurre en Dinamarca y debiera ser posible en España.

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