El agravio del Huerna

El Huerna lleva años convertido en una frontera económica entre Asturias y el resto de España. Se paga por utilizar una infraestructura que, cuando está en obras, obliga además a soportar retenciones, desvíos, estrechamientos y toda la colección de pequeños suplicios que convierten un viaje en una prueba de resistencia. Lo razonable sería pensar que si el servicio empeora, el precio debería hacer lo mismo. Pero aquí sucede al revés: el peaje conserva una salud envidiable mientras la circulación agoniza. Ahora, la Fiscalía quiere averiguar si ese cobro es legal durante el período de obras. Si puede seguir percibiéndose contra la ley durante las obras y el trastorno que soportan los conductores. No deja de resultar una novedad pero bienvenido sea el interés, porque cualquiera podría preguntarse si lo que estamos pagando es precisamente por no poder transitar como es debido.

Menos novedad son las palabras vacías de los políticos ante la reiterada falta de soluciones. Cuando se trata de Óscar Puente, el asunto reviste una peculiar comicidad. El propio ministro de Transportes ha admitido que existe un trato desigual para los asturianos. Reconocerlo, naturalmente, no significa solucionarlo. En la política nacional –cualquiera de ellas, incluida como es obvio la autonómica– se ha desarrollado una técnica muy depurada consistente en admitir solemnemente el problema y dejarlo exactamente donde estaba. Es una variante administrativa del "sí, tiene usted razón", que suele ir seguida de un silencio caro y ofensivo. Lo más molesto para el administrado, además de que los administradores administren mal, es que pretendan también tomarlo por idiota.

El ministro bocazas admite el agravio. La Fiscalía pregunta. Los conductores pagan. Y el Huerna sigue ahí, cobrando por adelantado la vieja promesa de que algún día las cosas serán distintas. En Asturias conocemos perfectamente ese futuro y suele llegar después de que haya pasado la siguiente factura.

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